Cuba se ha convertido en el nuevo objetivo de la política imperial del gobierno de George W. Bush: el mandatario estadunidense anunció ayer una serie de medidas orientadas a cerrar aún más el ilegal bloqueo que pesa desde hace ya cuatro décadas sobre la isla, a introducir elementos de desestabilización contra el régimen de Castro -sobre todo la ampliación del cupo de permisos de residencia para cubanos en Estados Unidos, lo que presumiblemente podría catalizar los éxodos hacia el país del norte- y a configurar un oscuro proyecto de transición "post Fidel" que estaría encabezado por el propio secretario de Estado, Colin Powell.

Es bien conocido que la obsesión contra Cuba no es nueva en Washington, pero el actual frenesí de Bush tiene nuevas implicaciones, tanto internas como externas, que dan a la presente amenaza un matiz específico.

En primer término, es claro que el impulso que Washington pretende dar al bloqueo contra Cuba está motivado mucho más por intereses vinculados a la contienda presidencial de 2004 que a factores de geopolítica internacional. La Habana no es una amenaza real para Estados Unidos -salvo en los delirios de Bush y su camarilla-, pero la figura de Castro sirve a los actuales ocupantes de la Casa Blanca como un blanco útil para paliar su desmejorada imagen política. Como pudo constatarse en 2000, el peso de Florida -y de los grupos cubanos anticastristas que allí residen- resulta crucial para conquistar la Casa Blanca y, en la balanza política de Bush, el hostigamiento contra Cuba y Castro podría significar dividendos electorales.

Por otro lado, a raíz del patente fracaso de la estrategia de Washington ante Irak y de la consecuente erosión de la imagen del presidente estadunidense, Cuba representa una víctima propiciatoria para remendar a Bush de cara a sus conciudadanos. Por ello resulta lógico que Washington enfoque sus baterías contra Castro y pretenda convertirlo en el nuevo factor "maligno" de su lógica maniquea, imponiéndole el papel que en su momento tuvieron Osama Bin Laden, los talibanes y Saddam Hussein.

Pero más allá de las conveniencias domésticas estadunidenses en la presente embestida contra Cuba, es previsible que Bush pretenda recabar apoyos de la comunidad internacional para avalar sus ominosas intenciones, tal como lo intentó en el marco del Consejo de Seguridad para uncir a la ONU a su aventura imperialista en Irak. Por ello México debe mantenerse especialmente activo y alerta y anteponer sus principios históricos en materia de relaciones internacionales a fin de resistir y equilibrar, en lo posible, la eventual presión estadunidense.

En este sentido, resultan relevantes las posiciones ayer expresadas en el Senado de la República en aras de clarificar la posición mexicana sobre este asunto. Como señalaron senadores del PRI y del PRD, México no puede permanecer impasible ante el recrudecimiento de las presiones estadunidenses contra Cuba, pues en ello están en juego no sólo el destino de los cubanos sino la propia soberanía nacional y la vigencia de los valores pacifistas y de respeto al derecho internacional que han caracterizado y dignificado a México a lo largo de su historia. En cambio es lamentable que fuentes de la cancillería consultadas por este diario anuncien que el gobierno de México se abstendrá de expresar su postura en torno a esta nueva escalada estadunidense, con el argumento insostenible de que se trata de un asunto entre dos países.

Por el contrario: el apoyo y la solidaridad de México hacia Cuba constituyen componentes cruciales de nuestra identidad latinoamericanista y una obligación en la defensa de los postulados de no intervención y libre determinación de los pueblos que son parte consustancial de la política nacional y de su rostro hacia el exterior. México no debe transigir en este aspecto y el gobierno de Vicente Fox debe honrar la tradición diplomática mexicana, mostrar una actitud vigorosa y firme en defensa de la soberanía cubana y denunciar, en la tónica de los principios rectores del derecho internacional, las pretensiones injerencistas del actual gobierno estadunidense.