León Bendesky

Reformas

En este periodo de debate sobre el presupuesto, buena parte de la atención está centrada en el tema de las reformas. Se están replanteando las fuentes del ingreso del gobierno provenientes de los impuestos y para ello se propone una reducción de la tasa al impuesto al valor agregado a una sola de 10 por ciento aplicada a todos los productos, y de una rebaja del impuesto sobre la renta para las empresas y para las personas. Este es un claro intento por alentar el gasto en consumo y en inversión que, con un posterior aumento en la captación, compense la caída inicial.

De esta manera, el gobierno reconoce que la recesión que padece la economía no es un asunto pasajero, sino que tiene unas raíces más profundas, por el funcionamiento apocado del mercado interno, como por el débil estímulo que se recibe del exterior.

Esto expone el límite del control de la inflación que ejerce el Banco de México en cuanto a su relación con la creación de condiciones propicias para el crecimiento. Ahora se admite que debe haber un estímulo por el lado fiscal, sobre todo por medio de la reducción de los impuestos. Pero el planteamiento tiene una restricción que limita su capacidad de actuar como una herramienta de aliento suficientemente fuerte y, sobre todo, que sea duradera para sostener la recuperación de la economía.

Esa restricción está dada por la contraparte del ingreso público que es, claro está, el gasto. El presupuesto federal tiene que estar armado desde su origen "amarrando" el destino específico de los recursos con los que se espera contar en el año. Pero las pistas que ha dado el presidente Fox en diversos foros en los días recientes señalan claramente que se mantendrá el criterio de generar un muy reducido déficit (ingresos menos gastos), situado por debajo de 0.5 por ciento del producto. Esto significa que en el año se recibirán menos ingresos por el cobro de los impuestos, y como el déficit será más bajo que el actual, entonces la capacidad de gasto no podrá incrementarse en los programas existentes y, menos aún, en otros que pretendan estimular adicionalmente el gasto y la generación de empleos.

Este es un rasgo que sigue marcando la estrechez de la visión con la que se administra la política fiscal, tal y como se expresa en el presupuesto. El horizonte fiscal de la política económica en el país desde principios de la década de 1990 es muy corto, de allí que se mantenga la grave fragilidad financiera del Estado. A esta cuestión que se manifiesta en términos cuantitativos debe agregarse la manera en que se compone la asignación de los recursos, cuestión que hoy es muy relevante por la parte que aún representan las deudas generadas por la crisis de 1995.

Ampliar el horizonte fiscal significa administrar la economía con una perspectiva de más largo plazo que pueda recomponer no sólo la solvencia financiera del gobierno, sino de modo especial las condiciones del crecimiento por el lado de un mayor ahorro, más inversión y una creciente productividad que contribuya efectivamente a generar más riqueza e ingresos. Es por eso que las medidas que pueda tener el proyecto de la Ley de Ingresos que Hacienda presente al Congreso en las semanas siguientes no constituye, precisamente, una reforma fiscal. Ese carácter no debe confundirse con una modificación en los rubros y las tasas que conforman la estructura de los ingresos, pues no tiene un criterio de integralidad que comience a modificar de modo decisivo la disposición de los recursos y, sobre todo, su uso. Esta última circunstancia se vincula de modo estrecho con la manera en que finalmente se distribuye el producto que se genera en esta economía.

La cuestión fiscal es una cara distinta de la otra reforma que ocupa a líderes políticos, funcionarios públicos, empresarios y legisladores (con la activa intromisión de los organismos financieros internacionales y los inversionistas extranjeros), Esta es la reforma energética. Sería conveniente que se presentaran de modo consistente ambas reformas, sobre todo en un marco de lo que hemos llamado como un horizonte fiscal más amplio, en el que se incorporen las necesidades de inversión que requieren y los flujos de ingresos que se generan en las empresas públicas como Pemex y CFE.

Además de las cuestiones técnicas y políticas que representan estos asuntos en la formulación del presupuesto y de los criterios de la política fiscal, debe tenerse en cuenta el entorno ideológico que prevalece en el tema de las privatizaciones de las empresas del sector de la energía y las experiencias de su funcionamiento, en particular en el caso de la electricidad. Al respecto no se aprecia que el debate que ahora promueven las cúpulas de los partidos, los legisladores y el propio gobierno incorporen todas esas circunstancias en los planteamientos que están haciendo. Lo que no deben perder de vista es que las decisiones que tomen tendrán una repercusión no sólo de largo plazo en esta sociedad, sino de carácter esencial para el desempeño económico y las condiciones de vida de la población. Aquí no caben posturas timoratas, pero tampoco la irresponsabilidad, sobre todo ante las mayores evidencias de la tensión que hay en el orden global prevaleciente.