En un ejercicio democrático tan raro como ejemplar, la sociedad uruguaya impuso a sus propios gobernantes la realización de una consulta para mantener o derogar una ley, aprobada por el Congreso hace dos años, que pretendía suprimir el control estatal sobre la importación y la refinación de combustibles y permitía a la empresa petrolera pública, Ancap, asociarse con compañías privadas uruguayas o extranjeras. El referéndum se realizó ayer y los conteos al cierre de urnas indicaban sin lugar a dudas una victoria contundente para los promotores de la consulta y para los defensores de la soberanía petrolera uruguaya: entre 54 y 55 por ciento de los votos favorables a la derogación de la ley mencionada, frente a 40 por ciento de sufragios en favor del precepto privatizador.

El hecho tiene diversas y relevantes significaciones. Para empezar, se trata de una derrota de proyección continental a los políticos uruguayos y latinoamericanos que, en sintonía o connivencia con el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, se aferran todavía al obsoleto y nefasto paradigma de adelgazamiento del Estado, la desregulación a ultranza, la apertura de sectores estratégicos a intereses especuladores -sobre todo, estadunidenses, europeos y asiáticos- y el desmantelamiento y remate de los escasos bienes públicos que aún existen en la región, tras las oleadas privatizadoras de la década pasada.

Es pertinente recordar que esas ideas, pertenecientes al credo neoliberal, todavía cuentan con muchos partidarios en nuestras naciones y que en varias de ellas el dogma sigue siendo mayoritario, si no hegemónico, entre las clases políticas. Pero esto no necesariamente significa -como demostraron el referéndum uruguayo de ayer, la manifestación mexicana de hace una semana en defensa del sector eléctrico nacional y la insurrección boliviana del mes antepasado contra la venta al exterior del gas natural- que los afanes privatizadores cuenten con la simpatía de la población.

Por otra parte, la derrota experimentada ayer por los privatizadores uruguayos muestra la importancia de disponer de mecanismos legales que permitan a la sociedad manifestarse, con carácter mandatorio, sobre actos y disposiciones de los poderes Legislativo y Ejecutivo que van en contra del sentir mayoritario de la ciudadanía a la que tendrían que representar. El hecho de que el Congreso uruguayo haya aprobado una ley que era rechazada por la misma sociedad que eligió a los legisladores es, desde otro punto de vista, ilustrativo de las distorsiones y perversiones que puede sufrir la voluntad popular en las democracias representativas, así como del divorcio entre la clase política y el resto de la población, fenómeno que en nuestro país se ha hecho evidente.

Por lo que hace a Uruguay, el referéndum de ayer es indicativo, también, de los vientos electorales favorables a las opciones de centro izquierda que soplan en la república oriental, que podrían llevar a una reconfiguración del mapa político en los comicios generales del año entrante, en los que la ciudadanía podría arrebatarle la Presidencia al tradicional binomio oligárquico Partido Nacional-Partido Colorado.

Cabe esperar, por último, que la plausible decisión de los votantes uruguayos induzca a la reflexión y a la rectificación de los privatizadores mexicanos que en la hora presente se empecinan en abrir el sector eléctrico a la especulación privada nacional e internacional, y que los sectores sociales mayoritarios de nuestro país perciban la necesidad de pugnar por una verdadera reforma política que incluya en sus puntos centrales el establecimiento de la consulta popular y el referéndum como últimas instancias para revertir decisiones erróneas de los poderes institucionales.