Señalamiento para ocultar la falta de investigaciones, explican parientes de las víctimas

Periodistas obstruyen pesquisas de crímenes en Juárez: autoridades

Aun con la participación de la PGR, activistas siguen padeciendo intimidaciones, denuncian madres de desaparecidas y dirigentes de ONG Exámenes de ADN, todavía excluidos de pericias

JENARO VILLAMIL ENVIADO

Ciudad Juarez. Una nueva "amenaza" ha sido identificada, sin prueba alguna de por medio, por las autoridades de la fiscalía especial que investiga los homicidios y desapariciones de mujeres en esta ciudad: los periodistas. Más específicamente, "algunos periodistas extranjeros", quienes, según las autoridades, cuentan con "nuevas líneas de investigación" y pretenden intimidar a los familiares de las víctimas.

La incredulidad de un grupo de madres de víctimas, encabezado por la señora Evangelina Arce, así como por la abogada Adriana Carmona, quien está a cargo de 10 casos de asesinatos en Ciudad Juárez y Chihuahua, es absoluta. "Los periodistas no actúan para intimidarnos", afirmó Evangelina, durante una reunión sostenida este lunes 13 en la fiscalía, al tiempo que Alma Gómez, dirigente de la organización Justicia para Nuestras Hijas, advierte que esta acusación "pudiera ser un pretexto para achacar a los periodistas la culpa de lo que sucede en las investigaciones".

La abogada Adriana Carmona, tras sostener un encuentro con un grupo de madres de muchachas que han muerto en estos 10 años, con el delegado de la Procuraduría General de la República en Juárez, Héctor Delgado, y con integrantes de la nueva Fiscalía Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez -integrada por los ministerio públicos federal y estatal-, coincide con estas apreciaciones y subraya que en este encuentro demandaron a las autoridades garantizar la integridad y protección de los familiares de las víctimas ante nuevas evidencias de amenazas y hostigamiento; que "cuiden la información y el secreto de las investigaciones que están en curso" y que no se busquen "pretextos para hostigar a los informadores".

"Nos preocupa que las autoridades quieran cubrirse con acusaciones a los periodistas, sobre todo después de que el relator de la Organización de Estados Americanos, Eduardo Bertoni, documentó el clima de hostigamiento que existe a escala local contra la prensa", afirmó Carmona, poco después de entrevistarse con la fiscal Angela Talavera y el licenciado José Luis Servín, en compañía de las madres Norma Andrade, Ramona Morales -una de las pioneras de la lucha contra el feminicidio-, Cecilia Morales y Evangelina Arce, cuya hija Silvia fue reportada como desaparecida desde 1998.

Todas coinciden en subrayar que el clima de intimidación y hostigamiento hacia ellas no ha disminuido, ni siquiera con la participación de la PGR. Incluso, subrayan que mientras más denuncias han hecho a la prensa y a los organismos y legisladores nacionales e internacionales que han visitado recientemente Ciudad Juárez, las llamadas sospechosas e incluso las agresiones físicas han continuado.

La visita sospechosa

Por lo pronto, los hechos recientes denunciados ante la PGR y la fiscalía fueron los siguientes:

La noche del 11 de octubre, Evangelina Arce recibió una visita singular e intimidatoria en su casa. En nombre de la recién creada fiscalía mixta para los homicidios contra mujeres, un individuo que no se identificó le solicitó la fotografía de su hija Silvia, reportada como desaparecida desde julio de 1998, porque tenían sospechas de que "finalmente" habían encontrado su cuerpo y estaba en el anfiteatro de Ciudad Juárez, donde se encuentran cerca de 70 cuerpos de mujeres sin identificar.

La hija de Evangelina se negó a entregar la fotografía. Sospechaba que no se trataba de ninguna visita oficial, sino de una trampa para que la señora acudiera al anfiteatro e identificara algún cuerpo como si fuera el de su hija. Lo más grave es que hasta el momento la fiscalía especial no ha aplicado los exámenes genéticos demandados para identificar plenamente a posibles víctimas.

Por otra parte, se pudo tratar de otra agresión en su contra, según Evangelina. El 30 de abril de este año, Arce fue golpeada en pleno centro de Ciudad Juárez cuando iba a abordar el camión de ruta hacia su domicilio. Nunca pudo ver el rostro del agresor. Denunció los hechos y, en lugar de iniciar una investigación por agresión y acoso, el Ministerio Público lo hizo por "intento de robo". Tras ese ataque ha recibido llamadas telefónicas anónimas, al igual que Ramona Morales y otras madres que se mantienen protestando y no aceptan la versión oficial de los hechos.

Evangelina recuerda que las agresiones aumentaron después que en una reunión con el ombudsman nacional, José Luis Soberanes, ella denunció que fueron comandantes de la PGR quienes levantaron a su hija, en el restaurante La Pachanga, en 1998. Incluso mencionó que en el expediente de la desaparición de su hija está el nombre del comandante Jorge Paz. Una y otra vez ha hecho la misma denuncia ante los medios y los organismos internacionales.

Al día siguiente de la visita sospechosa, la tarde del domingo 12 de octubre, durante el encuentro con las diputadas federales Marcela Lagarde y Eleana García, Evangelina denunció que la visitaron para decirle que "finalmente" el cuerpo de su hija había aparecido, pero sin vida. Doña Eva, como le dicen sus compañeras, estaba en un profundo choque nervioso. Frente a este testimonio, las madres recordaron que se ha vuelto un patrón reciente pedir a familiares de desaparecidas que identifiquen la "reconstrucción" del rostro de sus hijas. Así lo hicieron a la mamá de la joven Neyra Azucena, Patricia Cervantes, quien se ha negado a aceptar la identidad de su hija mientras no le practiquen la prueba de ADN a la osamenta encontrada.

"Este es justamente el problema", agrega la abogada Adriana Carmona. "Hemos hecho saber a la PGR nuestra inconformidad porque se está optando por una valoración pericial basada en la reconstrucción facial y no en exámenes de ADN.

"Persiste la resistencia de las autoridades a tener pruebas contundentes. Mientras no haya este tipo de pruebas, no habrá certeza jurídica para los familiares", dijo Carmona.

El caso de Evangelina Arce es una muestra reciente de los problemas que vive la recién creada fiscalía mixta, con participación de la PGR y la procuraduría estatal, para reabrir las investigaciones de seis homicidios y del caso de las ocho mujeres asesinadas y encontradas en el lote algodonero de Juárez, en noviembre de 2001.

De acuerdo con el documento del 14 de agosto de 2003, a la PGR corresponde en Ciudad Juárez "crear una agencia de investigación mixta, integrada por elementos de la PGR y la PGJE, cuyo objeto sea perseguir los delitos de desapariciones y homicidios de mujeres en Ciudad Juárez", así como "elaborar, entre la Unidad Especializada en Delincuencia Organizada y los servicios periciales de la PGR, un manual de investigación sobre medicina forense, antropología y criminalística, enfocado en las características y circunstancias específicas de los casos".

Se compromete la PGR a colaborar con la fiscalía especial de Chihuahua, "enviando agentes de investigación, peritos y ministerios públicos de la Federación, así como en los servicios periciales, especialmente los relativos a ADN".

Igualmente, se establece que la PGR garantizará "la coadyuvancia de víctimas y familiares en las averiguaciones previas que integre el Ministerio Público federal".

El domingo pasado, las madres que acompañaron a doña Evangelina, así como las abogadas que apoyan sus casos, volvieron a demandarle al delegado de la PGR en Ciudad Juárez, Héctor García, que se realicen los peritajes especiales prometidos, en especial las pruebas de ADN y no solamente las reconstrucciones faciales.

Frente a la denuncia presentada hoy, la abogada Adriana Carmona expresó su temor de que la fiscalía mixta, en vez de unir los esfuerzos de las procuradurías, "diluya la responsabilidad" y se generen nuevos casos de intimidación contra las madres de las víctimas. El riesgo es que se cree otra cortina de humo con acusaciones a periodistas.