Medidas precautorias

Amplía la CDHDF tutela de derechos de grupos en riesgo

SUSANA GONZALEZ G.

Durante la gestión de Emilio Alvarez Icaza al frente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se ha multiplicado la demanda de "medidas cautelares o precautorias" giradas contra autoridades capitalinas, especialmente a la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) y la Dirección General de Prevención y Readaptación Social, responsable de las ocho cárceles de la capital.

De octubre del año pasado a la fecha, el organismo envió 2 mil 600 medidas cautelares para proteger las garantías individuales de los detenidos como presuntos delincuentes o de aquellos que se encuentran presos, independientemente del proceso que se les sigue y la culpabilidad que se les encuentre en el proceso penal.

Alvarez Icaza refirió que durante la administración de su antecesor, Luis de la Barreda Solórzano, eran "contados" los casos en que la CDHDF emitía medidas cautelares o precautorias, pero ahora se han incrementado a tal grado que sólo el año pasado se emitieron 2 mil 162, es decir, entre cinco y seis por día.

Explicó que dichas medidas representan uno más de los recursos con los que cuenta la CDHDF para "tutelar los derechos de la gente", y son emitidas "sin prejuzgar la inocencia o culpabilidad de una persona", por lo que generalmente se trata de casos de ciudadanos retenidos en agencias de las agencias del Ministerio Público y en los reclusorios donde sus derechos humanos pueden ser afectados.

Dijo que no dejan de ser medidas necesarias y la comisión actúa en muchas ocasiones sin que haya una queja de por medio de la parte afectada, porque puede hacerlo a partir de la información que es difundida en los medios de comunicación -ya que se lo permite la ley- los asuntos que son iniciados de oficio deben ser ratificados por las presuntas víctimas.

Como ejemplo mencionó los casos de niños de la calle y presos, los cuales por tratarse de grupos vulnerables, cuyos derechos humanos son violados por la autoridad, optan por no ratificar las quejas porque "nos dicen: 'ustedes se van y nosotros nos quedamos con ellos', así que prefieren declarar que no pasa nada".

Cabe recordar, por ejemplo, que en mayo de este año la CDHDF emitió la segunda recomendación del año por el caso de tortura contra Martín Bañuelos González por parte de custodios del Reclusorio Norte, sobre quien hasta en tres ocasiones el organismo ya había solicitado a las autoridades del penal adoptar medidas cautelares para garantizar su integridad física y moral, sin resultado alguno. Además, la CDHDF reportó en ese entonces que no pudo continuar 23 quejas por tortura, la mayoría presentadas por presos, por temor a represalias.

Y es que una queja presentada ante la CDHDF se termina cuando hay desistimiento del peticionario para ratificarla, aun cuando la comisión haya intervenido de inmediato en una situación de crisis con la solicitud de medidas precautorias.

Alvarez Icaza recordó además que hace unos meses la CDHDF también actuó contra el Código Violeta que la Secretaría de Seguridad Pública puso en marcha contra las sexoservidoras que laboran en la calle, pero ante la reacción del organismo se logró que se suspendiera.