Ricardo García Sáinz

La revisión del contrato del IMSS, comedia de grandes equivocaciones

El 42 Congreso Nacional Ordinario del Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS) acordó el jueves 9 de octubre dentro del proceso de revisión de su contrato colectivo, aceptar el aumento convenido de 4 por ciento al tabulador de sueldos y 1.25 por ciento en prestaciones, resultado de las negociaciones llevadas a cabo por la comisión revisora.

La dirección general se negó a firmar. Pretendió condicionar la revisión del contrato colectivo a la modificación del Régimen de Jubilaciones y Pensiones (RJP) en los términos decididos por el doctor Santiago Levy, lo que provocó la negativa de los trabajadores y el problema permaneció sin solución.

El miércoles pasado, no obstante la presión que el gobierno federal aplicó sobre el sindicato y su secretario general por conducto de la Secretaría del Trabajo, Levy tuvo que recular y cuatro horas antes del estallamiento de la huelga la revisión se firmó exactamente como había sido ya aceptada, con el aumento convenido de salarios y prestaciones y el compromiso de revisar, es decir, analizar, discutir, proponer y convenir las modificaciones al RJP en marzo del próximo año.

El fallido esfuerzo del gobierno por imponer unilateralmente y por sorpresa una reforma al régimen de jubilaciones de los trabajadores del IMSS, obligando al secretario general a aceptarlo, tiene graves consecuencias que rebasan los límites de una revisión contractual y agudizan un problema nacional, a mi juicio el más importante desde el punto de vista social y de finanzas públicas en esta etapa.

El RJP de los trabajadores del IMSS es sólo uno de los muchos regímenes de jubilación por años de servicio que están vigentes en varias otras de las grandes empresas e instituciones nacionales, tales como Pemex, Comisión Federal de Electrcidad, Luz y Fuerza del Centro, banca de desarrollo, universidades públicas del país, e ISSSTE estatales, que representan pasivos laborales que ponen en riesgo no sólo su estabilidad financiera, sino la del país en su conjunto.

La sorpresiva propuesta, que no corrige la insostenible situación del IMSS, alerta y unifica al resto de los sindicatos que serán afectados y establece de la manera más torpe un piso de negociación que no resuelve el problema.

La propuesta de Levy no toca la edad de jubilación de los actuales trabajadores ni varios de los otros elementos que determinan el desequilibrio provocado por el cambio en las expectativas de vida y por concesiones cedidas equivocadamente.

Diferir la revisión del régimen hasta marzo es dejar intacta su vigencia, es una revisión "sin dientes", es una revisión sin que puedan exigirse modificaciones por la empresa ni por los sindicatos.

La propuesta gubernamental escoge el camino fácil de afectar a los futuros trabajadores difiriendo la solución de fondo hasta dentro de 40 años y confirmando los pasivos hoy existentes y sus anunciadas catastróficas consecuencias.

La propuesta gubernamental se antoja como el camino elegido para la desaparición de las empresas públicas y de las instituciones nacionales.

El fracaso de la revisión al Régimen de los trabajadores del IMSS hace también inviable desde mi punto de vista la reforma a la Ley del ISSSTE que la Secretaría de Hacienda pretende enviar al Congreso de la Unión. Después del tamaño de la movilización provocada por la revisión del IMSS, es imposible intentar reducir las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado por la vía del nuevo invento del bono de reconocimiento que reduce las pensiones a los trabajadores en activo, entregar su ahorro a las Afore y por omisión el deliberado deterioro de los servicios de salud. La iniciativa presidencial no podrá ser aprobada y seguramente su fracaso será usado como un ejemplo más de que fuerzas oscuras no dejan gobernar a la pareja presidencial.

La torpe revisión ya ocurrió y sus efectos inmediatos son inevitables, pero no por ello desaparecen los gravísimos problemas de la destrucción deliberada de la medicina social, de la confirmación de las pensiones indignas y de los regímenes de privilegio no sustentables. Hoy, más que nunca, se requiere de un replanteamiento de gran dimensión que abarque el resurgimiento de la seguridad social a partir de un esfuerzo colectivo que aporte mayores recursos a través de reformas legales consensadas, y establezca un marco nacional de referencia con mínimos y máximos en los montos y derechos de los hoy dispersos y frecuentemente excesivos regímenes de pensiones.

El reordenamiento del problema es imposible lograrlo a través de las revisiones aisladas de los contratos colectivos de trabajo: es necesaria la acción legislativa.