México D.F. Lunes 8 de diciembre de 2003
Señalan mal manejo político y
falta de transparencia en la selección de candidatos
Fuentes de la Corte objetan actuación del Ejecutivo
en la elección de ministros
JESUS ARANDA
La reforma constitucional de diciembre de 1994 facultó
al Senado de la República para designar a los ministros de la Suprema
Corte, a propuesta de ternas presentadas por el Ejecutivo federal. En enero
de 1995 senadores del PAN y del PRI elaboraron una lista de 50 candidatos,
que terminó con la elección de 11 ministros, en un proceso
de selección que no dejó dudas sobre la calidad de los seleccionados.
Sin embargo, en esta ocasión el proceso para designar
a los sucesores de Juventino V. Castro y Castro y José Vicente Aguinaco
Alemán ha evidenciado un mal manejo político del Ejecutivo,
que ya recibió un revés al ser rechazada su segunda terna.
De
acuerdo con fuentes judiciales de primer nivel, la falta de transparencia
en la selección de los candidatos, la falta de consenso con que
se presentaron las ternas ante el Senado y la decisión unilateral
del Ejecutivo vició el procedimiento para que dicha cámara
designe al ministro que se sume a la reciente elección de José
Ramón Cossío.
La primera elección de ministros de la Corte con
la participación del Senado (1995) fue producto de un serio proceso
de selección, en el que se involucró de manera particular
el entonces senador Juan de Dios Castro (posteriormente fue consejero jurídico
del presidente Vicente Fox y actualmente es líder de la bancada
panista en la Cámara de Diputados), quien conformó junto
con sus pares priístas una lista de 50 candidatos. Estos nombres
circularon por las consejerías jurídicas de todas las secretarías
de Estado y organismos descentralizados del gobierno federal.
La idea, explicaron testigos directos de esos acontecimientos,
era que los abogados del sector oficial opinaran abiertamente sobre los
propuestos, porque es un hecho que en el mundo de la abogacía (sean
jueces, litigantes o académicos) todos se conocen sus virtudes y
defectos.
De los 50 postulados, la lista se redujo posteriormente
a 18, quienes fueron objeto de un examen más riguroso. De entrada,
todos fueron investigados, con la venia de la Secretaría de Gobernación,
por el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).
Se asegura, por otra parte, que el entonces presidente
Ernesto Zedillo se mantuvo al margen de la selección y dejó
las manos libres a los senadores para que eligieran, consensaran y aprobaran
a los ministros que conformarían la "nueva Corte". Juan de Dios
Castro, por su parte, fijó cuatro criterios que debían cumplir
los futuros ministros: tener un mínimo de 50 años de edad,
ser profesor universitario, contar con "obra jurídica" y ser magistrado
de circuito.
Este perfil prácticamente se respetó. De
los 11 ministros, sólo dos no tenían experiencia jurisdiccional
(Sergio Salvador Aguirre Anguiano y Juventino V. Castro, aunque éste
fue secretario de Estudio y Cuenta en la Corte en los inicios de su carrera),
en tanto que la ministra Olga Sánchez Cordero había sido
magistrada numeraria de la sexta sala civil del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal. Los otro ocho sí habían sido magistrados
de circuito.
En este proceso de selección, los criterios seguidos
por el Ejecutivo federal (cuyos operadores en este asunto son el secretario
de Gobernación, Santiago Creel, la consejera jurídica María
Teresa Herrera Tello y Ramón Muñoz) no fueron los mismos,
como tampoco se creó una atmósfera de consenso en favor de
la segunda terna, en la que cada fracción legislativa votó
por su propio candidato.
El
hecho de que el PRD se sumara de última hora en favor de la candidata
del PRI, Margarita Beatriz Luna Ramos, no fue suficiente para lograr su
nombramiento.
Los otros integrantes de la terna, Elvia Rosa Díaz
de León y José Luis de la Peza Muñoz Cano, al no contar
con el apoyo del PRI, fueron prácticamente "vetados", dada la conformación
del Senado, donde se necesita que las tres fracciones mayoritarias (PRI,
PAN y PRD) voten en el mismo sentido.
Por otra parte, según fuentes oficiales, Díaz
de León -quien al igual que Luna Ramos es magistrada de circuito-
contaba con la simpatía plena del presidente de la Corte, Mariano
Azuela Güitrón, quien antes de que se realizara la votación
definitiva de la segunda terna -en la primera ya había sido aprobado
el investigador José Ramón Cossío, del ITAM- había
comentado en pleno privado el orden en que quedarían colocados los
ministros con la salida y la llegada de dos nuevos ministros (la ubicación
en el pleno es por orden alfabético).
"(Sergio Salvador) Aguirre Anguiano, (José Ramón)
Cossío, (Rosa Elvia) Díaz de León), (Juan) Díaz
Romero y (Genaro David) Góngora." Se dice en los corrillos de la
Suprema Corte que la no designación de la magistrada penal causó
gran contrariedad a Azuela, quien tendrá que esperar a que el Ejecutivo
envíe una terna para que el Senado elija, o en caso extremo que
ante la falta de acuerdos el presidente Vicente Fox decida quién
será el undécimo ministro.
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