No descarta solicitar a Fox que intervenga ante la Corte

Revela Ejecutivo nombres de implicados en fraude

ANGEL BOLAÑOS SANCHEZ

Andrés Manuel López Obrador, jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), no descartó la posibilidad de solicitar al presidente Vicente Fox que pida a la Suprema Corte de Justicia de la Nación designar comisionados especiales para investigar las irregularidades del caso Paraje San Juan, en caso de que el máximo órgano judicial deseche el recurso de reclamación que promovió para defender su legitimación al hacer dicha petición como titular del Ejecutivo local.

"En caso de que se considere pertinente, el Presidente (Fox) sí tiene esa facultad, a lo mejor le hacemos la solicitud. No descartamos nada, vamos a llegar al fondo en este asunto", apuntó.

En la segunda sesión del seminario taller sobre el mal de la corrupción y del influyentismo en México, el mandatario local reveló los nombres de los cinco ex funcionarios involucrados en la "sociedad" que pretende cobrar mil 810 millones de pesos por la expropiación de dicho predio ocurrida hace más de 10 años.

Uno de ellos, Joaquín Patricio Avila Luna, regresó recientemente a la administración pública y es el director de Servicios Urbanos de Area B en la delegación Coyoacán, que encabeza Miguel Bortolini, la cual ocupa desde el 1^O de octubre pasado.

Bortolini aseguró en entrevista que lo contrató por su currículum, ya que tenía experiencia en el servicio público; sin embargo, en los archivos de la administración de personal del GDF su historial señala que fue dado de baja en 1991 por "notas malas", al "no desempeñar bien su trabajo".

En su conferencia de prensa -convertida prácticamente en aula de clases, en la que no faltó el alumno que llevó manzana al maestro-, López Obrador respaldó la aclaración del secretario de Seguridad Pública, Marcelo Ebrard, sobre la falsificación de su firma en un documento fechado en marzo de 1993, en el que se acredita como único propietario del predio Paraje San Juan a Arturo Arcipreste Nouvel.

"Es que hay una constante en todo el proceso, que es la falsificación de documentos, de firmas y de sellos, y entonces cuando él dice (Ebrard) que le falsificaron su firma, es creíble."

Nuevamente defendió al ex regente Manuel Camacho Solís, a quien se refirió como "gente honrada", y deslindó de posibles omisiones en el procedimiento a Cuauhtémoc Cárdenas, quien en calidad de jefe de Gobierno emitió, a diez años de la expropiación, el 6 de agosto de 1999, la declaratoria de liberación de escrituras, contra la que Arcipreste se amparó para reclamar la indemnización.

"No puedo decir que fueron unos irresponsables, que no analizaron lo irregular de todo el proceso los regentes o jefes de Gobierno, no lo puedo decir, inclusive no puedo siquiera culpar a los jueces, que tienen que ver con el Poder Judicial, porque ellos sólo vieron papeles; es hasta ahora que nosotros nos metemos al detalle", explicó.

Los otros empleados del ex Departamento del Distrito Federal -aunque el jefe de Gobierno aclaró que aún con la investigación pudiera tratarse de homónimos- implicados son: Roberto Cárdenas Cárdenas, quien desde el 18 de enero de 1984 desempeñó el cargo de subdirector de Normatividad de la Dirección de General de Apoyo al Desarrollo Delegacional.

Roberto García Valadez, quien del 2 de noviembre de 84 al 15 de febrero de 85 fue oficial mecanógrafo E del Ministerio Público.

Rafael Castillo Ruiz, quien del 1^O de enero de 1971 al 31 de mayo de 1979 fue secretario auxiliar D en la Secretaría General de Gobierno.

José Martínez Carrillo, quien en diciembre de 1976 ingresó como jefe F de sección de Inspección y reglamentos de la delegación Iztapalapa, donde causó baja menos de dos meses después, al ser detenido por agentes de la Dirección General de Investigaciones para la Prevención de la Delincuencia. Seis años después, el 1^O de julio de 1983, reapareció como asesor de la Unidad de Proyectos de la jefatura del Departamento del Distrito Federal, cargo al que renunció el 16 de enero de 1984.