Los acuerdos de San Andrés, nuestra constitución, expresan al concluir encuentro

Indígenas exigen ser consultados en cada proyecto a desarrollar en sus tierras

Se solidarizan con indios de Ecuador y Bolivia Repudian privatizaciones y el PPP

ROSA ROJAS ENVIADA

Ahuacatlan, Pue., 12 de octubre. "Todo proyecto en los territorios indígenas debe contar invariablemente con el consentimiento de éstos y especificar los beneficios que obtendrán", se concluyó en el Encuentro de Naciones Indígenas de México. Los participantes, unos 200 provenientes de nueve entidades federativas, manifestaron que ante el anuncio de que -según Petróleos Mexicanos- contratistas privados explorarán y explotarán más de 13 mil pozos en lo que se conoce como el paleocanal de Chicontepec en la región de la huasteca -de Veracruz e Hidalgo- se exigirá información y se rechazará cualquier proyecto no consultado con los pueblos de la región.

El encuentro, efectuado los días 11 y 12 en el poblado de Huehuetla, concluyó hoy en esta localidad de la sierra norte de Puebla con una marcha por el centro del pueblo para conmemorar el 11 aniversario de la Organización Indígena Independiente Ahucateca (OIIA) náhuatl totonaca.

Salvador Carmona, integrante de la organización, señaló que la OIIA se creó en 1992 para enfrentar el maltrato que recibía el pueblo náhuatl totonaco de autoridades y caciques que los hacían víctimas de la injusticia, encarcelamiento y golpes, mediante policías y guardias blancas.

"Hemos tenido muchos problemas con las autoridades, muchos sacrificios y tropiezos, pero estamos en pie de lucha", señaló. Posteriormente se leyeron las conclusiones del encuentro, en las que se reitera que los pueblos indios de México "reconocemos y elevamos los acuerdos de San Andrés como nuestra constitución indígena y exigimos la aprobación de la ley Cocopa". Se rechaza que se legisle en medicina indígena tradicional mientras no exista un marco constitucional que reconozca los derechos colectivos de los pueblos indios; condena la introducción y uso de las semillas y productos transgénicos en las tierras indígenas; la explotación de los recursos naturales por empresas privadas y las políticas públicas indigenistas impulsadas por organismos gubernamentales.

"Nos solidarizamos y hermanamos con el movimiento indígena de Latinoamérica, en especial con los hermanos de Ecuador y Bolivia, contra los proyectos privatizadores y los planes de desarrollo globales como el Plan Puebla-Panamá, Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, Tratado de Libre Comercio y el Corredor Biológico Mesoamericano."

Se impugnan también las políticas agrarias del gobierno que enfrentan a las comunidades y se exige el reconocimiento de la totalidad de los 412 comuneros de San Isidro Aloapán, Ixtlán, Oaxaca, el desalojo de los invasores del ejido de San Pedro Yosotatu, Oaxaca, castigo a los autores intelectuales de la invasión, reparación de daños y dar garantías de seguridad para los ejidatarios y sus familias. Asimismo demandan la restitución de las tierras a los comuneros de San Nicolás Totolapan, Contreras, Distrito Federal, con base en los títulos primordiales de 1563.

Los participantes en el encuentro, provenientes de Michoacán, Jalisco, Veracruz, Puebla, estado de México, Sonora, Oaxaca, Guerrero y el Distrito Federal, hicieron un llamado a los gobiernos federal y estatales para detener la represión y violencia en las comunidades indígenas y exigieron el esclarecimiento e investigación de los asesinatos cometidos contra luchadores sociales y defensores de los derechos humanos en los casos de: Griselda Teresa Tirado Evangelio, asesora de la organización independiente Totonaca, perpetrado el 6 de agosto de 2003 en Huehuetla, Puebla; el asesinato de Estela Ambrosio Luna, de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca, muerta el 5 de octubre de 2003, en San Agustín Loxicha, y el asesinato del diputado Carlos Sánchez, de la COCEI, abogado defensor de los presos de Unión Hidalgo, perpetrado el 17 de agosto pasado en Juchitán, Oaxaca.

Exigieron poner alto a la tortura sicológica y las amenazas de muerte formuladas por el gobernador de Oaxaca, José Murat, contra Raúl Gatica, del Consejo Indígena Popular de Oaxaca Ricardo Flores Magón.

Se pronunciaron también contra la estrategia gubernamental de presión y persecución contra los pueblos, comunidades, organizaciones y luchadores que defienden los derechos de los pueblos indios, exigiendo la libertad incondicional de los indígenas presos en diferentes cárceles del país, como Carlos Manzo y Luis Alberto Marín, del Consejo Ciudadano Unihidalguense y los detenidos de Guedea de Humbolt, internados en el penal de Tehuantepec; la libertad de los presos políticos de los Loxichas, Teojomulco, Comité de Defensa Ciudadana y Oliverio Neri, ingresados en el penal de Ixcotel, Oaxaca, así como libertad a los presos zapatistas de las cárceles de Chiapas y del país.

En la declaración se señala que las comunidades indígenas continúan con el proceso de construcción de la autonomía de hecho a partir del fortalecimiento de sus estructuras comunitarias para la reconstitución integral de sus pueblos, enfrentando sin embargo a las políticas gubernamentales que se niegan a reconocer esos derechos. "En lugar de respetar los procesos autonómicos, el gobierno intenta cooptar nuestras organizaciones mediante programas asistenciales y cuando no lo logra utiliza la represión y la persecución selectiva para acabar la lucha."

Plantean que a pesar de esas políticas contra sus pueblos, los casos de Huehuetla, Puebla; Sulja, Guerrero; Unión Hidalgo, San Pedro Yosotatu y San Isidro Aloapan, Oaxaca, y el pueblo purépecha de Michoacán, demuestran que la resistencia indígena continúa.