También la reforma a la Ley de Aguas Nacionales

Aprueban diputados establecer tarifas únicas para uso de cajeros automáticos

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

La mayoría en la Cámara de Diputados aprobó ayer la Ley de Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros, así como una modificación a la Ley de Instituciones de Crédito que obliga a los bancos a definir una sola tarifa en el uso de cajeros automáticos, y elimina las cuotas que cobran las instituciones financieras a usuarios que no son sus cuentahabientes. Asimismo, el pleno aprobó por 469 votos en favor y ninguno en contra el dictamen de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que regula el uso y aprovechamiento del líquido.

Durante la tercera sesión extraordinaria, los legisladores aprobaron tres minutas del Senado en materia financiera y la correspondiente a la ley de aguas. Con las adecuaciones a la normatividad crediticia, la cámara estableció la necesidad de que se disminuyan las comisiones cobradas por los bancos en sus operaciones. Para ello se modificó el artículo 49 de la Ley de Instituciones de Crédito, para eliminar las cuotas interbancarias y obligar a las instituciones a establecer tarifas únicas por el uso de cajeros automáticos, así como al Banco de México a integrar un comparativo de las tarifas y a regular el cobro de comisiones y pagos por transacción. También, el banco central deberá definir un mecanismo para que las entidades financieras difundan los montos de sus cuotas, y se establece la obligación para los operadores de cajeros automáticos de informar sus tarifas en pantalla, para que el usuario decida si acepta o no la transacción.

Al fundamentar el dictamen que presentó al pleno, la Comisión de Hacienda planteó que con esas medidas se beneficiará a la ciudadanía, pues se reducirán las comisiones y se estimulará la competencia entre bancos. Asimismo, y con 456 votos en favor, se modificaron las leyes del Mercado de Valores y de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para establecer un régimen de adecuación gradual, que al eliminar las dificultades de las empresas para obtener financiamiento accionario en el mercado, les permita obtener recursos no bancarios ''a precios competitivos''.

Así, las empresas podrán ajustar ''de manera gradual y ordenada'' los límites establecidos en la ley sobre el número de acciones, movimientos que deberán ser autorizados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, ''procurando la protección de los intereses del público inversionista y siempre que se revele al mercado que con la modificación al capital social éste aún se ajusta al régimen vigente''.