Estudio en EU

Legalizar el aborto reduce el crimen

MIRNA SERVIN VEGA

Ante el planteamiento de que la legalización del aborto contribuye a disminuir la delincuencia en las ciudades -hecho por el investigador estadunidense John Donohue, especialista en políticas de control del crimen y seguridad pública-, expuesto en el foro Criminalidad y aborto, que se realizó en el Museo de la Ciudad de México, la perredista Rosario Robles sostuvo que saldría más barato auspiciar estudios de investigación que analicen las causas sociales de la criminalidad en lugar de contratar asesorías como la del ex alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani.

Respecto de la idea de que en los lugares donde hay un menor número de niños no deseados hay menor delincuencia, la ex jefa de Gobierno del Distrito Federal dijo que también es necesario impulsar desde los gobiernos políticas de equidad que disminuyan la delincuencia.

Dijo ser partidaria de atender primero las causas sociales que originan la delincuencia y aclaró que ésta es una visión que comparte el gobierno perredista.

Apuntó que además de la despenalización del aborto se necesita promover políticas educativas y preventivas para evitar el embarazo no deseado.

Al dictar su conferencia, Donohue explicó que evidencias estadísticas realizadas durante sus investigaciones en Estados Unidos mostraron que los cinco estados de ese país que en 1970 permitían el aborto experimentaron disminuciones en la criminalidad más pronto que el resto de la nación, que empezó a legalizar este procedimiento en 1973, ya que "los niños no deseados son más propensos a cometer crímenes que los que sí son deseados".

Aclaró que los resultados expuestos no son ideológicos, sino resultado de un estudio que no se hizo para mostrar que abortar niños es el mejor método de prevención del crimen, sino que aquellos que no son deseados son más vulnerables a caer en situaciones que los coloquen en riesgo de cometer delitos.

En la conferencia convocada por las siete asociaciones integrantes del Foro Nacional de Mujeres y Políticas de Población participaron también Patricia Mercado, Bárbara Yllán, encargada de la subprocuraduría de Atención a Víctimas de Delito de la PGJDF, y la diputada federal Lizbeth Rosas, de la Comisión de Seguridad Pública de la Cámara de Diputados, quienes coincidieron en la necesidad de despenalizar el aborto, ya que el castigo a esta práctica se puede convertir en un factor criminógeno.