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México D.F. Lunes 20 de octubre de 2003

Carlos Fazio

Seguridad y militarización

Más allá de la "nueva concepción multidimensional" sobre seguridad hemisférica, la conferencia especial que se celebrará en México la semana próxima responde a las necesidades de Estados Unidos de construir un nuevo consenso doctrinario y una óptica militar regional común subordinada a la Estrategia de Seguridad Nacional presentada por el presidente George W. Bush en la Casa Blanca el 20 de septiembre de 2002.

Esa estrategia identifica como enemigos a los estados canallas y grupos calificados genéricamente como terroristas. Los nuevos adversarios no utilizan métodos de ataque clásico y tienen posibilidad de acceder a tecnología de destrucción masiva barata. Contra ellos, al margen del derecho internacional, el Pentágono y la Agencia Central de Inteligencia vienen aplicando la doctrina Bush de guerra preventiva y el asesinato selectivo.

La conferencia se da en el marco de la Organización de Estados Americanos (OEA). Es decir, forma parte de la diplomacia multilateral del sistema interamericano, terminología que desde sus orígenes remite a las relaciones de Estados Unidos con el resto de los países del hemisferio.

En 1961, J. J. Arévalo describió esa sociedad asimétrica como la relación entre "el tiburón y las sardinas". La historia recoge que la política exterior de Washington ha estado regida por un fundamentalismo dogmático basado en el aislacionismo, la doctrina Monroe (1823) y su corolario Roosevelt (1904), con sus contenidos imperialista y hegemónico que limitan de hecho la capacidad de acción de los países latinoamericanos y caribeños.

El Departamento de Estado y el Pentágono han venido actuando en el hemisferio de manera unilateral para salvaguardar los intereses geoestratégicos de Estados Unidos y sus compañías multinacionales, utilizando al sistema interamericano -no siempre con éxito- para aprobar y legitimar sus políticas intervencionistas.

En el último medio siglo Washington ha violado de manera recurrente los artículos 18, 19, 20 y 21 de la Carta de la OEA, al intervenir política, diplomática y militarmente en los asuntos internos de los países de la región y ejercer medidas coercitivas de carácter económico o político en detrimento de la soberanía de otros estados.

En materia de seguridad hemisférica, desde los años 30 del siglo XX la idea de "uno para todos y todos para uno", plasmada luego en el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR), suscrito en la Conferencia de Río en 1947, significó una continentalización de la doctrina Monroe. Desde entonces, el Pentágono ha encabezado constantes procesos de actualización y relaboración doctrinaria y estratégica que, según las diferentes coyunturas y con sus respectivos puntos de continuidad y ruptura, adoptaron la forma de "lucha antisubversiva" (durante las dictaduras militares de seguridad nacional); "guerra a las drogas" (como sustituto del "fantasma comunista") y guerras de baja intensidad (Granada, El Salvador, Nicaragua, Panamá, etcétera) hasta la fase actual de "guerra al terrorismo".

Como constante, de 1947 a la fecha el Pentágono ha venido pugnando por una alianza estratégica militar a nivel continental bajo su mando. Pero la idea de un TIAR operativo, dotado de un ejército multinacional intervencionista, ha sido resistida por cuestiones de soberanía.

Ante tal situación, y sin cejar en su empeño estratégico, Washington ha venido utilizando la táctica de sumar individualmente ejércitos latinoamericanos a sus distintas guerras, "especializándolos" en función de sus prioridades y convirtiendo a cada uno por la vía de los hechos -salvo algunas excepciones- en un "módulo" de una fuerza armada supranacional.

En la actualidad, la doctrina de seguridad continental que busca imponer Washington en la OEA -en un contexto regional de crisis económica, inestabilidad social y desobediencia civil- está indivisiblemente asociada a intereses económicos multinacionales vinculados con el comercio, las inversiones y el control de los recursos naturales de América Latina.

La política de seguridad con eje en el terrorismo es el complemento militar del Area de Libre Comercio de las Américas (ALCA). La transmilitarización de los conflictos sociales a instancias de Washington implica un reforzamiento y una relegitimación del papel doméstico de las fuerzas armadas y los cuerpos policiales militarizados. Esa política, impuesta mediante métodos de presión y chantaje, abarca cursos de entrenamiento conjuntos, "compartir" información de inteligencia, "cooperación" tecnológica castrense y el control de fronteras. Pretende además estimular la venta de armamento, y consolidar y aumentar la presencia del Pentágono en América Latina, manteniendo las actuales bases militares y forzando nuevos enclaves permanentes para sus tropas de despliegue rápido.

Se trata a todas luces de una militarización para la dependencia que podría contener en su seno un nuevo modelo de Estado autoritario para el subcontinente.

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