Se quejan de invasión a propiedad colectiva por parte de pobladores de La Providencia

Zapatistas de Francisco Gómez denuncian provocaciones de priístas

Realizan un plantón en las afueras de Oventic; se reúnen con brigada de observación

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

San Cristobal de Las Casas, Chis., 17 de octubre. Ante las provocaciones de grupos priístas del poblado La Providencia, un centenar de bases de apoyo del EZLN pertenecientes al municipio autónomo Francisco Gómez establecieron un plantón en la comunidad San Manuel, ubicada en las afueras de la ciudad de Ocosingo.

Además, a petición de las autoridades de la junta de buen gobierno Camino del futuro, del caracol Resistencia hacia un nuevo amanecer, una brigada de observación (conformada por miembros del Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Promedios de Comunicación Comunitaria y la Red de Defensores Comunitarios por los Derechos Humanos) se presentó en San Manuel este martes 14 de octubre.

Denuncian la provocación priísta

Los habitantes de dicho poblado denunciaron ante la brigada civil que el día anterior, un grupo de 15 priístas "tapiscaron casi una hectárea de milpa, propiedad de la comunidad". Estas personas permanecieron tapiscando de las siete a las 14 horas. El hecho representa una invasión a la propiedad colectiva.

Dada la situación, los habitantes de San Manuel se encuentran en permanente vigilancia. La mañana del mismo martes, miembros del grupo priísta ingresaron nuevamente a la milpa colectiva, en una acción que los primeros interpretan "como una clara provocación".

Los pobladores de San Manuel revelaron que estos priístas son aquellos supuestos 'disidentes' del EZLN que en 1998 entregaron sus armas al gobierno de Roberto Albores Guillén, a cambio de un tractor, 30 vacas, 100 mil pesos para una tienda y un memorable performance para los medios de comunicación en el balneario del río Jataté, en las afueras de la cabecera municipal. Actualmente pertenecen a la Organización por la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos y a la Confederación Nacional Campesina, "y están vinculados al diputado estatal priísta Pedro Chulín Jiménez y al actual presidente municipal de Ocosingo, Omar Burguette", según los organismos de derechos humanos.

Después de recibir vacas y proyectos, los "falsos zapatistas" fueron a vivir un año al ejido Viejo Suchila, pero regresaron a La Providencia, "que es como ellos llaman al lugar donde viven, frente a la comunidad San Manuel". Sólo la cinta asfáltica de la carretera Ocosingo-Altamirano separa ambos poblados.

Desde entonces han sido frecuentes sus roces y choques con las bases zapatistas que fundaron el poblado de San Manuel después de 1994 en tierras recuperadas. Según informan los indígenas autónomos, "estos priístas son los mismos que en años anteriores han provocado problemas en el lugar. En anteriores ocasiones "han hecho ataques en contra de las bases de apoyo zapatistas, como cortar postes y alambrados, tapiscar elotes, quemar frijoles, meter ganado en la milpa, tumbar casas y cortar láminas".

Las bases rebeldes no han respondido a los actos de hostigamiento porque, según declaran, su política en estos casos "es no caer en provocaciones", y porque "ese es el plan del gobierno: que 'peliemos' entre nosotros".

Las autoridades autónomas han buscado, sin éxito, hablar con los dirigentes priístas, "para que se detengan los hostigamientos". Estas personas, "instigadas por Burguette y Chulín, han querido imponer los programas del gobierno, así como los trámites de las tierras por vía fideicomiso, solicitando ingenieros para la medición", refieren los observadores. Esto, "cuando se ha informado a los priístas que en la Ley Agraria Revolucionaria la tierra no es negociable".

Los habitantes de San Manuel señalan como responsables de la provocación a los señores Marcos Méndez Gómez y Victorino Hernández Morales, identificados como líderes de dicho grupo.

Finalmente, las bases de apoyo zapatistas manifestaron que quieren "trabajar tranquilos", y que exigen "el retiro inmediato de las tierras recuperadas de estos grupos priístas". Demandan "que nos respeten, así como nosotros los respetamos".

Por su parte, las organizaciones civiles de derechos humanos expresan "preocupación" ante los hechos, y exigen a las autoridades involucradas poner fin al hostigamiento. "Consideramos que esta situación es resultado directo de la falta de reconocimiento de los acuerdos de San Andrés en la Carta Magna, y demandamos el respeto al derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas plasmado en el Convenio 169 de la OIT, y materializado en la juntas de buen gobierno", concluyen.