OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA EDUCACION

Comunicado No. 109

"Compromiso" por la calidad

Incumplimiento de los firmantes

Directores y supervisores, sin concurso de oposición

EL 8 DE AGOSTO DE 2002 se formalizó el Compromiso social por la calidad de la educación. Diversos actores sociales acudieron a la firma del documento que constituía una poderosa alianza vinculada por la comunión de un interés nacional: elevar la calidad de la educación. Al día siguiente Observatorio reflexionaba acerca de sus horizontes (Comunicado 82, 9/8/02). A un año de distancia regresamos al tema, que podría ser, por la potencialidad sectorial e individual contenida en el acuerdo, el inicio de una verdadera transformación educativa.

SUSCRIBIERON EL ACUERDO el presidente Vicente Fox (testigo de honor), la SEP, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), asociaciones nacionales de padres de familia, 31 gobernadores y el jefe de Gobierno del DF, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES), empresarios, legisladores, organizaciones religiosas, editores de periódicos, Televisa, Televisión Azteca y Telmex. Ahí se dijo que "...el gran eje para la transformación educativa en México es mejorar la calidad y la equidad...para lograr una vida digna, productiva y solidaria." En realidad se hablaba del Programa Nacional de Educación 2001-2006 (PNE) que fue concebido con la idea de un gran pacto social.

LA FIRMA DEL COMPROMISO SOCIAL debe cumplir, entre otros objetivos estratégicos, con la ansiada meta de lograr un crecimiento real del presupuesto nacional en materia educativa. El PNE lo había anunciado cuando decía que para alcanzar la meta de crecimiento permanente de recursos, condición necesaria de la equidad y la calidad, era necesario "... fundamentarse en el logro de un consenso social para asegurar el más decidido y amplio compromiso de todos los actores sociales con el desarrollo educativo." En ese tenor, el Compromiso social es entendido como una "... medida coadyuvante para el cumplimiento de los objetivos y acciones que en el propio Programa se establecen".

EL COMPROMISO TRASCIENDE con mucho al PNE en la medida en que se definen políticas públicas específicas para racionalizar y democratizar la distribución de la autoridad educativa. Extraña por eso que ninguno de los actores participantes en la firma recordara, a un año de distancia, el avance de los nobles propósitos signados.

CON EL COMPROMISO SOCIAL el SNTE abandonaba, en un gesto de renacida democracia, su tradicional forma de control corporativo, pues se comprometía: "... a impulsar acciones para alentar la capacitación permanente del magisterio; a fomentar la innovación desde la comunidad educativa e incidir en el fortalecimiento de los perfiles de los responsables de la docencia, la dirección, la supervisión y la jefatura de sector, impulsando medidas para que el acceso a estos cargos sea mediante exámenes de ingreso al servicio y las promociones de los docentes y los directivos se lleven a cabo por medio de concursos de oposición."

CON ESTE ACUERDO HISTORICO los puestos de director, supervisor de zona y jefe de sector o supervisor general representan las aspiraciones y posibilidades profesionales de una carrera magisterial. No obstante, esas aspiraciones y posibilidades se vuelven humo y decepción cuando no son criterios equitativos y racionales los que orientan la distribución de la autoridad, cuando una utilidad política es más relevante que ir a los Centros de Maestros y aprobar los Exámenes Nacionales de Actualización o cursar una buena maestría o un buen diplomado. Estos actores clave sirven para enlazar los objetivos estratégicos de cualquier plan educativo con la compleja realidad que es una comunidad escolar. Encarnan toda la experiencia vital del proceso educativo, conocen el aula y podrían, con esa riqueza, convertir cada escuela en comunidad de aprendizaje. Pero esa meta tiene como condición que jefes de sector, supervisores de zona y directores de escuela adquieran respeto por la dignidad y méritos académicos e intelectuales necesarios para llegar a ellos, es decir, se hacen necesarios auténticos liderazgos académicos en los puestos directivos de la educación básica y no sólo buenos deseos.

LAS FUNCIONES DE LOS PUESTOS de supervisión y directivos, aunque son mayoritariamente técnico-administrativos, se declaran esencialmente técnico-pedagógicos. En ellos reside la viveza que sugiere actividades escolares y programas de actualización permanente, es el académico quien, hipotéticamente, observa si las prácticas docentes son funcionales y acordes con planes y programas de estudio. Son los directores los que definen, en cada escuela, las estrategias para administrar el desarrollo del proyecto escolar y pueden evaluar de principio a fin los procesos de enseñanza y de aprendizaje.

SABEMOS, POR EXCELENTES estudios sobre el tema, que la inmensa mayoría de los supervisores son profesores que estudiaron la normal primaria cuando salieron de la secundaria. Es decir, la mayoría egresó antes de 1984, año en que el gremio magisterial se profesionalizó. Nos encontramos con un sistema educativo que tiene un envejecimiento laboral y profesional en vastas franjas de su territorio de supervisión y dirección. Un dato duro, extraído de las cédulas de Inscripción a Carrera Magisterial (1997-1998), dice que "... 82 por ciento de los supervisores generales y 41 por ciento de los indígenas teóricamente estarían en condiciones de jubilarse, al tener más de 26 años de antigüedad." (Cfr. Beatriz Calvo Pontón, Margarita Zorrilla y Guillermo Tapia García y Silvia L. Conde Flores, La supervisión escolar de la educación primaria en México: prácticos desafíos y reformas, IIPE, 2002, p.57).

FRENTE A ELLO, EL COMPROMISO social del SNTE con la sociedad mexicana resulta de trascendencia fundamental para mejorar la calidad de la educación. Es quizá el único compromiso que puede, a corto plazo, transformar el sistema educativo. Abrir las puertas para que en concursos de oposición, lejos de las convencionales maneras de asignar el cargo, los profesores, directores, supervisores de zona y jefes de sector inicien un paulatino rejuvenecimiento de sus circuitos técnico-pedagógicos. Esa es una tarea urgente que, lamentablemente, hasta ahora no salta de la página del elegante papel membretado.

ES MUY POCO TIEMPO aún para emitir cualquier juicio concluyente, pero en los hechos no se observan medidas políticas o administrativas que nos digan que el compromiso del SNTE está siendo cumplido o que nos anuncien que en el futuro inmediato se cumplirá con los concursos de oposición para supervisores y directivos. Resulta sintomático que Elba Esther Gordillo, líder de la mayoría priísta en la Cámara de Diputados y responsable de la respuesta al tercer Informe de gobierno de Vicente Fox, no haya dedicado ni una línea a considerar el estado de la educación pública en México. Imposible olvidar que se trata de la líder moral del SNTE.

LOS OTROS COMPROMISOS tampoco se han cumplido. Para empezar, el gobierno federal no ha destinado progresivamente más recursos económicos a la educación pública, aunque en el discurso del tercer Informe siga reconociendo que "... constituye el eje fundamental del desarrollo social, cultural, económico, y político de la nación, razón por la cual el Gobierno de la República le confiere un lugar de primera importancia en el conjunto de las políticas públicas." Vale la pena recordar que entre 1995 y 2003, según el Informe escrito, se pasó apenas de 4.2 a 4.5 del gasto federal. Lejos aún del 8 por ciento establecido en la Ley General de Educación para el gasto público en educación, que en 2003 está en 5.5 del PIB (que incluye el gasto federal, estatal y municipal).

LOS MEDIOS DE COMUNICACION, que tanto podrían hacer por el sistema educativo, se comprometieron a "...promover el debate serio y responsable para avanzar en la concreción de una visión de consenso sobre la calidad de la educación... y contribuir en campañas para fomentar el hábito de la lectura..." ¿Qué ocurrió?

LOS MEXICANOS SOMOS TESTIGOS de una televisión comercial que programa diariamente, sin el menor respeto a la inteligencia de los televidentes y muchas veces contra la formación valoral que la escuela enseña y los niños aprenden, una avalancha de mensajes éticos y morales que niegan y contradicen el aprender a convivir que persigue la educación pública de México (Cfr. Pablo Latapí, con la colaboración de Concepción Chávez Romo, El debate por los valores en la escuela mexicana, FCE, México, 2003, pp. 39-44). La Segunda encuesta nacional sobre cultura política y práctica ciudadanas 2003, de la Secretaría de Gobernación, informa que 60 por ciento de los mexicanos utiliza la televisión como medio preferido de información política y que sólo 12 por ciento lee el periódico diariamente para informarse. Es decir, la mayoría de los mexicanos conforma sus juicios políticos a partir de lo visto y escuchado en televisión. Sus prácticas cotidianas están muy alejadas del ejercicio de la lectura. Hasta ahora no vemos un programa televisivo coherente que fortalezca, con cambios radicales en su programación, tanto el consenso para alcanzar la calidad de la educación como el imprescindible hábito de la lectura.

LOS POLITICOS CON REPRESENTACION en el Congreso de la Unión se comprometieron a legislar con responsabilidad "... para garantizar el derecho de los mexicanos a tener una educación de buena calidad." De entonces a la fecha sólo conocimos la polémica y precipitada ley que eleva a obligatoria la educación prescolar. Es una norma que debe ser revisada nuevamente, pues su viabilidad técnica y económica es más que dudosa (Comunicado 103, 12/7/03). Esperamos que la 59 Legislatura no conceda, como la anterior, a los reclamos restrictivos de gasto público de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. De los diputados y senadores depende la aprobación de la cuantía de recursos para la educación, condición necesaria de equidad y calidad educativa.

EN SUMA, A UN AÑO Observatorio refrenda, con el comportamiento de la realidad, las dudas que sobre el acuerdo enunció desde un principio. En particular las relacionadas con la ausencia de una jerarquía de responsabilidades y con la falta de ponderación de los grandes obstáculos económicos y políticos. El acuerdo signado, al margen de la obligatoriedad de la norma jurídica, resultó poco eficiente para enfrentar las negativas inercias del sistema educativo de México. Y con ello aún tenemos un funcionamiento que continúa actuando como un instrumento de exclusión social, en la medida que "...no asegura el derecho a una educación básica de buena calidad para todos."

INTERROGANTES. La SEP no ha informado sobre lo logrado con el Compromiso social en un año, ¿será señal de que ni ella lo toma en serio? Se estima que existen 12 mil supervisores en el país y que sólo son promocionados entre 40 y 80 por año, ¿cuándo y con qué ritmo iniciará el SNTE su política tendiente a renovar los puestos de supervisión y dirección mediante concursos de oposición? ¿Hasta cuándo los medios de comunicación masiva serán instrumentos al servicio de la calidad educativa y la formación valoral y no sus efectivos contrarios cotidianos? ¿Mostrará la 59 Legislatura mayor capacidad en su tarea y una decisión más clara que la anterior para garantizar, en los hechos, los compromisos del Ejecutivo con la educación pública de México?

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