El magistrado Heriberto Arriaga denuncia anomalías

Acusan a instancia de la Corte de posible obstrucción de la justicia

JESUS ARANDA

La Subsecretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha incurrido en arbitrariedades y en el posible delito de obstrucción de la justicia en el trámite y manejo de las demandas presentadas por Heriberto Arriaga Garza, magistrado numerario en receso del Tribunal Agrario, quien denunció que el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) ha creado "cotos de poder" en favor de magistrados e instaurado "ilegalmente" la figura de visitadores judiciales A; asimismo, incurrió en irregularidades en el concurso abierto de selección para elegir visitadores judiciales B.

Así lo señaló el propio Arriaga Garza. En un escrito dirigido al presidente de la Corte, ministro Mariano Azuela Güitrón, el magistrado cuestiona la actuación de dicha subsecretaría, que resolvió integrar en un solo expediente el recurso de revisión que interpuso contra los resultados del concurso de selección de visitadores judiciales B, con la demanda de "acción popular" presentada posteriormente, la cual se refiere en concreto a que el CJF, mediante acuerdos generales, violó la Constitución al permitir a los visitadores judiciales A -son tres magistrados de circuito- que revisen los proyectos de sentencia de jueces y magistrados, lo cual atenta contra la independencia y autonomía de los juzgadores.

Por si fuera poco, indica en el escrito que entregó el 3 de octubre pasado en las oficinas de Azuela, de manera unilateral esa subsecretaría clasificó su asunto como de "información reservada", pese a que él nunca solicitó que sus demandas recibieran ese tratamiento.

También señala que el primer asunto -la revisión administrativa contra los resultados del concurso- fue resuelto el pasado 5 de septiembre por la segunda sala de la Corte, negándole la razón; sin embargo, la ponencia del ministro José Vicente Aguinaco Alemán no ha sido capaz de entregarle el engrose de su asunto.

En lugar de ello, el ministro decano, Juventino V. Castro y Castro, emitió un acuerdo el 25 de septiembre pasado -después de que la sala había resuelto el recurso de revisión-, en el que informa que la demanda de "acción popular" en la que el demandante solicita la intervención de la Corte para impedir que sea vulnerada la independencia de jueces y magistrados por decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, se agregue a la primera demanda (V-1223/2003), y se informa a Arriaga Garza que "una vez que se resuelva el recurso de reclamación se proveerá acerca de la petición que formula".

Arriaga Garza señala que ante la "obvia demora en el engrose (de la sentencia del 5 de septiembre), queda demostrado que con su actuación esa subsecretaría cometió "un frío cálculo denegatorio de justicia", al mandar a un compás de espera injustificado la revisión administrativa en la que se pide la intervención de la Corte.

Ante la "discrecionalidad burocrática" cometida por los funcionarios de la Corte, el quejoso solicitó que se desglose la revisión administrativa del recurso de reclamación; que se dé entrada de inmediato al recurso de revisión popular; que su asunto deje de ser "información reservada" y se inicie un recurso disciplinario contra quien resulte responsable.

Tal parece, comentó en entrevista el magistrado numerario, que los ministros sólo buscan darle vuelta el asunto, violando así lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que responsabiliza al pleno de ministros de "velar en todo momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y la independencia de sus miembros".