Anuncian campaña internacional para demandar la liberación de los indígenas presos

Ante Gobernación, evangélicos exigen reabrir la investigación sobre Acteal

Las autoridades actuaron bajo presiones políticas; Zedillo fabricó culpables, acusan

JOSE ANTONIO ROMAN

Al cumplirse el sexto aniversario de la matanza de Acteal, donde murieron 45 indígenas, cientos de fieles de las Iglesias evangélicas más representativas del país realizaron una manifestación frente a la Secretaría de Gobernación para exigir al presidente Vicente Fox y a las autoridades del gobierno federal la reapertura y revisión total del caso y que se deje en libertad a los 76 indígenas evangélicos que son acusados "injustamente" de ser responsables de los hechos en esa comunidad de Chenalhó, municipio de los Altos de Chiapas.

Durante más de dos horas los líderes y fieles de las Iglesias protestantes presentaron una larga lista de irregularidades y contradicciones en los procesos judiciales seguidos a quienes han servido como chivos expiatorios, pero también oraron y entonaron diversos cánticos y hasta el himno nacional, para exigir justicia y cumplimiento de la palabra empeñada por el Presidente, de que los hechos se aclararán totalmente.

Los líderes y representantes evangélicos advirtieron que en caso de no recibir una respuesta positiva se incrementarán las movilizaciones públicas y se iniciará, incluso, una campaña a nivel internacional para presionar al gobierno mexicano a que aclare los asesinatos e imparta una auténtica justicia, porque lo que se ha hecho hasta ahora es agravar la situación y, además, a la impunidad se ha sumado una nueva injusticia al encarcelarse a personas inocentes.

"El que por primera vez en nuestra historia los evangélicos recurramos a este tipo de actos de presión es un indicador que debe ser leído con interés y atención por las autoridades. En este, como en muchos otros casos, hemos sido prudentes y pacientes en exceso; siempre buscando agotar las instancias jurídicas y legales, sin obtener la justicia demandada. Por ello no resulta importante el número de los que hoy nos reunimos. Apenas estamos aprendiendo a manifestarnos públicamente. Lo importante es que, cansados de la indiferencia y de padecer una justicia discriminatoria, hoy hemos decidido decir šNo más. Queremos justicia para nuestros hermanos!".

El comunicado leído durante la manifestación señala que el pueblo evangélico es el primero que exige esclarecer los hechos, "pero queremos justicia, no simulación ni olvido". Y con la misma firmeza pidieron la libertad de las personas a las que consideran inocentes y que se proceda a la reparación del daño sufrido por ellos, sus familiares y comunidades después de seis años de un encarcelamiento injusto, se demandó en la manifestación, la cual estuvo coordinada por Moisés Valderrama, obispo de la Iglesia metodista. Al acto acudieron líderes y fieles de las Iglesias presbiteriana, bautista, pentecostal y de asociaciones como la Alianza Nacional de Pastores, del Ejército de Salvación y de la Sociedad Bíblica de México.

Con pancartas y la distribución de folletos y revistas para dar su versión de los hechos ocurridos hace seis años en Acteal, los fieles evangélicos anunciaron que en las próximas semanas, en todo el país crecerá el número de manifestaciones pacíficas de miles de congregaciones en favor de la liberación de los evangélicos inocentes, pues el tiempo y la prudencia se agotan. Trascendió que autoridades de la Secretaría de Gobernación intentaron infructuosamente disuadir a los convocantes de que no realizaran la marcha, convocada desde hace tres semanas.

Así, por primera vez en su historia, las Iglesias protestantes, algunas de ellas de las más representativas del país, recurrieron a la manifestación pública para iniciar una serie de acciones tendientes a presionar al gobierno reclamándole justicia.

En su declaración pública, las Iglesias protestantes aseguraron que las autoridades judiciales actuaron bajo presiones políticas y no apegadas a derecho, por lo que hoy los presuntos responsables, casi todos ellos de la Iglesia presbiteriana, están siendo sentenciados a más de 30 años de prisión. Se señala que el gobierno del presidente Ernesto Zedillo, para quitarse la presión de la opinión pública nacional e internacional, decidió "fabricar" culpables, sin importar que a casi 80 personas, en su mayoría indígenas evangélicos, y a sus familias, les cambiaran la vida con la prisión, la injusticia y la separación, al sentenciarlas por crímenes que no cometieron.