La desigualdad se ha profundizado desde 1987, cuando se implantó el neoliberalismo

Seis de cada 10 bolivianos viven en la pobreza, según cifras oficiales

El gas sólo fue el catalizador de 20 años de inconformidades, opinan especialistas

XIMENA ORTUZAR ENVIADA

La Paz, 20 de octubre. Bolivia tiene ya su nuevo gabinete, nombrado por su nuevo presidente. Carlos Mesa Gisbert anunció al tomar posesión, el 18 de los corrientes, que integraría un equipo ministerial apolítico.

El domingo por la tarde tomó juramento a sus asesores. Y sobrevinieron las evaluaciones. Para la mayoría de la opinión pública se trata de "personas de buena reputación, capacitadas y confiables." En lo que no hay unanimidad de opiniones es en su "apoliticismo".

John Antezana, jefe de la bancada de Nueva Fuerza Revolucionaria (NFR, que integró la coalición gobernante) en la Cámara de Diputados, sale al paso: "Este gabinete no es tan apolítico como se lo quiere presentar; hay en él militantes de Acción Democrática Nacionalista (ADN) y del Movimiento Bolivia Libre (MBL). Citó concretamente a Alfonso Ferrufino, quien fue candidato a diputado por el MNR -aunque era militante del MBL- por la circunscripción 23, en Cochabamba. Con él me enfrenté y vencí. Ahora está como ministro de Gobierno (Interior) de Mesa. Ojalá que el presidente no haya sido presionado para esta designación."

La situación inédita que vive este país aún no termina de ser asimilada por la población. Diferentes hechos ahondan la confusión.

El nuevo presidente y anterior vicepresidente -es decir, segundo en línea de mando del depuesto presidente-, ganó la vicepresidencia por votación el 30 de junio de 2002, postulado por el Movimiento Nacional Revolucionario (MNR), el partido de Sánchez de Lozada, pero marcó distancia de ambos el 15 de los corrientes, cuando el número de muertos por la guerra del gas superaba los 70.

Inmediatamente después de que Mesa tomó posesión, el MNR se declaró opositor.

Otro punto que no queda del todo claro es la mantención en sus cargos a los altos mandos militar y policial, y la evaluación que de las acciones represivas recientes han hecho tanto Mesa como esos altos mandos.

Al cabo de 14 meses, Mesa no estuvo de acuerdo con la forma en que el gobierno -que él integró- manejó la última crisis -porque hubo otras anteriores- y enfrentó la movilización social. Una vez asumido como presidente de Bolivia, Mesa -reconocido por las Fuerzas Armadas como su Capitán General, es decir, autoridad máxima- centró las culpas en el poder político. Dijo: "La responsabilidad final sobre la decisión que se toma es la responsabilidad del poder político y es la responsabilidad del Estado".

El comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, Roberto Claros, dijo a su vez: "La institución castrense en estos casos -de violencia y represión- no actúa por iniciativa propia, sino por decisión y exigencia del poder político, que en su incapacidad de superar estas crisis en el ámbito que les corresponde, acuden en última instancia a las Fuerzas Armadas exponiendo a sus componentes y olvidando que las Fuerzas Armadas son esencia de ese mismo pueblo y su brazo armado para cuando la patria esté en peligro."

Presidente y jefe militar absolutamente de acuerdo.

Bolivia, ¿cuál de ellas?

Mientras Cochabamba reinicia el retorno a la normalidad, preguntamos a algunos de sus habitantes qué esperan del nuevo gobierno.

Un consultado responde: "Bueno, este gobierno tan nuevo no es. Porque Mesa ya estaba en él desde hace más de un año. De esperar, en realidad no espero mucho. Sólo desearía que sepan llevar las cosas con más calma."

Y al preguntar qué esperan para Bolivia, otro consultado responde contra preguntando: "En primer lugar, ¿de cuál Bolivia me habla?"

Hay que ser más precisos. Nos abocamos entonces a afinar el tema y recabamos información actualizada acerca del o los países que conocemos como Bolivia.

El Centro de Estudios para el Desarrollo informa: 20 por ciento de la población más rica de este país concentra 54 por ciento del ingreso total; en el otro extremo, el 20 por ciento más pobre se reparte apenas el 4 por ciento.

Las cifras de la desigualdad se han profundizado en los años del neoliberalismo, implantado a partir de 1987. El desempleo también.

Seis de cada 10 bolivianos viven en la pobreza o en la extrema pobreza. El ingreso promedio diario es inferior a un dólar. En el sector rural las cifras son dramáticas: nueve cada 10 campesinos son pobres o indigentes.

Vale reiterar que el Fondo Monetario Internacional (FMI) presionará a este gobierno, como lo hizo mientras lo encabezaba Sánchez de Lozada, para ajustar el déficit fiscal del producto interno bruto. Los especialistas afirman que dicho déficit alcanzará al 8 por ciento. Y que el ajusto lo pagarán, una vez más, los de menores ingresos.

Hay al menos dos Bolivia para sus habitantes. Y son profundamente diferentes.

En este contexto, la venta de gas natural a Estados Unidos y México, pasando por Chile, fue un elemento más en el hartazgo más que el punto nodal del conflicto entre fuerzas vivas y gobierno.

Lo que estalló fue la acumulada desconfianza frente a las privatizaciones y a la inversión extranjera. Sánchez de Lozada en su primer gobierno (1993-1997) había minimizado el papel del Estado en la economía, vendiendo empresas públicas y generando una concentración de la riqueza que analistas especializados califican de "obscena", mayor desempleo y un deterioro notable de las condiciones de vida del sector más pobre.

Un editorial de la revista boliviana Punto Final señala: "Lo que hizo aquella agenda neoliberal fue no sólo ahondar la brecha social presente, sino poner al descubierto la estructura histórica de la economía boliviana, de la cual los indígenas son la memoria viviente".

Al respecto, el analista Javier Gómez Aguilar puntualiza: "El reclamo indígena es que el Estado los tenga en cuenta. Aunque son mayoría, nunca han sido incluidos y se los despreció. Y esto es lo que aflora (en la reciente crisis). El Estado actual no representa a la burguesía, que ya no existe de tan extenuada que está, sino al gran capital extranjero".

Las protestas antineoliberalismo comenzaron en Bolivia en el año 2000, cuando el presidente Hugo Bánzer -elegido después de haber gobernado de facto entre 1971-1978- quiso profundizar lo hecho por su antecesor, Sánchez de Lozada.

"El gas es un pretexto, es el catalizador de las protestas", opina Carlos Toranzo, director del Instituto Latinoamericano de Estudios Sociales (ILDES) en Bolivia. Concuerda con esta apreciación Sacha Llorenti, vicepresidente de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos en este país, la que dice: "El gas puede ser la gota que rebase el vaso de los conflictos que se han ido acumulando en los últimos 20 años."

Las reservas del gas natural de Bolivia se calculan en 53 billones de pies cúbicos y sólo son superadas por las de Venezuela. Comercializadas hacia el exterior podrían redituar a las arcas fiscales mil 500 millones de dólares anuales por concepto de regalías e impuestos. Cabe recalcar que el PIB boliviano es de un poco más de 8 mil millones de dólares.

Acorde al proyecto -por ahora fallido- de Sánchez de Lozada, el gas que Bolivia vendería Estados Unidos y México sería manejado por el consorcio multinacional Proyecto Pacífico LNG.

Los defensores de la venta afirman que Bolivia podría abastecer de gas a California durante los próximos 20 años sin consumir más que 13 por ciento de sus reservas y recibir a cambio más de 20 mil millones de dólares, descontados ya los 6 mil millones que demanda la construcción del gasoducto indispensable para llevar el gas hasta un puerto chileno, según el plan ahora en suspenso.

Pero los bolivianos más desposeídos -indígenas y campesinos, que representan el 75 por ciento de la población- sufrieron ya la "década perdida" de 1980 y la del "asalto al Estado" de 1990. No creen ya en "milagros" ni quieren más experimento. Y lo hicieron sentir.

Mesa prometió rediseñar la Ley de Hidrocarburos y convocar una Asamblea Constituyente para refundar Bolivia.

De la inclusión o no de ese 75 por ciento de la población en el nuevo diseño de país y en la distribución justa del ingreso dependerá en gran parte el fututo de Bolivia.