Primero se debería "regularizar la estancia de 4 millones de mexicanos indocumentados"

Prevén congresistas de EU oposición a las visas temporales para trabajadores

GEORGINA SALDIERNA, JOSE GALAN Y ROSA ELVIRA VARGAS

Antes de comenzar un programa de trabajadores huéspedes que puedan laborar en Estados Unidos de manera temporal, primero hay que pensar en regularizar la permanencia de 4 millones de mexicanos que se encuentran en ese país de manera indocumentada, señalaron ayer legisladores estadunidenses.

Luego de dialogar con el secretario de Relaciones Exteriores, Luis Ernesto Derbez, consideraron que un acuerdo migratorio que sólo otorgue visas temporales para trabajar en el vecino país del norte tendrá mucha oposición interna.

Según los legisladores, las bases políticas para establecer un convenio en materia de migración están comenzando a dar la vuelta, por lo que consideraron viable la regularización.

Phyllis Gutiérrez, integrante de la Cámara de Representantes; Fabián Núñez, Bonnie García y Marco Antonio Firebaugh, asambleístas por California; Rick Noriega, representante de Texas, y Gilbert Cedillo, senador por California, refirieron que en el Congreso de su país hay varias iniciativas sobre el tema migratorio, lo que habla de un cambio entre los políticos y funcionarios estadunidenses, quienes habían estado concentrados en el asunto del terrorismo tras los ataques del 11 de septiembre de 2001.

Sin embargo, advirtieron que existe la posibilidad de que nada pueda concretarse, por el proceso electoral que se avecina. Lo que es claro, aseguraron, es que "George W. Bush quiere ayudar a los latinoamericanos".

En conferencia de prensa destacaron que los indocumentados mexicanos son explotados en Estados Unidos, por lo que se requiere la presencia del gobierno de México para auxiliarlos.

Destacaron que los connacionales viven allá en condiciones precarias. Se estima que la pobreza entre este grupo de migrantes se ha incrementado 38 por ciento, y es que los jefes de familia no ganan lo suficiente para satisfacer sus necesidades básicas.

Países miembros se comprometen a cooperar para garantizar la paz en la región

Terrorismo, pobreza y exclusión social, graves amenazas para el hemisferio: OEA

ROSA ELVIRA VARGAS, JOSE GALAN Y GEORGINA SALDIERNA

Al ubicar en el terrorismo una grave amenaza a la seguridad, así como en la pobreza extrema, la exclusión social de amplios sectores de la población, los desastres naturales y las enfermedades epidemiológicas, la Declaración sobre seguridad de las Américas concilia las visiones de Estados Unidos y de América Latina sobre los desafíos que actualmente existen para la paz de la región.

Aprobado sin modificaciones sustanciales por los integrantes de la Organización de Estados Americanos (OEA) durante la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica, el documento presenta un nuevo concepto sobre la seguridad, de tipo multidimensional, en el que se incluyen los tradicionales y los nuevos retos a la tranquilidad.

Como parte de la declaración, los miembros de la OEA se comprometen a cooperar para enfrentar las amenazas a la seguridad, pero se da libertad a cada Estado para identificar sus propias prioridades de seguridad y definir estrategias, planes y acciones para hacer frente a los retos que impone la nueva situación imperante en el mundo.

La colaboración entre los países de la región va desde el apoyo técnico y financiero hasta el envío de misiones para el mantenimiento de la paz, pero ello de acuerdo con las posibilidades y si el orden jurídico interno lo permite. Todo esto en apoyo a la ONU.

Destaca el planteamiento de que la paz se fortalece cuando se profundiza su dimensión humana y se promueve el respeto a la dignidad, los derechos humanos, las libertades fundamentales de las personas, la promoción del desarrollo económico y social y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre.

Los miembros de la OEA reconocen la importancia y utilidad que tienen, para aquellos estados que son parte, los instrumentos y acuerdos interamericanos, como el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas (Pacto de Bogotá). Pese a ello, recomiendan que la Comisión de Seguridad Hemisférica continúe el proceso de examen y evaluación de los dos instrumentos, teniendo en cuenta las realidades de la región y la naturaleza distinta de las amenazas tradicionales y nuevas a la paz , así como los mecanismos de cooperación para hacerles frente.

La declaración refrenda el compromiso de los países en la lucha contra el terrorismo y su financiamiento, así como el mantenimiento de la seguridad en el transporte.

Por último destaca que el gobierno de Estados Unidos se abstuvo de firmar dos artículos de la declaración, uno sobre la necesidad de establecer una zona libre de minas terrestres antipersonales y el otro referente a mitigar los efectos adversos del cambio climático.

EU, tras el respaldo

Apoyan a Colombia para llamar al diálogo a los grupos armados

JOSE GALAN, GEORGINA SALDIERNA Y ROSA ELVIRA VARGAS

Con el respaldo de Estados Unidos, el gobierno colombiano obtuvo ayer, en una declaración especial consensuada a marchas forzadas durante la Conferencia sobre Seguridad Hemisférica, el apoyo de los miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) para hacer un llamado a los grupos armados que operan en su territorio a negociar y cesar las hostilidades, aceptar la desmovilización y la reinserción en la sociedad.

La representación peruana propuso incluir en esa declaración especial la mención específica sobre la validez de las normas internacionales en materia de derechos humanos, pero Colombia respondió que no hacía falta porque "el respeto a los derechos humanos es en nuestro territorio una política de Estado". México planteó que en el apartado sobre la necesidad de abrir caminos de negociación con los grupos armados, previo cese de hostilidades, se incorporara la palabra "pronto", lo que fue aceptado.

Además, los países miembros aceptaron reconocer, luego de intensas negociaciones ante las reticencias de los miembros de la asamblea por las presiones diplomáticas de Estados Unidos, los avances del gobierno del presidente Alvaro Uribe "en la recuperación de la seguridad, tranquilidad y el bienestar de los colombianos, en el marco del estado de derecho y de la plena vigencia de los derechos humanos".

De hecho, la segunda sesión plenaria comenzó con línea de la Casa Blanca, que ha invertido en el llamado Plan Colombia más de 2 mil millones de dólares. Marc Grossman, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos y jefe de la delegación estadunidense, fue el primer orador en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y expresó la complacencia de Washington ante el respaldo que "manifestarán" los países miembros a la declaración -que aún no había sido aprobada- en la que se señala la "solidaridad hemisférica" con Colombia.

Refrendó el apoyo de su país a la lucha contra "el narcoterrorismo" en el país andino. "Estamos con el presidente Uribe", dijo, al agregar que la administración de George Bush respalda los esfuerzos del referido país por alcanzar "una seguridad democrática" que, en palabras de la canciller colombiana Carolina Barco -primera oradora luego del receso de la sesión-, tiene por objeto fortalecer la presencia del Estado en todo su territorio y la participación de la sociedad civil en el área de seguridad. "Es una política orientada a aplicar la ley, sin lenidad ni demora, a aquellos que persisten en hacer víctimas a los ciudadanos de Colombia", agregó.

Por otra parte, la funcionaria colombiana reconoció la postura de México sobre la representación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en nuestro país: "mantiene una posición muy clara, y las oficinas de las FARC acá siguen cerradas. Nos apoya 100 por ciento".

En cuanto a la versión de que su gobierno solicitó a la administración de Vicente Fox declarar "terroristas" a los miembros de las FARC presentes en nuestro país, simplemente no respondió.

-Pero, Ƒustedes tienen conocimiento de la presencia de elementos de ese grupo en nuestro país? -se le preguntó.

-No tengo confirmación -concluyó.

Los sucesos en Bolivia, un ejemplo: canciller brasileño

Los subsidios que otorgan naciones ricas "alimentan el fuego de la violencia social"

GEORGINA SALDIERNA, ROSA ELVIRA VARGAS Y JOSE GALAN

Los recientes y trágicos acontecimientos en Bolivia fortalecen la percepción de que no puede existir seguridad política sin seguridad económica, y que ésta no se dará sin justicia social, estableció el canciller brasileño Celso Amorim. En consonancia con su discurso en defensa de los intereses de los productores agrícolas en el contexto del llamado G-20 durante la pasada cumbre de la Organización Mundial del Comercio (OMC), advirtió que los "arsenales de subsidios" que conceden las naciones ricas y sus efectos sobre el mercado se convierten "en hoja seca que alimenta el fuego de la violencia social".

En el segundo día de trabajos de la Conferencia Especial sobre Seguridad Hemisférica intervino también el nuevo canciller boliviano, Juan Ignacio Siles del Valle, quien criticó que la declaratoria de la reunión no contemple la posibilidad de que la amenaza contra la seguridad de los estados provenga precisamente de quienes están obligados a preservarla.

Admitió que la democracia que se afianzó durante las dos pasadas décadas en su país despertó expectativas en los bolivianos para la mejoría de sus condiciones de vida. "Lamentablemente esa situación no se produjo, y entonces el clamor y descontento popular empezó a convertirse en una realidad angustiosa que se agravó por la falta de equidad en la distribución de los ingresos".

Gran parte de la sociedad siguió siendo excluida, "y no tuvimos la capacidad de articular en la nación a las mayorías indígenas como ellas esperaban", indicó.

Siles del Valle aprovechó además su primera reunión con sus pares del continente, luego de su nombramiento como canciller hace apenas unos días, para apremiar por la resolución de las tareas pendientes del hemisferio que, dijo, merecen "un tratamiento franco y sincero", y que por lo que a su país se refiere consisten en "encontrar una justa respuesta a nuestra reivindicación marítima".

A su vez, el brasileño Celso Amorim planteó en conferencia de prensa que las reivindicaciones del G-20 de algún modo se vinculan con el tema de la seguridad, pues "muchos de los problemas que vemos en América Latina hoy tienen que ver específicamente con la situación de los productores agrícolas".

Defendió la existencia de esa agrupación de países, incluso más allá de cuántos finalmente queden suscritos al mismo, pues se trata de la instancia que representa la voz en la necesaria negociación que sobre la agricultura tendrá que continuarse para cumplir con la llamada Ronda de Doha y que tras el fracaso de la cumbre ministerial de Cancún deberá continuar su discusión en Ginebra.