Continuará por separado los procesos penales por fraude iniciados por 34 afectados

No descarta la PGJDF el cateo de las instalaciones de la empresa PubliXIII

Buscará que la compañía cuente con las unidades suficientes para resarcir daños: fiscal

SUSANA GONZALEZ G.

Las 34 denuncias por fraude interpuestas en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF) contra la empresa PubliXIII seguirán procesos penales por separado porque, además de que así se iniciaron, las partes acusada y afectada pueden llegar a un arreglo antes de que las autoridades consignen el expediente ante juzgados, afirmó Jorge Camacho López, titular de la Fiscalía de Delitos Financieros de la dependencia.

Las acusaciones contra PubliXIII, precisó, se refieren en su mayoría al retraso en la entrega de vehículos a los clientes y los montos reclamados son en promedio de 30 mil pesos, por lo que no se consideran delitos graves.

Aun cuando en cada denuncia el Ministerio Público acredite el delito de fraude y solicite orden de aprehensión contra José Luis González González, accionista de PubliXIII, o bien contra Alan Meza Lozada Garay y Christopher Leyva Cortés, apoderados de la empresa, todos pueden obtener su libertad bajo fianza, porque al igual que el amparo es un derecho que otorga la Constitución, dijo el fiscal en entrevista.

Sin embargo, acotó que "la libertad caucional implica en uno de sus apartados garantizar la reparación del daño; sus obligaciones procesales, que quiere decir que el acusado acudirá a juicio, y por último la sanción pecuniaria que pudiera enfrentar en caso de resultar responsable. No significa que no vaya a seguirse un proceso en su contra, sino que pueden seguirlo en libertad".

Tampoco descartó la posibilidad de solicitar órdenes de cateo contra PubliXIII para verificar si el parque vehicular con el que cuenta es suficiente para satisfacer el número de contratos signados con sus clientes, pero agregó que sólo sería un elemento más de la investigación.

-¿No se pueden juntar todos los casos para pedir una sanción mayor?

-En términos globales son fraudes diversos y no podemos hablar de otra circunstancia. Cada fraude tiene su propia punibilidad en términos del monto. Cuando acumulamos 10 o 15 expedientes, el término de su resolución es mucho más alto que aquellas donde solo manejamos dos o tres querellantes. Entonces, lo que siempre hemos buscado es dejar sentado en la averiguación previa que existen otros diez o quince casos más contra el mismo acusado.

A esto se agrega que por tratarse de delitos de querella, habrá muchos casos en que los afectados prefieran un acuerdo con la empresa para que les devuelvan su dinero o cumplan con lo estipulado, y de esta manera conceden el perdón. "Como obligación del MP debemos llevar a cabo una etapa conciliatoria, en la que, por supuesto, ambas partes podrían desistirse."

El monto de la mayoría de las denuncias mencionadas no superan los 45 mil pesos -sólo en un caso tres querellantes reclaman 585 mil por unas camionetas- y, con excepción de dos interpuestas en la sede de la procuraduría, todas fueron iniciadas en las fiscalías desconcentradas que la PGJDF tiene en las delegaciones Benito Juárez, Venustiano Carranza, Cuauhtémoc y Alvaro Obregón, pero al final todas fueron enviadas a la Fiscalía de Delitos Financieros una vez que se detectó que la empresa acusada era la misma.

"El artículo 28 del acuerdo 03/99 de la PGJDF establece que nuestra fiscalía conocerá de los fraudes y abusos de confianza cuyos montos superen los 15 mil salarios mínimos, y -aunque no es el caso en estas denuncias- también nos dice que cuando existen bases para considerar que estamos ante la posibilidad de que alguien haya defraudado a cinco o 10 personas, tenemos competencia para conocer e investigar el caso, como concretamente ocurre con la empresa PubliXIII."

Camacho López previó que al hacerse publica la insatisfacción de los clientes de PubliXIII, que también se ha reflejado en las más de mil 500 quejas ante Profeco, en los próximos días se incrementará el número de denuncias ante la PGJDF, como en su momento ocurrió contra el empresario inmobiliario Romo Alcántara, quien en un principio tenía 10 querellas en su contra, que luego se incrementaron hasta 173.

Puntualizó que las denuncias contra PubliXIII, podrían hacerse extensivas contra otros accionistas y ejecutivos de dicha empresa, toda vez que la investigación judicial "tiene que irse abriendo a todos aquellos que hayan participado en una conducta ilícita, si es que tenemos conducta ilícita".