El primero en rendir cuentas por genocidio deberá ser Echeverría: Alvarez Garín

El capitán De la Barreda no se presentó a ampliar su declaración ante la fiscalía

Trasciende que el ex policía no aparecerá hasta que esté seguro de su situación jurídica

JESUS ARANDA

El capitán Luis de la Barreda Moreno, ex titular de la Dirección Federal Seguridad (DFS), no se presentó a declarar ayer ante la Fiscalía Especializada en Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (Femospp). El ex funcionario fue citado mediante edicto, "apercibido que de no comparecer" se hará acreedor a las medidas de apremio que prevé el artículo 44 del Código Federal de Procedimientos Penales: multa de uno a 30 días de salario mínimo, arresto hasta por 36 horas y la posibilidad de obligarlo a acudir ante el Ministerio Público con el auxilio de la fuerza pública.

El edicto (Femospp/DGIM A/MPF/390/2003), publicado el pasado 3 de diciembre, se origina en el hecho de que el ex funcionario "no se encuentra" en su domicilio desde hace días y "no ha habido forma" de ubicarlo para que se presente a ampliar sus declaraciones. Cabe señalar que a raíz de la reciente decisión de la Suprema Corte, el delito de privación ilegal de la libertad por la que se acusa al capitán -en agravio de Jesús Piedra Ibarra- no prescribe, por lo que la fiscalía estaría en condiciones de solicitar en cualquier momento la orden de aprehensión en su contra.

Según trascendió, el hecho de que el ex titular de la DFS no se encuentre en su domicilio generó desconfianza y sospechas en la fiscalía, porque ante la posibilidad real de que se gire una orden de aprehensión en su contra -que por la gravedad del delito no admite libertad bajo fianza- De la Barreda trataría de evitar la detención hasta que esté seguro de su situación jurídica.

Posible actuar contra autores intelectuales de los delitos

Por otra parte, Raúl Alvarez Garín integrante del Comité 68, sostuvo que la declaración del fiscal Ignacio Carrillo Prieto (La Jornada 8/12/03), en el sentido de que en la guerra sucia hubo genocidio de Estado, tiene una implicación jurídica y política "extraordinaria", porque encamina las investigaciones para que se examine la responsabilidad penal de quienes ocuparon los cargos más importantes en el país, como ex presidentes, ex secretarios de Estado y altos mandos políticos y millitares.

Añadió que, independientemente del avance las investigaciones que coordina la fiscalía especializada para determinar quiénes serán los primeros ex funcionarios que sean consignados penalmente por el delito de genocidio, quien tendría que ser el primero en rendir cuentas es el ex presidente Luis Echeverría Alvarez, porque participó activamente en la matanza del 2 de octubre de 1968, en el halconazo del 10 de junio de 1971, y además fue inspirador de la creación de la Brigada Blanca en mayo de 1976.

En entrevista con este diario, Alvarez Garín opinó con la representación de los integrantes del Comité 68, quienes se han distinguido por su tenacidad en llevar a los tribunales a los culpables de los asesinatos, desapariciones y represión ocurrida en México a partir de 1968 y durante el sexenio de José López Portillo.

Respecto a la decisión del fiscal Carrillo Prieto de que la acusación de genocidio se configura a partir de que existen pruebas de que el gobierno decidió "aniquilar a poblaciones enteras", Alvarez Garín señaló que dicha conclusión es "muy importante", porque el genocidio no sólo se "ajusta" de manera más precisa a los hechos que ocurrieron y son investigados (de 1968 a 1982), sino que "es el único delito que permite dar un manejo integral al caso" al permitir que se demuestre en el juicio la autoría intelectual y responsabilidad política de los involucrados.

A pesar del avance que representa la decisión del fiscal Carrilo Prieto de consignar por genocidio a los presuntos culpables, Alvarez Garín llamó la atención de que los denunciantes -como el Comité 68- deben apresurar la entrega de información y documentación a la fiscalía para fortalecer las acusaciones.

Los esfuerzos del Comité 68 han rendido frutos, dijo, pero estamos conscientes de que la intención mostrada por la fiscalía representa un avance.

Pero, subrayó, no queremos adelantar nada; estamos en una lucha muy complicada en la que tenemos que demostrar que "lo que conservamos en la memoria y que todo México sabe, se consolide con hechos de justicia inequívocos".