La ex ombudsman tiene en sus manos esclarecer las muertes de mujeres en Juárez

Guadalupe Morfín, abogada que no temió al panismo hecho poder en Jalisco

"Voy a necesitar el concurso de todos para echar a andar este sistema de poleas"

BLANCHE PETRICH

A principios de 2002, la maquinaria del gobierno panista de Jalisco encontró el pretexto idóneo para sacarse del zapato una piedrita que empezaba a resultarle demasiado incómoda. Desde que asumió la presidencia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Guadalupe Morfín Otero, en 1997, la oficina de la ombudsman jalisciense había tomado distancia de la sumisión que aún hoy caracteriza a la mayoría de estas instancias en los estados frente a los poderes local y federal.

La Procuraduría de Justicia del Estado, las policías municipales, estatal y la judicial e incluso los militares de la quinta zona empezaron a ser expuestos por su brutalidad en numerosas recomendaciones.

El asesinato de Bernardo Blanco Peña, supuesto asaltante capturado sin arma por policías de Seguridad Pública, esposado y después ejecutado en Puerto Vallarta, en marzo de 1998; el homicidio del estudiante Galdino Moreno, baleado por policías de Zapopan por parecerles "sospechoso"; la ejecución de Daniel Meza, un joven que inhalaba pegamento en Tonalá, que antes de ser acribillado por policías fue brutalmente golpeado y vejado, y muchos casos similares, empezaron a ser motivo de incontenibles recomendaciones de la CEDHJ.

En septiembre de ese año el director de Seguridad Pública Jesús Enrique Cerón fue exhibido por encubrir la brutalidad ejercida por sus agentes cuando se conoció el caso de tortura de Jaime Llanos Meza, presunto asaltante a quien elementos de la policía investigadora de la procuraduría estatal causaron una lesión anal de seis centímetros con un tolete. Los agentes involucrados evadieron la cárcel. Pero toda la cadena de mandos que se vieron envueltos en el caso -desde los ejecutores hasta el propio procurador de Justicia Félix Javier Ledesma, pasando por los médicos forenses que no reportaron las lesiones, fueron expuestos en la recomendación de la CEDHJ.

"Eran tiempos en que las comisiones estatales empezaban a experimentar su papel en la sociedad. La mayoría actuaba a modo; sus dirigentes eran elegidos a dedazo por los gobernadores. Todas se plegaban al mandato del Ejecutivo estatal o de la CNDH. Por norma nadie se metía con el Ejército. Guadalupe Morfín hizo todo lo contrario", recuerda Fernando Corona, quien fungió como secretario técnico de la CEDHJ en 2002. "Entendió que el poder público estaba obligado a las normas de derechos humanos asentadas en el derecho internacional y emprendió una estrategia activa en la defensa, tomando medidas de emergencia cuando era necesario, aunque los implicados fueran judiciales o militares".

Pronto, la comisión jalisciense fue un verdadero "prietito en el arroz": promovía acciones en defensa de los migrantes que llegaban al agro de Jalisco en condiciones de esclavos, protegía a niños de la calle expuestos a la violencia policiaca, a mujeres y enfermos de sida, e inició una denuncia permanente por la situación en los penales.

Esto la llevó a investigar en el penal de máxima seguridad de Puente Grande, donde denunció, a principios de 2002, que la corrupción había relajado las condiciones del penal. Pese a este sobreaviso, la autoridad no impidió la fuga del narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán Loera.

Este escándalo resultó insoportable para las autoridades del estado. Las presiones se desataron y a las pocas semanas, el Congreso, dominado por panistas, se negó a relegir en su cargo a la presidenta quien, por otra parte, ganaba prestigio en los frentes nacionales e internacionales. Cuando Morfín se amparó contra la decisión parlamentaria, fue amenazada de muerte.

Maestra en literatura contemporánea, poetisa, abogada penalista y teóloga, esta tapatía de 50 años que se hará cargo de la comisión para esclarecer las muertes de mujeres en Ciudad Juárez mira hoy su tarea como un trabajo colectivo. "Voy a necesitar el concurso de todos para echar a andar este sistema de poleas", comentó a La Jornada. "Para que se haga lo que se tiene que hacer, para que se corrija lo que se hizo mal. Es una causa que tiene que ver con lo penal, eso es inevitable. Pero también con una agenda de futuro, con la reconstrucción del tejido social."

Empieza con una buena dosis de esperanza. En una ponencia que dictó alguna vez en el ITESO de Guadalajara hablaba de este factor: "Sin esperanza -dijo- no pueden plantarse olivos, porque los olivos tardan mucho en dar fruto".