Solicitan al Congreso una relación de los bienes a los que tuvieron derecho

Ex diputados priístas de Guanajuato piden investigar manejo de recursos

La legislatura local rechaza dar detalles sobre el dinero destinado a la fracción del PRI

MARTIN DIEGO CORRESPONSAL

Guanajuato, Gto., 27 de octubre. Debido a la falta de claridad en el manejo de los recursos entregados a la fracción priísta en la pasada legislatura local, ex diputados del tricolor pidieron a la Dirección de Administración del Congreso de Guanajuato una relación de bienes e inmuebles enajenados para su trabajo legislativo, con la intención de esclarecer supuestos malos manejos que se imputan a su ex coordinador de bancada, el actual vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados federal, Francisco Arroyo Vieyra.

A partir de que personal de apoyo reclamó el pago de dos meses de salario, y finiquitos correspondientes a los tres años que laboraron con los ocho diputados estatales del PRI, surgieron dudas respecto a cómo manejaron Arroyo Vieyra y su operador financiero, Juan Carlos Salazar Herrera, la bolsa de casi 100 mil pesos mensuales para gastos del grupo parlamentario a través de la cuenta personal número 803013764 de Banorte.

En un oficio fechado el 18 de septiembre pasado, los entonces legisladores priístas solicitaron al director general de Administración del Congreso del estado, José de Jesús Bernal Castillo, "un informe relacionado con las percepciones recibidas desde el inicio de la legislatura, percepciones que recibió la fracción parlamentaria del PRI, relación de nombres y percepción de los asesores y empleados que laboraron durante los tres años de legislatura, y relación de muebles e inmuebles, vehículos, teléfonos y radios de comunicación, mobiliario y equipo" que se proporcionaron a los diputados.

Ese mismo día se convocó a sesión a los integrantes de la Comisión de Administración del Congreso de la actual 59 Legislatura de Guanajuato, que presidió la diputada panista Karen Burnstein Campos, quien determinó contestar a los inconformes. Así, mediante el oficio 172/03, con fecha del 26 de septiembre, Bernal Castillo dijo al ex diputado local Antonio Osornio Cuadros que la petición que formuló su bancada no era procedente, "toda vez que la información financiera se maneja por medio del coordinador del grupo parlamentario".

El corresponsal de La Jornada en Guanajuato solicitó información respecto a cómo fueron ejercidos los recursos destinados a la labor legislativa de la fracción priísta, pero una secretaria del Congreso local argumentó: "la información que pide está clasificada".

En una emisión radiofónica, el ex diputado Francisco Israel Pardo García -bajo cuya responsabilidad estuvo el proceso de entrega-recepción del estado financiero del grupo parlamentario priísta- dijo ignorar si su coordinador de fracción incurrió en malos manejos. "Lo que sé es que el diputado Arroyo manejaba unos 100 mil pesos mensuales que, por 36 meses, dan un total de 3 millones 600 mil pesos, y lo que informó el diputado cuando se retiró al Congreso de la Unión fue que todo estaba cubierto, pero han salido algunas cuentas que no están finiquitadas, sobre todo el pago a personal de apoyo", dijo.

En otro documento al que tuvo acceso La Jornada se acotó, además, una deuda de la bancada del PRI con la ex diputada local Ana Fabiola Rionda Orlenas, quien fue sometida a una cirugía y, pese a la partida de 58 mil pesos mensuales para cubrir gastos médicos de los legisladores, no recibió apoyo económico.

Asimismo se confirmó que Eugenio Trueba Olivares e Ignacio Navarro, empleados del jurista y ex diputado Miguel Montes García, percibían un salario como asesores del grupo parlamentario, pero según un ex legislador que solicitó anonimato, "nunca se presentaron cuando los necesitamos, siempre que los requeríamos el diputado Montes decía 'pregúnteme, Ƒpara qué los molesta si aquí estoy yo?'; eso nos hace dudar de muchas cosas". El informante destacó que "cuando el diputado Martín Ortiz renunció al partido, las prerrogativas del legislador las peleó Arroyo, así que siempre recibió los apoyos para nueve diputados aunque ya éramos ocho".

Ante esta situación, el presidente del Colegio de Abogados de Guanajuato, Luis Sandoval Ascencio, planteó la posibilidad de enviar una propuesta al Congreso de Guanajuato, apoyándose en la nueva figura de la iniciativa popular, para que los diputados transparenten el uso de las prerrogativas a las que tienen acceso, hagan pública la lista de sus asesores y se cree una figura que fiscalice el comportamiento de los legisladores, porque "aunque existe la declaración patrimonial, eso es una vacilada, quien quiere hacer tranzas las hace y ya".