León Bendesky

Otro IFE

Ahora que se renueva la presidencia y el consejo del Instituto Federal Electoral (IFE) es tiempo de replantear a fondo esa parte del sistema político y de la gestión de la democracia en el país. El IFE ha cumplido una tarea relevante al arreglar un gran desperfecto de las elecciones y hacer que se pueda votar en prácticamente todas las localidades, que los sufragios se cuenten y que se admitan los resultados de los comicios.

Esto da, sin duda, más certeza al proceso mediante el cual se elige a quien gobierna y a quienes representan a la población como legisladores en el nivel federal. Pero esa es sólo una porción de lo que significa vivir en un entorno democrático, y no es menor: se trata de una condición necesaria, aunque no suficiente. El sistema electoral requiere de la legitimidad que le ha dado la entidad responsable de la organización de las votaciones, así como de su validación, pues con ello se ha acrecentado la credibilidad del ejercicio del sufragio. Ningún sistema es perfecto, como se comprobó en las disputas surgidas en el estado de Florida en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2000.

Parte de la reforma que llevó a la creación del IFE estaba sustentada en la necesidad de liberar el proceso electoral de su dependencia directa del gobierno, pues éste hacía de juez y parte. El IFE está concebido como un órgano ciudadano, pero no es muy claro lo que esto significa como forma de representación efectiva, precisamente, de los intereses de los ciudadanos.

La falta de claridad se pone de manifiesto en el momento en que los partidos se diputan los puestos de dirección del instituto. Y es en verdad una disputa en la que se dice que a tal o cual partido le "corresponden" tantas posiciones en el consejo e, incluso, que los coordinadores legislativos de los partidos negocian la lista de los aspirantes. Si el IFE es una organización ciudadana debería claramente responder a otras características en su conformación y en su funcionamiento, no a los intereses de los mismos que se disputan los puestos de elección. Una cosa es que cada partido tenga un representante en el IFE y otra es que propongan al presidente y a los consejeros. Esta condición que prevalece en el jaloneo que presenciamos es una confusión que atenta contra la legitimidad que entraña la existencia de esa institución.

Las personas que se consideran ahora para los cargos que quedan vacantes pueden ser todas aptas y solventes para ocupar esos lugares, eso sería motivo de otra discusión. Pero distan mucho de encarnar los intereses ciudadanos por la misma razón de que están ligadas no sólo con las conveniencias partidarias, sino que en muchos casos lo están de modo inmediato con algunos líderes partidistas o han desempeñado altos cargos públicos que involucran ciertas relaciones de poder. Todos provienen de intereses políticos claramente identificables, que no son necesariamente los de la ciudadanía a la que deben representar. Así, el IFE parece convertirse en otra dependencia pública que sirve para repartir puestos y ocupar posiciones políticas e incluso en una nueva fuente de canonjías y privilegios, lo que es contrario a su supuesta naturaleza ciudadana y al mismo sentido de la democracia que dice expresar.

Del propio IFE están saliendo propuestas de reforma al sistema electoral que tienen que ver con aspectos como el origen y el monto del financiamiento de los partidos, ya sea público o privado, una mayor capacidad de fiscalización de la autoridad electoral, la duración y vigilancia de las campañas políticas, la responsabilidad legal de los partidos que pierden el registro o el derecho al voto de los mexicanos que viven fuera del país.

Pero lo que requiere igualmente de una reforma es el propio orden institucional del IFE. La burocracia y el peso administrativo de este organismo son enormes, sobre todo cuando los periodos electorales están señalados en la ley y bien identificados en el calendario. La estructura administrativa debe ser lo más eficientemente y ligera posible, y los responsables de organizar y vigilar la elecciones, incluyendo a muchos de los funcionarios medios, el presidente y los consejeros no tienen por qué dedicar a esa función todo su tiempo ni representar un costo tan elevado para la sociedad, por los salarios que devengan y las prestaciones de las que disfrutan, como se puede advertir fácilmente en las asignaciones que se hacen cada año en el presupuesto federal.

La democracia no debe ser motivo de esa carga, pues eso se convierte en un elemento que enturbia su propia esencia. La manera como funciona hoy el IFE y el jaloneo que provoca entre los partidos deja fuera a los ciudadanos y es contraria al espíritu republicano del cual supuestamente proviene.