Existen intereses económicos y políticos en torno del asunto, señala el ex regente

Asume Camacho responsabilidad en la expropiación del Paraje San Juan

La decisión se hizo conforme a derecho, afirma Se evitó un conflicto que ponía en riesgo la seguridad de la ciudad, asegura Respalda las posturas asumidas por López Obrador y Ebrard

ENRIQUE MENDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

El ex regente Manuel Camacho Solís asumió ayer la "responsabilidad absoluta" en la expropiación del Paraje San Juan. Justificó que con la medida "se benefició a 10 mil familias y se terminó un conflicto político que ponía en riesgo la seguridad de la ciudad de México". Afirmó que "cometieron un delito" quienes ahora falsificaron documentos para exigir una indemnización al gobierno capitalino.

En conferencia de prensa, el ahora diputado federal por el Partido de la Revolución Democrática (PRD) respaldó la defensa que emprendió el jefe de Gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, para evitar que el erario capitalino desembolse mil 810 millones de pesos que reclaman 10 personas.

También expresó su apoyo al titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), Marcelo Ebrard, quien fuera secretario general de Gobierno durante su gestión al frente del DDF, así como a la denuncia que presentó por la presunta falsificación de documentos en los cuales se reconoce a Arturo Arcipreste Nouvel como legítimo propietario del predio, así como una supuesta deuda con él.

Al conocer los nombres de los ex funcionarios que exigen el pago de ese dinero, Camacho Solís acotó que ninguno de ellos tuvo "un cargo importante" durante su administración en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. "Ni los conozco. Hay más de 200 mil personas en el gobierno. Ninguno de ellos fue funcionario, ni siquiera los puedo identificar", dijo.

Afirmó que si bien el decreto expropiatorio lo firmó el ex presidente Salinas, la responsabilidad es suya. "Se sabe que tuve una ruptura permanente con Salinas desde hace más de 10 años, pero no voy a montarme en esa diferencia política para decir: 'šah, eso pregúntenselo a Salinas!' No, yo le llevé el decreto para resolver un conflicto social.

"De tal manera que yo me hago responsable, (porque) en un gobierno de gabinete sus integrantes asumen la responsabilidad de lo que le llevan a los presidentes, y no como en uno de burócratas, donde todo mundo se ampara con el de arriba para no asumir su responsabilidad."

El legislador del PRD afirmó que la expropiación de los terrenos "se hizo conforme a derecho", e inclusive deslizó que no sólo existe interés económico en el conflicto, sino político, sobre lo cual no quiso abundar.

Expresó sus dudas sobre la demanda monetaria de los supuestos afectados, pues dijo que el reclamo se da nueve años después de que tomó la decisión de regularizar la propiedad del terreno.

Explicó: "si soy propietario de una cantidad de mil 800 millones de pesos, al día siguiente me voy con un abogado y lo defiendo. Entonces, es evidente que el problema no era la expropiación. Todo indica que es un manejo de otra naturaleza".

El ex regente aseguró que él mismo habría ofrecido una disculpa pública en caso de que se hubiera cometido un error en este caso.

Recomendó que para garantizar disponibilidad de recursos en futuras expropiaciones, el Congreso de la Unión defina una partida en el Presupuesto de Egresos con la cual se constituya un fondo para el pago de indemnizaciones, "que son legítimas y es absolutamente necesario hacer esas regularizaciones".

Por su parte, el también diputado perredista y ex secretario de Gobierno de López Obrador, José Agustín Ortiz Pinchetti, manifestó que la decisión sobre quién tiene la razón toca a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), pero consideró que pagar una indemnización del tamaño de la que se exige "es condenar al fracaso importantes programas para la ciudad".

El legislador demandó a la instancia judicial investigar a fondo "este fraude, porque ya han ocurrido otros que sólo atentan contra el bienestar de nuestra ciudad". Sobre la actuación de la SCJN, afirmó que existen otras instancias para analizar el proceso, en caso de que no exista una respuesta en favor del gobierno capitalino.