La juez octava pide investigar al mandatario local por desacato de sentencia

Prefiero la destitución que pagar a rufianes, afirma López Obrador

La SCJN rechaza crear una comisión para indagar las irregularidades del proceso por el cual se exige al gobierno de la ciudad indemnizar a un particular con mil 810 millones de pesos

ANGEL BOLAÑOS, GUSTAVO CASTILLO Y ALFREDO MENDEZ

El jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que está dispuesto a enfrentar un juicio para ser destituido del cargo antes que pagar a "una pandilla de rufianes coludidos con autoridades judiciales", tras conocer ayer que la juez octava de distrito en materia administrativa, María Gabriela Rolón Montaño, instruyó al Ministerio Público Federal para que investigue el presunto desacato en que incurrió, respecto de la sentencia judicial del 3 de octubre pasado, que le ordena indemnizar con mil 810 millones de pesos a Enrique Arciprestre, quien se dice afectado por la expropiación del predio Paraje San Juan, en Iztapalapa.

Pero sobre todo, debido a la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que desechó por "notoriamente improcedente" la petición que hizo de integrar una comisión del Poder Judicial de la Federación que investigara a la juez Rolón, por haber ordenado el pago de una expropiación con base en documentos alterados.

"Tenemos la razón y no vamos a ser cómplices de un acto de corrupción, por eso estamos pidiendo a la Suprema Corte de Justicia, y lo subrayo: de Justicia, que integre una comisión para que investigue este asunto", declaró anoche el jefe de Gobierno, y anunció que el martes próximo presentará ante el pleno de la SCJN un recurso de reclamación para insistir que se integre una comisión que investigue las irregularidades de dicho proceso.

Fuentes del GDF informaron que la solicitud del mandatario capitalino fue desechada por el presidente de la SCJN, Mariano Azuela Güitrón, con base en dos consideraciones. La primera, que López Obrador es jefe de Gobierno y no gobernador, y por ello no cumple los requisitos establecidos en el artículo 97 de la Constitución, debido a que ese derecho sólo lo tienen el titular del Poder Ejecutivo federal, las cámaras que integran el Congreso de la Unión y los gobernadores.

Según las fuentes consultadas, el segundo argumento para desechar la petición del jefe de Gobierno capitalino es que su solicitud la hizo mediante una carta y no bajo la figura de un recurso legal.

Sin embargo, esta decisión no impedirá que el GDF recurra a otras instancias del Poder Judicial Federal, en busca de que se modifiquen los términos de la sentencia emitida por la juez Rolón, indicaron.

Luego de inaugurar viviendas en la colonia Juárez, el mandatario local se refirió anoche al argumento de la Corte: "si no tengo legitimidad después de un proceso electoral donde la gente me eligió de manera libre, ¿cómo voy a gobernar la ciudad?" No descartó la posibilidad de que se trate de "una lanzada" en su contra, para crear "una cortina de humo", ahora que se habla de gravar con el IVA alimentos y medicinas, y de una reforma energética para privatizar el sector, "a lo que yo me estoy oponiendo. A lo mejor lo que quieren es ponerme contra la pared, pero ya llevo mucho tiempo en esto, tengo convicciones, tengo principios, y no me van a hacer flaquear", sentenció.

Tenemos ya tomada una decisión, o mejor dicho, para hablar en primera persona, tengo tomada una decisión: no puedo ser cómplice de la corrupción, reiteró.

-¿Aunque esté de por medio su cargo?

-No le hace. No puedo ser cómplice de la corrupción, uno de los problemas que más ha dañado al país. No es nada más un asunto político, es un asunto personal; yo no voy a traicionar mis principios ante esta situación.

Informó que cuenta con otro recurso: demostrar a la SCJN la imposibilidad de cumplir el ordenamiento de la juez, porque no sólo se trata de un asunto económico; hay irregularidades como falsificación de firmas y alteración de documentos, y pidió que después de revisar las pruebas la Corte demuestre que existen 286 "hectáreas cuadradas", medida inexistente en el sistema métrico, que representaría más de 90 por ciento de la superficie urbana del DF y la zona conurbada y no los 280 metros cuadrados del documento original.

Como se recordará, el pasado 6 de octubre López Obrador afirmó que no estaba dispuesto a pagar la indemnización, por lo que la juzgadora remitió dos días después el expediente del juicio de amparo 508/98, que promovió Enrique Arcipestre, con la respectiva sentencia, a la SCJN, para que siga juicio de inejecución de sentencia contra el mandatario capitalino.

Sin embargo, el departamento jurídico del gobierno local presentó ayer un recurso de inconformidad ante un tribunal colegiado en materia administrativa, para que en segunda instancia determine si la decisión de la juez Rolón Montaño estuvo apegada a derecho.