Ordena Diego Fernández a senadores del blanquiazul rechazar propuesta del PRD

Frena el PAN exhorto a la Corte para que investigue a juez

ANDREA BECERRIL, RAUL LLANOS Y GABRIELA ROMERO

La fracción del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado frenó ayer la posibilidad de sacar un punto de acuerdo propuesto por el perredista Jesús Ortega, con el que se exhortaría a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por medio del Consejo de la Judicatura, investigar la conducta de la juez Gabriela Rolón, quien determinó que el Gobierno del Distrito Federal debe pagar mil 810 millones de pesos de indemnización por la expropiación del predio conocido como Paraje San Juan, en Iztapalapa.

En tanto, en la Asamblea Legislativa del Distrito Fedreral (ALDF) las bancadas de PRI, PAN y PVEM cuestionaron la actitud del mandatario local, Andrés Manuel López Obrador, al considerar que "la confrontación con la Corte pone en riesgo la gobernabilidad de la ciudad y del país".

Por su parte, la comisión especial de diputados que investiga el caso aprobó citar a comparecer a siete funcionarios de la actual administración capitalina para que presenten la información que ayude a determinar si se incurrió en anomalías durante la regularización de ese predio.

Entre los servidores que serán citados están la consejera jurídica del GDF, María Estela Ríos, así como los directores del Registro Público de la Propiedad y el Comercio, del Registro Civil y de Asuntos Patrimoniales.

En el Senado, el perredista Jesús Ortega subió a tribuna para argumentar que la Corte tiene facultades para solicitar a la Judicatura una investigación de la mencionada juez, toda vez que hay "serias irregularidades e inconsistencias legales contenidas en el expediente de amparo que promovió Enrique Arcipreste".

Pidió que a su planteamiento se le diera trámite de "urgente y obvia resolución", pero el panista Juan José Rodríguez Prats se opuso a ello. Argumentó que ese exhorto a la Corte es "un agravio", ya que significaría pedir al Poder Judicial que cumpla con sus deberes, y que incluso no tenía sustento jurídico en la Constitución. Planteó que, en todo caso, si la juez que dictó el fallo cometió algún delito, se acuda al Ministerio Público Federal.

El perredista recordó que el artículo 97 de la Constitución establece que el Ejecutivo, las cámaras y algún gobernador podrá solicitar al Consejo de la Judicatura que averigüe la conducta de jueces o magistrados federales, por lo que hay fundamento jurídico y, por otra parte, no se está juzgando ni condenando a nadie. "Le estamos pidiendo a la Suprema Corte que investigue, es algo elemental a lo que nadie debiera negarse."

Al final los panistas, por órdenes de su coordinador, el abogado Diego Fernández de Cevallos, se opusieron a que se discutiera el punto. Los priístas no quisieron entrar a la discusión y la propuesta se turnó a comisiones.