En el Poder Judicial, el recurso contra la decisión de la juez Rolón

Formaliza el GDF solicitud de revisión de fallo

ALFREDO MENDEZ ORTIZ

El Gobierno del Distrito Federal (GDF) presentó formalmente en la oficialía de partes de los tribunales colegiados en materia administrativa un recurso de revisión de la sentencia que el 24 de septiembre pasado emitió la juez octava de distrito, María Gabriela Rolón Montaño, que obliga a las autoridades de la capital a indemnizar con mil 810 millones de pesos a Enrique Arciprestre del Abrego, quien se dice afectado por la expropiación del predio conocido como Paraje San Juan, en Iztapalapa.

A pesar de que el gobierno capitalino realizó desde la semana pasada trámites previos ante el Poder Judicial Federal para que fuera revisada la determinación de la juzgadora, correspondiente a la solicitud de juicio de amparo 508/1998, fue este lunes cuando la oficialía de partes recibió de manera oficial dicho recurso, debido a que en días pasados no se presentó toda la documentación requerida para la revisión.

En el transcurso de esta semana, la oficialía de partes asignará dicha solicitud a uno de los 12 tribunales colegiados en materia administrativa que existen en el Distrito Federal, y será en las próximas semanas, o incluso meses, cuando el órgano colegiado determine si ratifica o desecha la sentencia de la juez Rolón.

Como se recordará, el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, dijo el 6 de octubre pasado que no estaba dispuesto a pagar esa cantidad, por lo que la juzgadora remitió dos días después -el 8 de octubre- a la Suprema Corte de Justicia de la Nación todo el expediente del amparo que promovió Arciprestre, para que el máximo tribunal siga un juicio de inejecución de sentencia contra el mandatario capitalino.

En su momento, López Obrador denunció públicamente que durante el proceso que analizó la juzgadora hubo tráfico de influencias, y acusó de ese delito a los abogados panistas Juan Miguel Alcántara Soria, ex procurador de Guanajuato, y José Antonio Lozano Gracia, ex titular de la Procuraduría General de la República, defensores particulares de Arciprestre del Abrego.

Además el gobernante indicó que los supuestos ofendidos alteraron documentos para reclamar, en vez de 280 metros cuadrados, 280 hectáreas cuadradas, término inexistente en el sistema métrico decimal.

López Obrador también aseguró que se falsificó la firma de un juez, se destruyeron evidencias, e inclusive se desaparecieron inscripciones del Registro Público de la Propiedad y el Comercio del Distrito Federal.

El predio en disputa está dividido en 10 mil 302 lotes. Más de 6 mil contratos de compraventa fueron suscritos en el periodo comprendido entre 1900 y 1980, pero, según el gobierno capitalino, en ninguno de estos contratos aparece como contratante Arturo Arciprestre.