Presenta rezagos respecto de otros órganos autónomos

Requiere la CDHDF de más atribuciones: ombudsman

En las condiciones actuales, "sólo tapamos hoyos", señala

SUSANA GONZALEZ

La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) cumple una década de existencia y, además de las jornadas conmemorativas que se llevarán a cabo durante el último trimestre de este año, "es buen momento" para redefinir sus atribuciones y solicitar otras, como tener capacidad de iniciativa para presentar u observar leyes ante el Legislativo local.

Se requiere contar con mayores instrumentos jurídicos para que la CDHDF pueda hacer propuestas generales que redefinan "situaciones estructurales" del sistema, porque al abordar sólo casos individuales, por muy emblemáticos que sean, sólo "estamos tapando hoyos"; también es necesaria una autonomía presupuestal que podría darse si se estableciera un porcentaje fijo con respecto a los recursos anuales destinados a la ciudad.

Así lo plantea Emilio Alvarez Icaza, presidente del organismo, en entrevista con La Jornada, al reflexionar sobre la evolución de la CDHDF: "la última" de las comisiones estatales en crearse y, sin embargo, presenta más ventajas respecto de sus homólogas. El ombudsman enlista: "ya somos autónomos por ley; desde enero somos el primer organismo que por ley tiene el servicio profesional de derechos humanos; tenemos una contraloría interna; el Ejecutivo local muestra 'un gran respeto por nuestra autonomía', como no ocurre en algunos estados, y la Asamblea Legislativa creó una especie de segunda instancia para llamar a cuentas a los funcionarios que no cumplen con las recomendaciones".

Alvarez Icaza considera que las recomendaciones de la CDHDF tienen mucho peso y aun cuando enfrentan "muchas resistencias, que son naturales", se ha avanzado en la "construcción de mínimos" para el respeto de los derechos humanos. El organismo ha logrado además mayor incidencia en las acciones de gobierno y en la percepción de sectores políticos y económicos, porque "hoy por hoy el respeto a los derechos humanos es un indicador de gobernabilidad y de la gestión de gobierno. El tema de los derechos humanos es un tema políticamente correcto".

A la par de la reflexión sobre sus funciones, el organismo celebrará su aniversario a partir del primero de octubre con la presentación de un libro sobre las Comisiones de la Verdad. En ese mes, pero también en noviembre, en fechas aún por definir, habrá un concierto con Eugenia León en un auditorio del Pedregal, una conferencia sobre los 10 años del organismo y será inaugurado formalmente el auditorio Digna Ochoa, pero también un salón en la oficina regional en Iztapalapa, donde en coordinación con el Comité Eureka, serán grabados en un muro todos los nombres de los desaparecidos políticos del país, "porque una parte importante de los derechos humanos es reivindicar la memoria, como parte de la reparación del daño", dijo Alvarez Icaza.

En diciembre habrá una celebración interna con el personal de la CDHDF, y en el Zócalo se llevará a cabo la segunda Feria Pro Derechos Humanos, que concluirá con un concierto.

El reconocimiento de la tortura, pendiente

La ley que da vida a la CDHDF fue aprobada en junio de 1993 y el organismo fue inaugurado el 30 de septiembre de ese año, de entonces a la fecha ha atendido 55 mil quejas y ha brindado un cuarto de millón de orientaciones a la ciudadanía. "En números redondos, uno de cada seis casos que nos llega son quejas contra las autoridades, la mayoría contra el ejercicio indebido del servicio público y la autoridad más señalada es la PGJDF, con casi 21 mil expedientes", aun cuando 60 por ciento de todos los casos se resuelven por mediación.

Sin embargo, Alvarez Icaza reconoce que en comparación con las instituciones electorales, surgidos en la misma época y contexto, los organismos de derechos humanos están "muy atrasados" en la autonomía, ciudadanización y profesionalización, los tres pilares bajo los cuales se construyeron.

A lo anterior se suman las persistentes dificultades que enfrenta la CDHDF para que el gobierno capitalino acepte y cumpla las recomendaciones, cuando, explica Alvarez Icaza, "en todas las sociedades se violan los derechos humanos, pero ¿cuál es la diferencia entre un Estado democrático y uno que no lo es? El primero asume las violaciones, las señala y las sanciona, el otro las minimiza, las niega y las ignora".

Ejemplo de lo anterior son los casos de tortura, porque "sienten que les decimos que es un gobierno torturador y nosotros no señalamos gobiernos, sino funcionarios públicos con determinadas prácticas". No sólo no lo aceptan, lamenta el funcionario, tampoco consideran la propuesta de que "el Gobierno del DF juegue un papel protagónico a escala nacional, encabezando la lucha contra la tortura, no por decreto sino mandando poderosas señales a los funcionarios que la practiquen".

Con todo, o pese a todo, el ombudsman considera que en los 10 años de existencia de la CDHDF "el saldo es positivo", atribuible a los cambios impulsados por la sociedad, y que la han consolidado como "una institución que defiende los derechos de la gente. La transición ha sido lenta" y no deja de ser "trágico y patético que existamos para defender a la gente de sus gobernantes", acota Alvarez Icaza.

Pero también reconoce que, en comparación con lo que sucede en otras entidades, "el Ejecutivo local tiene un gran respeto a la autonomía de la CDHDF; yo no he recibido ninguna presión por parte del jefe de Gobierno o sus secretarios para cambiar alguna recomendación", mientras en provincia la autonomía sigue siendo una aspiración porque los gobernadores todavía tienen mucha injerencia en la designación de los consejos.

Alvarez Icaza, segundo presidente de la CDHDF, considera que estar al frente del organismo es un trabajo "muy esperanzador, pero también muy desgarrador, porque llegan casos que duelen", pero su objetivo es dotar al organismo de mayores instrumentos de defensa para la gente, porque "somos defensores del pueblo, no del puesto".