MEXICO SA

Carlos Fernández-Vega

Un año sin subsidio eléctrico para beneficiar a trasnacionales

Se iban a ahorrar $10 mil millones que nunca llegaron a ''familias de escasos recursos''

TRAS VARIAS SEMANAS de sumas y restas que terminaron en multiplicaciones, finalmente el 7 de febrero de 2002 el gobierno foxista decretó la reducción del subsidio destinado a las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico, con el fin de obtener recursos adicionales hasta por 10 mil millones de pesos -la mitad producto de dicho recorte- e invertirlos en "el mantenimiento, ampliación y modernización del Sistema Eléctrico Nacional".

LA DECISION ERA NECESARIA, certificaban Francisco Gil Díaz y Ernesto Martens -a la sazón secretario de Energía-, para evitar el "rezago" tarifario y "un mayor deterioro financiero en las empresas de este sector" (Comisión Federal de Electricidad y Luz y Fuerza del Centro). Sin embargo, decían, "los subsidios sólo serán canalizados a familias de escasos recursos".

COMO ERA DE ESPERARSE, nada sucedió de lo que prometieron públicamente los mencionados funcionarios: los subsidios no sólo no se destinaron a las "familias de escasos recursos", ni los dineros extraordinarios se invirtieron -cuando menos no en su totalidad- en "el mantenimiento, ampliación y modernización del Sistema Eléctrico Nacional", ni mucho menos se evitó un mayor deterioro financiero en las empresas (públicas) de este sector".

EN LOS HECHOS, SI SE fortalecieron las finanzas de otro tipo de consorcios que, utilizando la Constitución como abanico, participan y se benefician abiertamente en y del sector el eléctrico propiedad de la nación: "El gobierno federal no sólo ha permitido un comercio ilegal de electricidad al otorgar permisos irregulares para que empresas, en su mayoría extranjeras, hagan un gran negocio al generar fluido eléctrico, sino que además las subsidia al permitirles el uso casi gratuito de la red nacional y otorgarles tarifas de respaldo muy por debajo de su costo real... Sólo en el caso de las 14 concesiones más importantes, de un total de 225 otorgadas a trasnacionales, el subsidio fue de 3 mil 339 millones de pesos durante el año pasado, cifra que se habrá de elevar anualmente, lo que representa un grave daño patrimonial a la Comisión Federal de Electricidad (...) Esas 14 empresas privadas, que operan bajo la simulación de las figuras de abasto y cogeneración -con permisos expedidos entre abril de 1996 y diciembre de 2002-, le han quitado a la CFE 550 de sus principales usuarios, que representan 22 por ciento de sus ingresos y significan una pérdida anual estimada en 20 mil millones de pesos", de acuerdo con un estudio elaborado por especialistas en la materia, incluido en uno de los anexos de la denuncia que el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Manuel Bartlett, presentó ante la Auditoría Superior de la Federación y que hoy será entregado a todos los senadores para su conocimiento y análisis. (La Jornada, Andrea Becerril)

EN FEBRERO DE 2002, la administración foxista explicaba cómo captaría 10 mil millones de pesos adicionales, producto del recorte al subsidio destinado a las tarifas de energía eléctrica para uso doméstico: 5 mil millones de pesos producto de la propia reducción; 4 mil millones a raíz de que "el gobierno federal realizará un esfuerzo en su gasto corriente y pagará una tarifa especial para su consumo de energía eléctrica en todas sus instalaciones y mil millones por disminución al presupuesto de la CFE. De esta manera se obtendrán, con el esfuerzo de usuarios y gobierno federal, los montos adicionales necesarios para cumplir con los objetivos propuestos".

EL "ESFUERZO" HECHO ESTA y de esos 10 mil millones extraordinarios que habría captado el gobierno federal en 2002, poco más de 33 por ciento (67 por ciento si exclusivamente se consideran los 5 mil millones directos producto del recorte) se habrían destinado a subsidiar empresas trasnacionales que -obviamente- "están muy interesadas en arriesgar sus capitales en el sector eléctrico mexicano", como reza el discurso del cambio.

DIAS ATRAS, EL SECRETARIO de Energía, Felipe Calderón, aseguraba que la "reforma" atraería inversión privada suficiente para que el sector eléctrico nacional se desarrolle a plenitud durante la próxima década, desarrollo que, dijo, ahora no es posible porque "requerirá un dinero que no tenemos". Tendría que agregar que el que se tiene generosamente se utiliza para subsidiar trasnacionales y debilitar a las empresas del Estado.

LO ANTERIOR ES REFLEJO del "sustento" que tiene la "garantía" y el compromiso presidencial -ofrecido una y otra vez- de no privatizar el sector energético nacional. Se recorta el subsidio a los usuarios nacionales, pero el "ahorro" se traslada a trasnacionales como la muy transparente Enron -que cuenta con la bendición del ético vicepresidente de Estados Unidos-, Intergen, Alston, Mitsubishi, Unión Fenosa, EDF, Iberdrola, AES y Siemens-Westinghouse, algunas de las beneficiarias de dicha "garantía".

DE ACUERDO CON LA proyección oficial, de continuar la "privatización silenciosa" del sector energético mexicano por la ruta trazada desde hace una década, no será necesario "desincorporar" a la Comisión Federal de Electricidad ni a Petróleos Mexicanos. El gobierno, simplemente, los dejará morir por inanición, toda vez que el mercado y la ganancia serán controlado y acaparado por empresas como las que ahora reciben generosos subsidios del erario nacional.

DE ACUERDO CON CIFRAS oficiales, en 2001 el 92 por ciento de la producción total de energía eléctrica en el país correspondió a empresas del Estado. Para 2010 se estima que 53 por ciento correspondería al capital privado, es decir, 6.6 veces más que en 2001.

Las rebanadas del pastel:

TODO INDICA QUE MARIO Laborín, representante del Grupo Monterrey en el gobierno foxista y director general de Nacional Financiera, ya no se frota las manos luego de enterarse de la reunión que el secretario de Hacienda sostuvo, el pasado 7 de octubre, con el Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato de Trabajadores del Banco Nacional de Comercio Exterior... A los dirigentes sindicales, Gil Díaz les aseguró que "no hay en este momento ninguna decisión gubernamental sobre fusiones en la banca de desarrollo y menos aún existe alguna iniciativa de ley al respecto que se quiera presentar próximamente en el Congreso".

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