El gobierno no tiene el menor interés en resolver los problemas del instituto, sostiene

Privatizar la medicina social, objeto de las reformas al ISSSTE: García Sainz

RENATO DAVALOS

La iniciativa para reformar el sistema de pensiones de la burocracia nacional que elaboró la secretaría de Hacienda atendiendo las recomendaciones del Banco Mundial y que el presidente Vicente Fox enviará en los próximos días al Congreso, no tiene otro propósito que la "privatización de la medicina social" y revela la la falta de interés del gobierno por atender los problemas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) y sus derechohabientes, dijo Ricardo García Sainz, ex director del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Paralelamente, análisis del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados y de la empresa de consultoría Lavista establecen que la pretensión gubernamental es cristalizar una "reforma espejo" de la que se hizo en el zedillismo con el IMSS, que sustituye la seguridad social por un "contrato entre particulares" en el que el trabajador carga con desventajas y riesgos.

Hace algunas semanas se conocieron los detalles de la propuesta foxista para reformar al ISSSTE, que responde a recomendaciones y condicionamientos que el Banco Mundial externó desde mayo de 2001 en el documento México, una estrategia de desarrollo integral para la nueva era, en el que se sugirió al gobierno foxista "aplicar la reforma de pensiones a los empleados públicos, para el cambio a un sistema que ya está en vigor para los trabajadores del sector privado".

Se cumpliría también con el condicionamiento del Banco Mundial, que recientemente decidió canalizar 5 mil millones de dólares al país en el próximo trienio como "respaldo a las reformas en el ámbito de impuestos y mercados laborales", entre otros.

El gobierno no ha mostrado el mínimo interés por resolver los problemas fundamentales del instituto y menos la seguridad social, estableció García Sainz. La única constante es la desatención del seguro de enfermedades y la inanición a que se ve sujeto este sector con la disminución creciente de recursos. El gobierno porfía en su empeño de privatizar y el valor real de las pensiones se reduce a la mitad, puntualizó.

No hay protección contra los riesgos del mercado, como tampoco lo existe en el sistema de Afores, señaló, por su parte, el análisis de Lavista. En el ISSSSTE, la pensión promedio es de tres salarios mínimos. Con la enmienda propuesta los empleados del gobierno recibirán, al igual que en el IMSS, una pensión mínima garantizada por el Estado, es decir, un solo salario mínimo.

Ahora, añade, en la iniciativa elaborada por el secretario de Hacienda, Francisco Gil, se propone un "bono de reconocimiento" que sólo implicará más endeudamiento para el gobierno. Se trata sólo de un "gancho" para hacer realidad la propuesta. Así, a todos los trabajadores que han cotizado un determinado número de años y que aún no tienen derecho a la pensión, se les reconocerían sus cotizaciones mediante una indemnización o bono del gobierno.

En la actual ley que rige al ISSSTE el trabajador sabe que si cumple la edad y los años de cotización tendrá derecho a una pensión prácticamente igual a su último salario. En el artículo 57 se prevé que los jubilados recibirán año con año un incremento igual a la inflación y/o el equivalente al aumento que reporten los activos del instituto. En promedio, la edad de jubilación es a los 55 años o con 28 años de servicio, mientras que en el IMSS la edad requerida es de 65 años cumplidos.

En el análisis de Lavista se indica que a partir de la incapacidad para ofrecer servicios eficientes, las contribuciones no tocan el tema del seguro de enfermedades y no hay ninguna previsión presupuestal en la reforma planteada. Bajo la iniciativa del gobierno foxista no se prevé el costo de atención médica para los jubilados. El bono no representa una mejoría en las pensiones.

Se precisa que bajo las nuevas directrices no se defiende el principio de solidaridad. Los sistemas de cuentas individualizadas -como el del IMSS, que se pretende ahora desarrollar en el ISSSTE- dejan al trabajador vulnerable ante el mercado, los fraudes y los avatares de los rendimientos financieros.

En un recuento de cifras en este ámbito, la consultora Lavista plantea que tan sólo el déficit para medicinas en 2002 fue de 500 millones de pesos el año pasado, antes de los recortes presupuestales. De 1980 a la fecha, la población derechohabiente del ISSSTE se duplicó, mientras las camas censables apenas crecieron 26.6 por ciento.

De una cobertura óptima, que los organismos como la Organización Mundial de la Salud fijan en una cama por cada mil derechohabientes, ahora se cuenta con un porcentaje de 0.65. Para regresar a los niveles de 1980 se tendrían que incorporar 3 mil 469 nuevas camas. El costo por cada una de ellas es de 1.5 millones de pesos. El monto requerido es de al menos 5 mil 300 millones de pesos.

El estudio de Lavista refiere que, conforme a cifras oficiales, aproximadamente 33 por ciento del rendimiento real de las Afores es sustraído por el concepto de comisión. Se estima que tres de cada cinco cuentas no alcanzarán en 30 años por lo menos un salario mínimo de pensión.

En las condiciones semejantes que adoptaría el sistema en el ISSSTE bajo el nuevo esquema no habría posibilidad de que los trabajadores tuvieran una representación grupal. Según el patrón adoptado en el IMSS, las cuotas cobrables no estarían ligadas a la capacidad de obtener más rendimientos a un menor riesgo.