Las recientes cancelaciones de vuelos hacia Estados Unidos y otras situaciones de control relacionadas con aviones comerciales con rumbo a ese país son claro ejemplo del profundo estado de temor e histeria que embarga a las autoridades del vecino país del norte. Con el argumento de prevenir atentados, Washington ha emprendido una amplia intervención en las líneas aéreas que viajan a su territorio y, en su frenesí antiterrorista, ha pretendido propagar a otras naciones el clima de miedo y sospecha que embarga al gobierno y a buena parte de la sociedad estadunidenses.

Sin embargo, a la fecha, la mayor parte de las operaciones para prevenir incidentes en aviones rumbo a ese país se suscitaron, como ha reconocido la propia FBI, por equivocaciones o confusiones, y no se ha comprobado que en alguno de los vuelos cancelados, desviados o escoltados viajasen personas u objetos potencialmente peligrosos. En cambio, es de suponer que la mayoría de los afectados por estas operaciones de seguridad no han experimentado sino molestias, alteraciones a sus actividades y, en ciertos casos, afrentas contra su privacidad, sin que medie explicación suficiente u oportuna disculpa por las autoridades nacionales o de Estados Unidos. De igual modo, el accionar de agentes estadunidenses en aeropuertos mexicanos -situación confirmada a este diario por fuentes de la Policía Federal Preventiva- y los actos de investigación y casi fichaje que se realizarán a todo viajero que ingrese o pretenda ingresar en territorio estadunidense podrían implicar riesgos para la soberanía nacional e intromisiones en la vida privada contrarias a derecho. Así, cabría analizar a fondo estas circunstancias a fin de determinar la conveniencia y la legalidad de tal clase de colaboración.

Hay quien señalará que, para prevenir la repetición de ataques como los del 11 de septiembre de 2001, cualquier medida podría ser adecuada y, eventualmente, acertada. Empero, resulta reprochable que los actos de prevención resulten tan arbitrarios y opacos -por no decir errados y colindantes con los de un Estado policial- como los que actualmente se suceden, y también es censurable la falta de un esfuerzo de información directo y suficiente por las autoridades para explicar a la población las razones, alcances y peculiaridades de estas medidas. En el caso de México, en lugar de esa necesaria comunicación sólo han tenido lugar escuetas y generalmente poco esclarecedoras declaraciones de las altas autoridades federales, situación que contrasta con el expedito acatamiento de los dictados en materia de seguridad aérea, en especial la introducción de guardias armados en los aviones y la presencia de agentes de la embajada de Estados Unidos en los aeropuertos del país. En tanto no se den las justas explicaciones, las medidas de control y restricción en los vuelos -necesarias o no- serán entendidas por la ciudadanía como una imposición proveniente de la histeria estadunidense y, cuando menos, como majadería oficial contra los viajeros afectados.

Si realmente resultan necesarias tal vigilancia y tales restricciones al tráfico aéreo de México a Estados Unidos -lo que hasta la fecha no parece cierto, ni desde luego deseable-, lo menos que cabe esperar del gobierno federal es una explicación con todo detalle y rigor sobre el tema. De igual manera, cabría exigir de las autoridades del país una actitud respetuosa de la soberanía nacional y no únicamente, como ha sido la percepción pública hasta ahora, un obediente alineamiento con los dictados de Washington y su política antiterrorista.

Finalmente, si la Casa Blanca está realmente interesada en neutralizar la supuesta actividad terrorista internacional, bien haría en comenzar a revertir algunos de sus factores de fondo: la opresión del pueblo palestino, la ocupación de Irak y la depredación económica contra los países en desarrollo, por ejemplo.