México D.F. Lunes 29 de septiembre de 2003
Un mercado monopólico traería aumento de tarifas, dice
Plantea Ifigenia Martínez dotar de cuerpo jurídico propio a la Comisión
ISRAEL RODRIGUEZ
Para evitar el ''maridaje'' entre el PAN y el PRI, con el objetivo de impulsar una reforma energética que permita la inversión privada en este sector, la maestra emérita de la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) Ifigenia Martínez propuso mantener sin cambios los artículos 27 y 28 constitucionales, así como otorgar cuerpo jurídico propio a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), mediante la expedición de una ley orgánica en la que se incluya la transparencia contable y la suficiencia financiera.
En entrevista, la también integrante del Consejo Político Consultivo del Partido de la Revolución Democrática aseguró que la experiencia internacional en materia de desregulación y privatización del sector eléctrico ha fracasado rotundamente, como lo demuestran los casos de California, Argentina y, de la mayor actualidad, Nueva York. El mercado monopólico privado eléctrico significa inseguridad técnica, incremento de tarifas, elevadas ganancias concentradas en los altos ejecutivos y socialización de las pérdidas, entre otros. Además, en el caso de México habría una pérdida inevitable de soberanía económica, por tratarse de un mercado crecientemente controlado por acuerdos de oligopolios trasnacionales.
Advirtió que los intentos de privatización proponen modificar los artículos 27 y 28 constitucionales, lo cual ''legalizaría'' la penetración de las trasnacionales eléctricas, que ha tenido lugar al amparo de las modificaciones inconstitucionales a las leyes reglamentarias en la materia de la política neoliberal salino-zedillista, que se sigue practicando en la actual administración del presidente Vicente Fox.
Ante lo anterior, Ifigenia Martínez, después de estudiar el tema, consultar y debatir con un numeroso grupo de expertos y especialistas técnicos y académicos, decidió presentar una propuesta integral y alternativa encaminada al desarrollo y fortalecimiento a las empresas públicas del sector intitulada Desarrollo y fortalecimiento del sector estratégico de energía eléctrica.
En la propuesta legislativa -que inclusive será analizada en el seno del PRD- se concluyó que se deben reafirmar los artículos 27 y 28 constitucionales y realizar cambios en la legislación secundaria para crear un marco institucional que permita aplicar la política de Estado en el sector energético, con la correspondiente responsabilidad de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y que dichas empresas puedan seguir siendo palancas y garantes del futuro desarrollo, como lo han sido en el pasado.
Esta propuesta confirma que, en materia de energía eléctrica, se debe mantener como servicio público la generación, conducción, interconexión, transformación, distribución, abasto y comercialización de energía eléctrica en el territorio nacional, que se proporciona en forma general, continua, regular y uniforme, y mediante las acciones coordinadas entre la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Luz y Fuerza del Centro (LFC).
También se propone dar un cuerpo jurídico propio a la CFE, actualmente regulada por la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, mediante la expedición de la ley orgánica de la CFE. En su oportunidad, se propone realizar cambios pertinentes para LFC, que fue creada por decreto y actualmente se rige por un estatuto orgánico.
Así se podría elevar la categoría jurídica que ahora tiene confinadas a las empresas públicas al reglamento de la Ley Federal de Entidades Praestatales, adicionando un capítulo ad hoc en la Ley Federal de las Entidades Paraestatales denominado De las empresas públicas federales, debido a su carácter estratégico y a la gran importancia que tienen en la economía nacional.
Para conseguir estos fines debe otorgársele autonomía de gestión, transparencia contable y suficiencia financiera. Quiere decir que los ingresos que reciba la Comisión Federal de Electricidad por los servicios que presta deben cubrir sus gastos de operación, de adecuado mantenimiento, expansión y modernización. ''La estructura de tarifas y el régimen fiscal deben garantizar el cumplimiento de estos objetivos.''
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