Agotada ya su capacidad política para enfrentar la marejada de descontento social y económico que sacude a Bolivia, el gobierno del todavía presidente Gonzalo Sánchez de Lozada ha echado mano de la represión simple para tratar de contener a quienes en las ciudades, las minas y los campos piden su remoción. Ayer, en la localidad de El Alto, contigua a La Paz y sede del aeropuerto capitalino, soldados apoyados por unidades blindadas dispararon armas de guerra contra manifestantes civiles, con un saldo de 26 muertos y 90 heridos, según reportes independientes.

Con ese acto de barbarie represiva, se elevan a 37 las bajas fatales y a cerca de 150 los lesionados en el contexto del más reciente movimiento de protesta por la ineptitud y la corrupción gubernamentales, así como por la pretensión oficial de permitir que una empresa trasnacional extraiga el gas natural del subsuelo del altiplano boliviano, lo envíe entubado hasta un puerto chileno, y lo haga llegar a Ensenada, Baja California, con la finalidad de generar energía para el mercado de California.

La represión criminal ordenada por Sánchez de Lozada contra campesinos inermes es, pues, la expresión última de un régimen descompuesto y desesperado por las consecuencias de su propia incapacidad para concertar los intereses nacionales y de su política de entrega de los recursos naturales a los intereses de consorcios extranjeros. Habiendo perdido la legitimidad y la autoridad política que le quedaba, el actual presidente boliviano echa mano de la fuerza bruta y acusa de sediciosos y golpistas a sus detractores, por más que haya sido el propio Ejecutivo el que se encargó de sembrar, con sus acciones impopulares y entreguistas, el descontento.

Pero no debe perderse de vista que las masacres de manifestantes, como la perpetrada ayer en El Alto, son también las formas de última instancia que adoptan los intereses de la globalización económica en curso para quitar del camino a los sectores sociales que se oponen a su expansión y profundización. Los impulsores mexicanos de la privatización eléctrica y energética en general, que no se cansan de invocar la integración del país a los mercados mundiales, debieran reflexionar con atención sobre los más recientes acontecimientos bolivianos y ver en ellos una prefiguración de lo que podría ocurrir en México si persisten en su empeño.