Demanda común en el ejido Emiliano Zapata

Opositores al EZ también exigen que salga el Ejército

Los militares piden que un tribunal solucione el caso

HERMANN BELLINGHAUSEN ENVIADO

Ejido Emiliano Zapata, Chis., 22 de enero. Francisco era autoridad ejidal cuando se instaló el campamento militar que hoy es Base de Operaciones (BO) del Agrupamiento García de la 39 Zona Militar, en 1995. Conoce bien la historia. Apenas separado por una barricada de alambre cortante del general Morales (quien nunca se presenta) y dos tenientes coroneles que lo flanquean, el campesino chol dice:

"En ese tiempo yo era autoridad. Solicitamos al Ejército en nuestro ejido, éramos 46 personas de Paz y Justicia. Yo mismo vine a hacerles la casa a ustedes, esa que tienen allí. Trajimos las tablas, las láminas. Tuvimos asambleas con el gobierno en Tuxtla, en Palenque. Ahora, nosotros mismos les decimos que se vayan. No los queremos aquí. Ya no los necesitamos".

El general Morales trata de ser cordial al expresar sus discrepancias con los interlocutores indígenas que lo apelan, sin encontrar respuesta en el mando castrense. Pero los ejidatarios vienen decididos.

"Ya no somos chiquitos. Somos indios, como quien dice, tontos para ustedes. Si no se retiran hoy o mañana, cualquier rato podemos venir a tomar las parcelas", dice otro ejidatario.

"Cuando el pueblo dice hasta aquí nomás, se tiene que respetar su acuerdo. Este pueblo ya está echado a perder. Padres y madres desunidos a causa de ustedes", señala un hombre mayor a los altos mandos del Ejército, que escuchan.

El general Morales replica: "Ustedes dicen que si el Ejército se retira la gente va a vivir en paz. No es cierto. Si hay división no es por el Ejército, sino porque hay formas de pensar diferentes entre ustedes".

El anciano se encuentra de pie junto a una peña en la que se pudre, en una oquedad, medio kilo de carne molida que quién sabe cómo llegó a la puerta del cuartel militar.

"Yo estoy mirando cómo se van destruyendo el pueblo y nuestra cultura". El timbre de su voz no es airado, sino triste. "La asamblea está preocupada por la parcela. Es de todos los ejidatarios. No tiene dueño ni está en Procede. Los ejidatarios tenemos el derecho de decidir. Estamos destruidos todos. Seguimos esperando que se salgan".

Interviene Juan Díaz Montejo: "Oficio tras oficio, y nada. Esta es la segunda manifestación (la primera fue el día 8). Venimos por el acuerdo de cuándo se van a ir ustedes. Queremos entrar a medir cuántos metros le tocan a cada poblador".

Al filo del mediodía

Decenas de hombres, mujeres y niños recorren la calle principal, y única, del pueblo; se dirigen al campamento militar gritando ¡vivas! a Emiliano Zapata y a la comunidad del mismo nombre. Los precede una gran manta: "Fuera Ejército, porque sólo nos trae prostitución, drogas, alcoholismo y divisiones". En sus extremos, sendos perfiles de hombre consumen, el de la izquierda, un churro de mariguana y, el de la derecha, un pomo de alcohol.

El general saluda con un "se les hizo tarde, los esperábamos más temprano", casi afable. No obstante, durante la infructuosa plática Morales se dirá ofendido por los gritos contra las drogas y los borrachos, y se manifestará amenazado cuando los representantes indígenas advierten que si el Ejército no abandona el predio, ellos entrarán a la BO. "Viva la comunidad organizada" corean los inconformes. "Queremos solución".

Además de los tenientes coroneles Hernández Alderete y Ruiz García, en el uniforme de campaña de los Cuerpos Especiales de las fuerzas armadas (que no hablarán durante más de una hora que duró el encuentro/desencuentro entre indígenas y militares), en el cuartel pululan agentes del Cisen, de la Agencia Estatal de Investigaciones, de Inteligencia Militar y de la Secretaría de Seguridad Pública de Chiapas. Unas 10 cámaras dentro de la BO se mueven e improvisan tomas entre la barrera de policías militares con garrotes, cascos y escudos de acrílico, cartuchos de gas, chalecos antimotines y espinilleras de Robocop.

El helicóptero que espera en la parte posterior del predio que los indígenas reclaman debió trasladar desde Tuxtla Gutiérrez a la oficialidad de la séptima Región Militar y a los principales funcionarios de Seguridad Pública del gobierno salazarista.

El general Morales no cede: "Un grupo de ustedes nos solicita que nos quedemos. ¿A quién lo debemos hacer caso?"

"¡A la mayoría!", exclama el comisariado ejidal.

"Queremos que muestren sus papeles, para saber quiénes son", dice el oficial.

"No hacen falta papeles. Ustedes saben cual es la situación", dice el comisariado.

El "contrato" (por mil 200 pesos anuales) en que se amparan las tropas federales para permanecer allí es por comodato. Se cancela cuando una de las partes lo desea. El terreno está a cargo del señor Pedro, un anciano que observa el acto desde lejos. Pero "no puede hablar, porque sus hijos lo tienen intimidado", dice el encargado del comité de vigilancia de Emiliano Zapata. Uno de los hijos, ebrio, es el único de los indígenas presentes que respalda al Ejército, agrediendo verbalmente a ejidatarios y observadores; a uno le exige, a empujones, "dame cien pesos", a pocos metros del general, que argumenta ante los representantes indígenas:

"Este pueblo no vive solo. Tiene un gobierno, al que debemos ajustarnos. La solución de este problema debe encauzarse a las autoridades agrarias. Tiene que haber orden judicial. Yo acato la decisión del pueblo, siempre y cuando vaya respaldado por la ley. Yo soy del pueblo. No soy soldado por la paga, me nace del corazón. Estoy aquí para que no haya mariguanos y borrachos".

Que lo diga. Una mujer de edad dice a las grabadoras: "No necesitamos a los soldados. Antes de ellos la gente estaba unida".

Un hombre de la bola lamenta: "Hasta con mi papá tenemos divisiones, así está mi familia orita".

Los indígenas insisten en la solución pronta: "Lo de los tribunales es para hacer tiempo", opinan. "No necesitamos de ningún tribunal agrario para que ustedes llegaran, ¿por qué necesitan ahora sus órdenes para irse?"

En casi todas las casas de Emiliano Zapata, en los postes de electricidad, el cobertizo de la tienda y el herrumbroso anuncio junto al puente, que alguna vez cantó alabanzas a un gobernador ido, en todas partes hay decenas de carteles, escritos a mano, que dicen exactamente lo mismo. Sus reiteraciones son elocuentes. Un decálogo de exigencias: "1, fuera Ejército de la comunidad; 2, respeto a las tierras del ejido; 3, rechazo a la presencia de 'los ejércitos'; 4, fuera 'ejércitos mariguanos'; 5, fuera soldados borrachos; 6, respeto a las mujeres de la comunidad; 7, respeto a nuestra tierra; 8, drogas y trago llegan con el Ejército; 9, no queremos militares; 10, respeto a la libertad del pueblo".

Para que se entiendan las implicaciones de esta protesta. Emiliano Zapata fue antes un pueblo de Paz y Justicia, mayoritariamente; sólo algunos han sido zapatistas u otra cosa. Hoy, el grupo que respalda al Ejército federal pertenece a la Unión Campesina e Indígena Agrícola y Forestal, uno de los derivados de Paz y Justicia que aún son señalados como paramilitares.

La mayoría aquí, no obstante, ya fue y vino de las divisiones y los pleitos. Ya están hartos. Han emprendido un proceso de reconciliación por su cuenta y en los hechos, todo indica que es la única reconciliación que funciona. La guerra de baja intensidad o integral de desgaste está dirigida a desalentar y doblegar la resistencia, pero la contra también se cansa. Esa parece la lección de este ejido. Al final, el general dejó de hablar de tribunales y de obedecer al pueblo y se remitió a "lo que ordenen sus superiores". O sea que no hubo entendimiento alguno entre las partes.

"Los que tienen que entender son los soldados. Para nosotros ya está claro lo que debe de ser. Que se vayan", resume un hombre luego de retirarse los manifestantes del campamento de infantería que lleva ocho años dentro del poblado.