Eduardo R. Huchim

El cajón de los insultos

Tengo en mi escritorio del Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) un cajón que se ha ido poblando con los años. Es el cajón de los insultos. Ahí hay textos o declaraciones de dirigentes partidarios como Enrique Ibarra Pedroza (PRI), Agustín Guerrero Castillo (PRD), José Luis Luege Tamargo y Arne Sidney aus den Ruthen Haag (PAN). Ahí pondré, al concluir este artículo, el texto del doctor Lorenzo Córdova Vianello (La Jornada, 12 de octubre de 2003, p. 14), asesor de José Woldenberg Karakowsky, consejero presidente del Instituto Federal Electoral (IFE).

El doctor Córdova pretende refutar mis comentarios publicados el viernes pasado, a propósito de la resolución del IFE sobre el caso Amigos de Fox. Debo decir, antes que otra cosa, que ni entonces ni ahora puse o pondré en duda la honorabilidad de ninguno de los consejeros, cuyo aporte al avance de nuestra democracia en construcción ha sido notable, en particular el de Woldenberg, quien tuvo la sabiduría de conducir la nave del IFE sin perder el rumbo, incluso cuando los vientos de tormenta soplaban no sólo hacia esa nave, sino también en su interior.

No obstante, sería un despropósito suponer que todo lo que hizo el IFE merece aplauso. El instituto ha cometido errores que, con todo, no ensombrecen su gran contribución al avance democrático en este país. Creo que la investigación y el monto de la sanción por el caso Amigos de Fox constituyen uno de esos errores.

Ratifico que, al cerrar el caso en junio de 2001, el IFE cometió un pecado original atribuible al Consejo General, sí, pero sobre todo a la Comisión de Fiscalización. Esta opinión no es gratuita. No le pido al lector que me crea sólo porque yo lo digo. Transcribo un pasaje de la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), al revocar justamente esa resolución del IFE (SUP-RAP-050/2001):

"De todo lo anterior, es posible concluir que, como señala el apelante, la etapa de investigación a cargo de la autoridad electoral no se llevó a cabo de manera completa, con exhaustividad, pues ni siquiera se efectuaron los actos que se consideran primarios, cuyos resultados podrían servir de punto de partida para avanzar en la investigación, consistentes en corroborar o verificar los indicios que sirvieron como principio de prueba, y la localización de todas las personas involucradas en los hechos de la denuncia".

Afirma el doctor Córdova, a propósito de mi artículo "Financiamiento paralelo" (La Jornada, viernes 10 de octubre, p. 17), que "si algo confirma el dictamen es, precisamente, la existencia de ese financiamiento paralelo". Nadie lo discute. Lo discutible es que a ese financiamiento no previsto en la ley no se le consideró como falta grave y punible por sí misma, sino sólo como circunstancia agravante.

Dice también que me quejo "amargamente" de que "las autoridades financieras no le entreguen la información que requiere para sus investigaciones". El verbo es correcto -me quejo-, el adverbio no, porque no lo hago amargamente, sino jurídicamente. Es decir, en vez de aceptar y considerar "atendible" la respuesta de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como hizo el IFE (y esto se puede leer en la página 211 de la sentencia mencionada), lo que hice, por acuerdo de la Comisión de Fiscalización del IEDF, fue promover (por conducto del secretario ejecutivo) un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, por una negativa de esa comisión a entregar información, so pretexto del secreto bancario.

Aceptar pasivamente los obstáculos a la investigación, quedarse con los brazos cruzados, es lo que abona la calificación de actuar por filias y fobias partidarias. En este sentido, es oportuno decir que no comparto las descalificaciones contra el consejero Alonso Lujambio Irazábal, como sugiere el doctor Córdova. Mal podría sumarme a esas descalificaciones, cuando yo mismo las he recibido y conozco la capacidad de ofensa y calumnia de algunos dirigentes -no todos, por fortuna- de partidos políticos. A este respecto, debo añadir que nunca he cruzado palabra con Miguel Angel Yunes, pero si sus opiniones sobre este asunto son coincidentes con las mías, creo que tiene razón.

A propósito de calumnias. Si el doctor Córdova posee algunos de los atributos que sí tiene su jefe, espero sus disculpas por el párrafo final de su texto, cuando afirma -evidentemente refiriéndose a mí, aunque acudiendo a un subterfugio- que "algunos, tal vez demasiado preocupados por ganarse los favores de ése o aquel partido, de cara a la inminente renovación del Consejo General, pretendan poner en duda las actuaciones del IFE".

Sobre esto debo decir que también erró el tiro. No he buscado los favores, pero ni siquiera a algún diputado o dirigente de ningún partido para manifestarle mi interés por ser nombrado consejero del IFE. Estoy consciente de que el cabildeo es un factor importante para ese fin, sé que algunos compañeros míos del Consejo General del IEDF lo están haciendo, y creo que es legítimo. Pero en mi caso, por decisión personal, no lo he hecho ni lo haré. Creo además que, sobre todo en materia de fiscalización, condicionar un consejero su conducta a los intereses de cualquier partido es una traición a la sociedad. Por ello, es un orgullo para mí compartir tareas en la Comisión de Fiscalización del IEDF que presido con una mujer y un hombre excepcionales: Rosa María Mirón Lince y Rubén Lara León.

Reitero que los argumentos de Jaime Cárdenas Gracia -obviamente, no habría espacio aquí para detallarlos- son muy sólidos, como lo fueron los expuestos por José Barragán Barragán y Virgilio Rivera Delgadillo, e insisto en que debieron ser analizados mejor por el Consejo General, sin importar su procedencia. Evidentemente el doctor Córdova no comparte esta apreciación. Parece que su opinión sobre el consejero Cárdenas ha variado, porque de otra suerte quizá no le habría pedido, en su momento, que fuera su director de tesis de licenciatura.

De cara a la sanción que impuso a los partidos integrantes de la Alianza por el Cambio, el IFE tendrá que hacerse cargo de que, por una conducta no igual, pero sí parecida -irregularidades en el financiamiento para gastos de campaña-, impuso sanciones basadas en criterios discutibles. Los casos fueron diferentes, sí. Pero parece que la diferencia más importante no pesó en el monto de la sanción: en un caso, el beneficiario mayor, Vicente Fox Quesada, ganó la Presidencia de la República. En el otro caso, Francisco Labastida Ochoa, no la ganó, y sin embargo su partido recibió casi el doble de la otra sanción. Podrán argüirse razones válidas o no para que esto haya ocurrido así. Pero la terca realidad es que el exceso en el gasto contribuyó, en un caso, a ganar el máximo poder en México. En el otro no.

Pienso que el IFE se quedó corto en la sanción, y no es la única vez que esto ha ocurrido. Y lo pruebo: el mismo día en que el Consejo General aprobó esa sanción, la sala superior del TEPJF resolvió una queja interpuesta por el Partido de la Revolución Democrática -multa de 2 mil días de salario mínimo- contra el Partido Acción Nacional por utilizar éste símbolos religiosos en la propaganda de su candidato a diputado federal por el distrito cinco de Michoacán.

"Para los magistrados -dice el boletín del TEPJF-, el PAN reincidió en la utilización de símbolos religiosos en las campañas políticas de sus candidatos, por lo que revocaron la imposición de la multa con el fin de reponer el procedimiento administrativo sancionatorio y establecieron que el IFE deberá imponer una nueva sanción, a partir del análisis de todos los elementos de la conducta infractora de Acción Nacional."

Muchos argumentos quedan en el tintero, a propósito del caso Amigos de Fox, pero es claro que un artículo nunca será suficiente para un asunto tan complejo. Concluyo con una breve reflexión: el IFE es una institución tan fundamental para nuestra democracia que, a pesar de este caso, debe ser respaldado de forma decidida por todos los actores políticos y la sociedad entera.