Estadio de Jaguares

Acusan a Pablo Salazar de desviar fondos municipales

ELIO HENRIQUEZ, GUADALUPE LOPEZ Y FERNANDO LOPEZ CORRESPONSALES

Walter Hernández González, padre del alcalde de San Cristóbal de las Casas, Enoch Hernández Cruz, reveló en un periódico de su propiedad que el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía utilizó recursos destinados a varios municipios para la construcción del estadio de futbol Víctor Manuel Reyna, donde juegan los Jaguares de Chiapas, equipo de primera división.

La revelación hecha el miércoles en el diario Siglo XXI causó revuelo, ya que el padre del edil acusa al mandatario de ser "un pillo, sinvergüenza" y de gastar el dinero "en pendejadas". La publicación fue retomada este jueves por el diario local La Foja Coleta, parte de cuya edición fue comprada por el alcalde para evitar que circulara.

Hernández González publicó que Pablo Salazar, "con esa habilidad que tiene para convencer a los presidentes municipales", obtuvo que "parte de la participación que le corresponde a cada ayuntamiento fuera destinada para la rehabilitación del estadio de futbol Víctor Manuel Reyna, (y ello) ha motivado que muchos ediles tengan a su municipio en la pobreza".

La publicación llamó más la atención porque el gobernador ha brindado respaldo político al alcalde, fundador del periódico que ahora dirige su padre, quien ha sido cuestionado por los ocho regidores que a principios de este mes pidieron al Congreso local la desaparición de poderes en San Cristóbal con el argumento de que el edil que llegó al poder impulsado por el Partido Alianza Social "ha violado la ley y cometido graves irregularidades administrativas".

Licencia a edil veracruzano

El Congreso local autorizó al presidente municipal de San Juan Evangelista, el perredista Cirilo Agüero Coello, licencia para separarse del cargo en forma definitiva para afrontar una denuncia penal que tiene en su contra en la Procuraduría de Justicia del estado por presunta desviación de recursos por 11 millones 500 mil pesos.

Durante la revisión de la cuenta pública de 2001, realizada por el Organo de Fiscalización Superior, y luego del análisis efectuado por la Auditoría Superior de la Federación, se supo que se emitieron 56 cheques para gastos no autorizados, con cargo al fondo para la infraestructura social municipal, por 2 millones 123 mil pesos, así como 105 del fondo de aportaciones para el fortalecimiento de los municipios, por 3 millones 914 mil. Esos montos son parte de los 11 millones 500 mil pesos presuntamente desviados por el edil.

Por su parte, la regidora de Torreón, Consuelo Rivas Gleasson, solicitó la intervención de la Contraloría de Coahuila para investigar el supuesto tráfico de influencias y la violación a la Ley de Responsabilidades Públicas en que habrían incurrido el alcalde panista Guillermo Anaya Llamas y varios de sus colaboradores, quienes se han asignado obras sin licitación por casi 100 millones de pesos.

La petición se formalizó este viernes, luego de que la Contraloría municipal determinó eximir de responsabilidades al director de Desarrollo Urbano, Eduardo Jiménez Saracho, a quien se le comprobó haber autorizado obras y ejecutarlas con su empresa, siendo ya funcionario público.