Adolfo Gilly

Chonchocoro: el preso y los presidentes

En la reunión de Monterrey, el presidente de Estados Unidos se prepara para "apretar" a los gobiernos latinoamericanos tal vez mucho más en el terreno político que en el económico. En año electoral, el proscenio lo ocupa la política. El narcoterrorismo será un tema recurrente. En la prisión boliviana de Chonchocoro puede estar en este momento una de las pequeñas piezas de este gran juego de presiones y simulaciones.

Chonchocoro, cárcel de máxima seguridad, está a más cuatro mil metros de altura, en el altiplano boliviano, a una media hora de camino de El Alto. Vamos a visitar a tres presos sociales. Nos detenemos en El Alto a comprar carne asada para llevarles, y de paso también un kilo de hojas de coca, artículo de libre consumo en Bolivia. Miro el nombre del local: se llama "Restaurant El Taliván". Nada raro, porque ya vi en El Alto, dinámica ciudad aymara de 800 mil habitantes, por lo menos dos peseras que en el vidrio trasero llevaban a un lado al Che Guevara, al otro a Osama Bin Laden, y en el medio la palabra Love.

Llegamos a Chonchocoro. Pasamos los controles. Entramos a las crujías, o como se llamen en Bolivia. Allí el hoy depuesto presidente Gonzalo Sánchez de Lozada (el Goni) metió presos en abril de 2003 a dos campesinos cocaleros bolivianos, fundadores ambos del Movimiento al Socialismo (MAS), Carmelo Peñaranda y Claudio Ramírez. Junto con ellos, apresado en el domicilio de Carmelo en El Alto, se encuentra también Francisco Pacho Cortés, dirigente campesino colombiano, .

Este último es la pieza clave de una operación que tiene el aspecto clásico de un montaje policial. Pacho Cortés es colombiano, es decir, por principio, "narcotraficante" y "terrorista", y después ya se verá qué más. Es siempre bueno detener a un extranjero para confundir y paralizar la defensa de los nacionales encarcelados, sugiriendo "conspiraciones internacionales" por gente llegada de afuera que la sociedad local no conoce.

Cuando fue detenido, Pacho Cortés tenía apenas cuatro días de haber llegado a Bolivia. Ya había estado otras veces, con motivo de congresos campesinos, pues Cortés es un conocido defensor de los derechos humanos de comunidades campesinas de Colombia. Esta vez, sin embargo, iba a Bolivia a buscar un lugar para traer a su familia, amenazada por las bandas paramilitares.

En su política de represión contra el movimiento cocalero, al Goni le venía bien un dirigente campesino colombiano encerrado en Chonchocoro como prenda a mostrar a la embajada de Estados Unidos, el verdadero centro director de la campaña de erradicación de los cultivos tradicionales de coca. Una "conspiración narcoterrorista internacional" era un buen ingrediente para armar el tinglado represivo que se exacerbaría en septiembre y se desplomaría el 17 de octubre con la renuncia y la huida hacia Miami de Sánchez de Lozada, quien en la semana previa a su caída había declarado que el movimiento popular que pedía su renuncia estaba dirigido por "anarquistas y narcoterroristas".

El caso de Pacho Cortés es, en este sentido, escandaloso. Lo acusan de viajar a Bolivia con la intención de extender allí la guerrilla colombiana del ELN, a miles de kilómetros de distancia. Según la policía boliviana, en el domicilio donde Cortés fue detenido encontraron una bandera rojinegra del ELN, un manual de guerrilla, unos 70 cartuchos en mal estado y algunos alambres y cinta adhesiva que "podrían servir para fabricar bombas". Sin advertir lo ridículo de estas supuestas "evidencias", la policía no se preocupó por "plantar" algunos elementos más convincentes. Siempre que las policías políticas hacen estas detenciones en estas regiones del mundo, dicen encontrar "banderas" y "manuales" (antes encontraban libros de Lenin), como si cada vez que alguien se reúne a conspirar se preocupara por llevar una bandera subversiva, para la foto policial correspondiente.

La justicia, por otra parte, no acusó a Cortés de ningún hecho delictivo concreto, sino de tener "intenciones" de cometerlos. En tal caso, no habiendo delito que perseguir, la práctica normal consistiría en deportarlo a su país. Pero no: por evidentes razones políticas necesitaban un dirigente campesino colombiano en Chonchocoro.

Este es el cuento tal como nos lo cuentan. La realidad, en cambio, es que múltiples organizaciones de derechos humanos de Colombia, Bélgica, Francia y otros países; José Bové, el dirigente campesino francés; más de 30 organizaciones de Vía Campesina de diversos países, entre ellas la UNORCA, la CIOAC y la CENPA de México y el Movimiento de los Sin Tierra de Brasil; 15 diputados del Parlamento Europeo y diputados de Francia, India, España, Portugal, Colombia, Honduras, El Salvador, Guatemala, Venezuela, entre otros países, se han pronunciado demandando la libertad de Pacho Cortés y sus compañeros, como han hecho diputados y senadores del MAS y defensores de los derechos humanos en Bolivia misma.

Al asumir la presidencia, Carlos Mesa recibió un país en quiebra financiera, en crisis política y en conflicto social. Mezclado con esa herencia catastrófica, vino también el regalo envenenado del caso de Francisco Pacho Cortés. Hasta el momento, el presidente sigue cargando con esta herencia. ƑPor qué? ?Seguirán las presiones de la embajada para mantener vivos los fantasmas narcoterroristas"? ƑCreerá él también que le conviene prolongar el caso como pieza de negociaciones futuras? ƑO tres dirigentes campesinos presos, uno colombiano y dos bolivianos, no significan nada para un régimen abrumado por otros problemas?

El significado simbólico de este caso no puede escapar a nadie. Sirve para incriminar como "terrorismo" al movimiento social y dejar abierto el expediente a la posibilidad de nuevos arrestos. La libertad inmediata de Pacho Cortés y sus compañeros, además de un acto de impostergable justicia, significaría levantar esta hipoteca estúpida y extranjera sobre las ya complejas relaciones entre el gobierno de La Paz y los movimientos sociales en constante actividad en Bolivia. Un gobierno que persista en mantener encarcelados sin pruebas a esta clase de presos sociales puede correr el riesgo de convertirse él mismo en un rehén político del caso de los presos de Chonchocoro ƑPara qué?