Permanecen en la cárcel ocho oficiales y un funcionario de Rubén Figueroa

Salen de prisión seis policías implicados en la matanza de Aguas Blancas

Sobrevivientes piden que la fiscalía sobre movimientos sociales reabra las investigaciones

MISAEL HABANA DE LOS SANTOS CORRESPONSAL

Acapulco, Gro., 20 de octubre. Esteban Mendoza Ramos, director general de Gobernación durante el sexenio de Rubén Figueroa Alcocer, confirmó hoy la liberación de seis ex integrantes de la policía motorizada que participaron en la matanza de Aguas Blancas, ocurrida el 28 de junio de 1995, donde fallecieron 17 campesinos.

Aunque las autoridades del penal de Acapulco guardaron silencio sobre el caso, Mendoza Ramos confirmó la salida de los policías que asesinaron a integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur en el vado de Aguas Blancas, presuntamente por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer y del general Mario Arturo Acosta Chaparro.

Entrevistado telefónicamente, el licenciado en letras por la UNAM dijo que los policías Omar Figueroa Meza, Irineo Gatica Rosario y Alfonso Díaz Jiménez fueron liberados el 9 de septiembre, en tanto que José Manuel Rodríguez Pino, Hermilo Tacuba Alonso y Dustano Vargas abandonaron la prisión la madrugada del 9 de octubre.

Inicialmente fueron encarcelados como responsables de la matanza 29 policías; 15 salieron en abril de 1998. Aún quedan en prisión ocho, luego de la liberación de los seis mencionados.

También fueron encarcelados cuatro funcionarios de nivel medio del gobierno de Figueroa Alcocer, entre ellos Mendoza Ramos, quien continúa en prisión. De los otros tres, en julio de 1996 quedó en libertad el delegado de Gobernación en la Costa Grande, Gustavo Martínez; en 1999 salió de prisión el subprocurador de Justicia Rodolfo Sotomayor Espino, y en agosto de 2002 fue liberado el director operativo de la Policía Motorizada, Manuel Moreno González.

En tanto, los campesinos Joviel Rafael Ventura y Gerónimo Hernández Refugio, sobrevivientes de la matanza y actualmente presos, acusados de secuestro y de pertenecer al Ejército Popular Revolucionario (EPR), exigieron castigo para los responsables intelectuales de la acción: el entonces gobernador Rubén Figueroa, además de Antonio Alcocer Salazar, Gustavo Olea Godoy, José Rubén Robles Catalán, Rosendo Armijo de los Santos y el actual senador Héctor Vicario.

En un comunicado dirigido a la opinión pública, demandaron al fiscal especial para crímenes relacionados con movimientos sociales y políticos del pasado, Ignacio Carrillo Prieto, que tome declaraciones a todos los sobrevivientes, lo que no hizo Alejandro Varela Vidales, el fiscal nombrado por el propio Rubén Figueroa y que declaró cerrado el caso.

Detienen a presunto eperrista

En otro orden, la prensa local informó hoy que policías de la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) detuvieron en Ajuchitlán, región de la Tierra Caliente, a Nicanor Cervantes Ríos, presunto miembro del EPR, quien fue trasladado al Campo Militar número uno.

Citando fuentes policiacas, asegura que el lunes 13 de octubre se detuvo en la comunidad de Las Piñas de ese municipio a quien se vincula con el EPR y con la banda de Los Cebos, supuesta célula del EPR a la que se adjudican asesinatos en masa, secuestros, homicidios y ajusticiamientos contra gente vinculada al grupo guerrillero.

Citando fuentes policiacas se afirma que el detenido, junto con su primo Tayde Cervantes, dirige la banda de Los Cebos, que jefatura en esta región el comandante Ramiro u Omar Guerrero Solís, detenido, torturado por policías judiciales y luego trasladado al penal de Acapulco, de donde se fugó a finales del año pasado junto con un grupo de narcotraficantes centroamericanos.

A Nicanor Cervantes Río se le responsabiliza de haber incursionado hace 10 años en la comunidad de Las Cruces, municipio de Coyuca de Catalán, como parte de un grupo armado. En esa ocasión se habrían llevado con ellos a Feliciano Baltazar Hernández, de 82 años; Concepción Vega Pineda, Guadalupe Villa Montúfar y a Elizabeth Segura Peñaloza, quienes fueron asesinados en diferentes puntos.

También se le responsabiliza de haber asesinado a siete policías motorizados en 1995 en Ajuchitlán y llevarse las armas. En 1997 habría integrado un banda de "encapuchados" que asesinó a cuatro miembros de una familia. También se le acusa de narcotráfico.