Reporte de Ealy Ortiz en la asamblea anual de la Sociedad Interamericana de Prensa

El periodismo en México, bajo presión

Los ataques, ahora de MP y jueces, señala; documenta agresión a reportero de La Jornada

Aun cuando las agresiones físicas contra periodistas en México han disminuido, el marco jurídico nacional "somete a indebidas presiones el desempeño de las libertades" de prensa, mientras los atentados contra casas editoriales y reporteros en lo individual ahora provienen del Ministerio Público (MP) y los jueces, "para pretender violentar el derecho a la confidencialidad de las fuentes de información".

Así lo señaló el vicepresidente para México de la Comisión de la Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Juan Francisco Ealy Ortiz.

En su reporte ante la asamblea anual de la SIP, en Chicago, el también director de El Universal presentó un recuento de las agresiones contra periodistas mexicanos desde marzo pasado, e inició con el nuevo acoso contra Gustavo Castillo García, reportero de La Jornada, por integrantes de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI), ocurrido el 4 de septiembre, cuando se presentaron en las instalaciones del diario en que labora para pedirle que "de manera económica" les revelara sus fuentes sobre un decomiso de droga y la detención de presuntos narcotraficantes.

Recordó que el asedio judicial comenzó en noviembre de 2002, cuando el fiscal que investigaba el desvío de recursos de Petróleos Mexicanos a la campaña presidencial de Francisco Labastida, vía el sindicato de la empresa, citó a seis reporteros de esta casa editorial para que, a su vez, le informaran de dónde obtuvieron la información sobre el denominado Pemexgate.

Luego de que los agentes de la AFI se presentaron en las instalaciones del diario, relató Ealy Ortiz, la Procuraduría General de la República informó que los policías y el agente del MP implicados en este acoso fueron suspendidos y anunció que emitiría un "reglamento" para determinar en qué casos se puede citar a un periodista, además de que "sólo de manera excepcional" se les pedirá revelar sus fuentes.

También reportó el caso del periodista Francisco Barradas Benítez, quien fue detenido y sometido a un proceso judicial por cargos de calumnia hechos por el síndico municipal Rafael Medina Briones, a quien el director de la revista sobre migrantes Bi señaló como presunto responsable del robo de agua de un aljibe. Barradas está libre bajo fianza.

El vicepresidente de la SIP se refirió además a los casos del director del periódico Cuarto Poder, de Chiapas, Conrado de la Cruz, cuyo hijo fue encarcelado por supuestas irregularidades en un bar de su propiedad, pero cuya detención fue "motivada realmente" por un ataque del gobierno estatal; del reportero del periódico Noticias, de Oaxaca, Tomás Martínez Juárez, cuyo automóvil fue incendiado, acto que él atribuye a una investigación periodística sobre judiciales estatales involucrados en el robo de vehículos, y de los reporteros Agustín Pérez y Saíd Betanzos, del diario Frontera, de Baja California, citados por funcionarios de la PGR para que revelaran sus fuentes en un reportaje sobre tráfico de drogas a Estados Unidos.

El informe incluye también el caso de la desaparición del reportero de la cadena radiofónica de Veracruz Ms Radio, Jesús Mejía Lechuga, así como la agresión contra periodistas a cargo de un guardaespaldas de la cantante Lucero.

"Casos similares se multiplican por parte de gente del espectáculo, políticos y empresarios, cuyos guardaespaldas intimidan o agreden a periodistas que buscan entrevistar a esos personajes", dijo Ealy.