Gustavo Gordillo

Disipación de recursos

Un estudio reciente de la FAO, realizado en varios países de América Latina sobre el gasto público canalizado al medio rural en los pasados 15 años, arroja como principales problemas a enfrentar para hacer más efectivo su impacto: dispersión y traslape de programa públicos, ausencia de coordinación real tanto en el ámbito nacional como local, ausencia de continuidad en los programas públicos y carencia de mecanismos sistemáticos de evaluación de los impactos del gasto público. Esto, que suele ser el diagnóstico clave, esconde, empero, un problema de mayor envergadura que podría resumirse en una frase: disipación de los recursos.

La dispersión, la descoordinación, la discontinuidad no son sino dispendio de recursos económicos que no llegan a sus verdaderos destinatarios porque se extravían en innumerables corredores y puertas burocráticas. Pero también hay otras formas de disipación porque ahora cada uno de estos programas, que implican transferencias de recursos a los aparentes beneficiarios, lleva consigo condiciones, la mayor de las cuales es que promuevan la participación ciudadana.

Dado que muy a menudo se confunde participación ciudadana -es decir, capacidad para influir en las decisiones públicas- con decoración ciudadana, sobreviene una verdadera inflación de comités ciudadanos, consejos consultivos, grupos focales. No pocas veces en cualquier país latinoamericano se encuentra uno con municipios que tienen más comités ciudadanos que ciudadanos reales. Y una de dos: o se vuelven chat groups reales o virtualmente nunca se vuelven a reunir. La gente que sí asiste se desanima cuando se da cuenta de que sólo se trata de aparentar participación. Al final hay disipación de energía social: el diseño de cada programa, su negociación burocrática, vestimenta ciudadana y publicitación llevan tiempo, mismo que gasta un sinnúmero de gerentes públicos, cada uno argumentando sobre su programa, queriéndose diferenciar del programa similar que se implementa desde otra secretaría o en otra entidad pública, promoviendo seminarios o giras internacionales para prestigiar su programa. Es decir, hay además disipación del tiempo estratégico que requieren los gerentes públicos para asimilar lecciones, evaluar impactos y corregir los programas que se implementan.

La enorme cantidad de programas impide construir una base común de conocimientos acerca de lo que funciona o no en los programas públicos. Resulta conmovedor, a no ser por sus nefastas consecuencias, encontrar que con cada nuevo gobierno nacional, estatal o municipal emerge una nueva generación de magos: los que van a hacer lo que nunca se ha hecho y los que van a resolver todos los problemas ancestrales, pero uno y otro siempre terminan descubriendo los mismos mediterráneos e hilos negros de sus predecesores. ƑEs un problema de arrogancia? Sí, pero también de ignorancia. Y con tanta dispersión, que conlleva fragmentación de la información y renuencia a proporcionarla a nadie, se obtiene además una disipación de conocimientos. Es decir: disipación de recursos públicos, de energía social, de tiempo estratégico y de conocimientos. Esto es grave particularmente en programas de combate a la pobreza, en los que no sobran recursos y falta reputación.

Todos sabemos que los programas sociales -aun con componentes productivos- gozan de mala reputación, a veces bien ganada, pero frecuentemente producto de un sesgo antisocial. Muchos gobiernos, organizaciones ciudadanas y expertos en muchos países reflexionan en torno a esto y proponen importantes rectificaciones e innovaciones en programas contra la pobreza y más ampliamente en la política social como un todo.

La respuesta eficaz a la disipación no es la centralización burocrática. El verdadero antídoto es una agenda compartida y transversal desde el gobierno central, dotada de enraizamiento operativo en las esferas estatales, municipales y comunitarias, y legitimada sistemáticamente mediante la fiscalización y la movilización social. Una política social consistente es producto de acuerdos básicos de una sociedad, por eso mismo trascienden los ciclos electorales. Su más importante patrimonio es la certeza y la continuidad.

Por ello merece subrayarse una iniciativa del gobierno de Lula, quien recientemente se reunió con los gobernadores de los 26 estados de la unión, más el Distrito Federal, para discutir la importantísima reforma fiscal que debate el Congreso brasileño y anunció la unificación de programas de transferencia de ingresos a la población más necesitada tales como Bolsa Escolar para la educación, Bolsa Alimentaria, Tarjeta de Alimentación - ligado a Hambre Cero-, entre otros programas de apoyo en la compra de gas doméstico. El sistema unificado se llamará Bolsa-Familia, será anunciado a fines de este mes y su unidad de atención es justamente la familia. Se trata de un programa descentralizado en su operación en los ámbitos estatales y municipales -son más de 5 mil municipios- para apoyar a la población cuyo ingreso per cápita es inferior a 17 dólares.

El programa brasileño inmediatamente invita a compararlo con Oportunidades, promovido por el gobierno de México. Será sin duda interesante el diálogo que ya viene desarrollándose entre México y Brasil, sus gobiernos y sus sociedades sobre las lecciones que se pueden extraer y compartir en esta lucha común por combatir el hambre y la pobreza.

En su discurso en Naciones Unidas, a fines de septiembre, Lula tuvo una frase feliz: es hora de llamar a la paz por su nombre propio: justicia social.