Escaso avance en indagaciones sobre desaparecidos

Pedirán ONG mexicanas a la CIDH fiscalizar al gobierno de Vicente Fox

ANGELES CRUZ

Durante las audiencias de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que se realizarán el próximo 20 de octubre, las organizaciones no gubernamentales (ONG) de México pedirán a ese organismo que ante los nulos avances en las investigaciones sobre las desapariciones forzadas de personas, realice una labor de seguimiento y fiscalización de la actitud del gobierno de Vicente Fox Quesada.

En relación con la situación de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, las ONG buscarán que la CIDH solicite a las autoridades mexicanas el diseño y aplicación de un programa con metas específicas para el cumplimiento de las 40 acciones señaladas en la subcomisión de coordinación y enlace para prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres en aquella localidad.

También plantearán la necesidad de establecer las facultades específicas y competencia que tendrá la comisionada especial, cuyo nombramiento aún no se ha dado a conocer.

En conferencia de prensa, representantes del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) informaron de los asuntos que se presentarán en las audiencias durante el 118 periodo ordinario de sesiones de la CIDH en Washington, Estados Unidos.

Por primera vez habrá una sesión especial para abordar las violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado. Jorge Fernández, del Centro Pro, señaló que existen diversas circunstancias que han obstaculizado el esclarecimiento de esos delitos de lesa humanidad.

Entre otros, mencionó la falta de suficiente personal capacitado para llevar a cabo las investigaciones y la estrechez presupuestal con la que opera la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado.

Resaltó que en el ámbito normativo todavía está pendiente la competencia de los juzgados civiles para investigar a los integrantes del Ejército. No es posible, apuntó, que la Procuraduría General de Justicia Militar tenga la responsabilidad de esos casos cuando existe la fiscalía a cargo de Ignacio Carrillo Prieto, además de que varios de los involucrados en los hechos de la llamada guerra sucia son militares.

Para las ONG resulta de particular relevancia la posibilidad de enjuiciar a los responsables de desapariciones forzadas con la correspondiente reparación a las víctimas.

Acerca de los homicidios de mujeres en Ciudad Juárez, las ONG presentarán el informe de Amnistía Internacional con el fin de impulsar al gobierno federal a diseñar los mecanismos necesarios para el cumplimiento de las recomendaciones del informe de la CIDH y de otros organismos internacionales.

Adriana Carmona, abogada de la CMDPDH, aseguró que hasta ahora "existe poca garantía" de que las 40 medidas anunciadas por las autoridades puedan concretarse, porque no existe un programa de acción específico y tampoco mecanismos de coordinación con el gobierno estatal.

En relación con el comisionado que se supone supervisará las actuaciones judiciales, aún se desconoce el nombre del funcionario (se sabe que será una mujer), Así como las facultades de interlocución y coordinación que tendrá con las autoridades de Chihuahua. Tampoco se ha dado a conocer de que recursos dispondrá para el desempeño de sus funciones.

Carlos Gutiérrez, presidente de Cejil, comentó que también se llevará a la CIDH el caso Digna Ochoa para presentar la inconformidad de la familia y algunas organizaciones ante la conclusión de la fiscal encargada de la investigación de que la defensora de derechos humanos se suicidó.

Indicó que detallarán la existencia de fallas y deficiencias en la indagatoria, sobre todo en relación con la imparcialidad que debería tener de acuerdo con los estándares internacionales. A decir de las ONG, esto compromete la responsabilidad estatal y justifica la continuación del trámite ante la CIDH.

Por otro lado, el mismo 20 de octubre tendrán lugar reuniones de trabajo sobre varios casos, entre ellos la desaparición del teniente Miguel Orlando Muñoz Guzmán, en mayo de 1993 en las instalaciones del 26 batallón del Ejército en Ciudad Juárez; el homicidio y tortura de Enrique Reyes Penagos en el ejido Nueva Palestina, municipio de Angel Albino Corzo, Chiapas. También se abordará lo relativo al seguimiento del caso Ejido Morelia, donde en 1994 integrantes del Ejército ejecutaron arbitrariamente a indígenas.