Persiste campaña contrainsurgente de baja intensidad

Creciente rechazo a la militarización en Chiapas

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 28 de septiembre. Contra lo que pudiera pensarse, la continua ocupación militar en vastas regiones de Chiapas no ha llevado a una militarización "benigna" de la vida cotidiana de indígenas y campesinos, sino, por el contrario, a un creciente rechazo de la población a la presencia de campamentos y bases militares, particularmente en la llamada zona de conflicto (es decir, todas las regiones habitadas por indígenas).

A raíz de la creación de las Juntas de Buen Gobierno (JBG) en los municipios autónomos zapatistas, los movimientos de tropa y en general la actividad del Ejército federal se han incrementado. En torno a las ciudades de San Cristóbal de las Casas, Ocosingo y Palenque, los patrullajes y el paso de convoyes son los más asiduos y evidentes desde el cambio de gobierno en 2000.

Un espejismo mediático, alimentado de ambigüedades y datos falsos, crea la impresión de que "el Ejército ya se fue". Las fuerzas armadas, por su parte, disminuyendo su perfil, han parecido ausentes, si bien el despliegue de tropas no varía desde tiempos del zedillismo. El gobierno de Vicente Fox reubicó algunas posiciones, pero no ha hecho salir un sólo soldado. El estado de sitio en torno a las comunidades y municipios zapatistas se mantiene intacto.

Ahora, tras las JBG, han proliferado incidentes y conflictos en torno a diversas comunidades rebeldes, que parecen "intercomunitarios" o "de ideología", pero que significan la continuación puntual de la guerra contrainsurgente de baja intensidad que instauró el gobierno priísta luego de la ofensiva de 1995.

Diversos conflictos

Los impactos de la presencia militar son inocultables. En las semanas recientes, los corresponsales de La Jornada en Chiapas han registrado diversos conflictos entre la población y miembros del Ejército federal. Se han generado manifestaciones de rechazo en Frontera Comalapa, Cintalapa, Chenalhó, Trinitaria, Palenque, San Cristóbal de las Casas y otras regiones. Resulta notable que en ninguno de estos casos se trata de comunidades rebeldes; incluso muchas son priístas.

Por ejemplo, el 17 de julio unas 500 personas protestaron en la cabecera municipal de Cintalapa por la muerte de José Liévano, de 14 años de edad, atropellado frente a su casa por los militares José Arturo Nazario Hernández y Juan Carlos Pérez Solar, adscritos a la base de Chiapas Nuevo, en Jiquipilas. Los cintalapeños expresaron inconformidad porque se ha incrementado el número de militares que acuden en busca de cantinas y prostíbulos, "lo que afecta la vida comunitaria". Señalaron que los fines de semana es común verlos vestidos de civil, ebrios, transitando en vehículos a alta velocidad, lo que ha ocasionado múltiples incidentes.

En las mismas fechas, la procuraduría local aprehendió al sargento del Ejército Andrés Vidales Segobia, junto con Juan José, Ramiro y Genaro Guzmán Martínez, acusados de dar muerte a Avelino Encino Guzmán, funcionario del ayuntamiento de Tenejapa. Otro implicado, el ex militar Baltasar Escobar Cáceres, huyó.

El arsenal hallado a estas personas incluía mil 900 cartuchos calibre 7.62 (usados en rifles AK-47, cuernos de chivo), así como cientos de balas, cuatro granadas de mortero de 60 milímetros, cinco cuerpos para granada de mortero, ocho antenajes para granada, cuatro granadas de fusil antipersona, cinco granadas de mano, varios casquillos percutidos y dos pistolas. Las autoridades judiciales los acusaron de tráfico ilegal de armas, pero en los hechos operaban como escuadrón homicida en una zona de los Altos donde actúan grupos paramilitares, según las últimas denuncias de los municipios autónomos de Polhó, Santa Catarina y San Juan Apóstol Cancuc.

Más reciente y conocido (y más manipulado por dirigentes priístas de la entidad) fue el caso de 35 militares retenidos por la población entre Santa Martha y Saclum (Chenalhó) a principios de mes. Los indígenas argumentaban que el camino se ha deteriorado por el paso de unidades de las fuerzas armadas.

Un conflicto irresuelto entre pobladores y tropas federales es el de La Albarrada, ejido de San Cristóbal de las Casas, que lleva 12 años sufriendo la vecindad de la base de Rancho Nuevo, sede de la 31 Zona Militar. El 16 de septiembre, el comisario ejidal Pablo Pérez Jiménez declaró: "Nuestra posición es muy grave porque los militares realizan prácticas de tiro con armamento pesado a pocos metros de nuestras casas".

Los indígenas exigen que se reubique el campo de tiro y se retiren las alambradas de púas que bloquean los caminos a otras comunidades. Recuerdan que hace exactamente tres años murió Angel Cruz Díaz, de ocho años, y otros dos niños resultaron heridos al estallarles un granada "perdida" en La Albarrada. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas confirmó que prevalece la impunidad, no se han reparado los daños de las víctimas y las prácticas de tiro prosiguen.