En un documento de 2002, anticipaban que sufrirían presiones del gobernador

Patrón, dispuesto a debilitar al Poder Judicial para liberar a Medina Millet: magistrados

LUIS A. BOFFIL Y JORGE A. CORNEJO CORRESPONSALES

Los cinco magistrados del Poder Judicial yucateco, quienes enfrentarán juicio político en el Congreso local, a solicitud de los abogados de Armando Medina Millet -sentenciado a 20 años de prisión por asesinar a su esposa-, previeron, en un documento elaborado en diciembre de 2002 que serían víctimas de presiones gubernamentales. Además pronosticaron que el gobernador Patricio Patrón Laviada, a través de la Procuraduría General de Justicia del Estado, podría reabrir el expediente judicial de Medina Millet, ya juzgado, con el propósito de conseguir la libertad de "su amigo".

En diciembre anterior, después que los magistrados -por medio de su presidente Angel Prieto Méndez- solicitaran la intervención del Senado de la República para que pidiera a Patrón Laviada detener las agresiones contra el Poder Judicial, los jurisperitos elaboraron el citado escrito, del que obtuvieron copia La Jornada y algunos medios locales. En la parte central, el documento dice: "Para alcanzar la libertad del reo (Armando Medina), que es su amigo, el gobernador del estado se ha propuesto debilitar el Poder Judicial del estado que encabezamos, procurar el menoscabo de nuestra autoridad para desprestigiarnos ante la opinión pública y, con ello, presionarnos a renunciar.

"También tenemos conocimiento de que (Patrón Laviada) estudia la posibilidad de abrir un juicio político en nuestra contra ante el honorable Congreso del estado, por supuestos ilícitos. Con ello, el gobernador está actuando en lo que jurídicamente se califica como fraude a la ley; su proceder, además, pudiera lindar en la figura de abuso de autoridad".

Los magistrados Angel Prieto Méndez (presidente del Poder Judicial), Mygdalia Rodríguez Arcovedo, Ligia Cortés Ortega, Ricardo Avila Heredia y Mercedes Pérez Fernández, acotaron una serie de acontecimientos que gradualmente se llevaron al cabo. Jorge Luis Rodríguez Losa es el único ministro que se mantiene al margen del conflicto y ha expresado su apoyo a Medina Millet.

Respecto a la sentencia dictada en 2000 contra Armando Medina, por asesinar en 1995 a su esposa Flora Ileana Abraham Mafud, los integrantes del Poder Judicial precisaron: "legalmente la sentencia dictada en segunda instancia (por el Tribunal Superior) es firme, tiene naturaleza de ser cosa juzgada; no existe recurso ordinario por virtud del cual puede ser modificada. Dada la naturaleza del sistema jurídico mexicano, la única vía para impugnarla es la del amparo. La anterior circunstancia es de sobra conocida por el reo Medina Millet y sus abogados, por lo que, al parecer, partiendo de ese supuesto, ellos, con el apoyo del gobernador del estado, buscarán otra vía que les garantice destruir la verdad legal que deriva de ese sentencia".

Los cinco magistrados indicaron: "La vía que han elegido (los abogados de Medina) es procurar la destitución de los suscritos como magistrados, cubrir las posibles vacantes con profesionales del derecho allegados al gobernador del estado y, por conducto de los nuevos magistrados, alcanzar la libertad del condenado mediante la anulación de la sentencia".

Como lo auguraron, a principios de octubre el defensor del procesado solicitó al Congreso estatal juicio político contra los togados, petición que la mayoría panista aprobó para ser analizada en la Comisión de Legislación dominada, precisamente, por diputados del blanquiazul.

BC: piden revisar amparo a ex magistrada

La Dirección de Asuntos Jurídicos de la Legislatura de Baja California interpuso un recurso de revisión contra el amparo concedido el 24 de septiembre anterior a la ex magistrada del Tribunal Superior de Justicia del estado, Olimpia Angeles Chacón, quien exige ser reinstalada en el cargo del que fue separada el 31 de octubre de 2001 y el pago de salarios caídos.

Ahora corresponde al Tribunal Colegiado de Distrito confirmar la sentencia, revocarla, modificarla o negar el amparo, informó Eliseo Rebolledo Guinto, director de Asuntos Jurídicos Legislativos del Congreso.

Angeles Chacón fue separada del cargo en octubre de 2001, junto con otros 10 magistrados, uno de los cuales, Víctor Manuel Vázquez Fernández fue reinstalado en la Tercera Sala del Tribunal Superior de Justicia el 29 de septiembre