Gabriela Rodríguez

Distrito Federal y políticas de población

En septiembre próximo se cumplirán diez años de que se realizó la última Conferencia Internacional sobre Población y Desarrollo (CIPD) bajo el auspicio de la Orga-nización de Naciones Unidas, en la ciudad de El Cairo, Egipto. En dicha conferencia se contó con 11 mil participantes de 180 países, incluido México con su delegación gubernamental y representantes de organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. Los compromisos suscritos en el programa de acción de la CIPD, que se desarrollarían durante 20 años, marcaron una nueva etapa en las políticas de población del mundo, sobre todo porque quitaron del centro el interés demografista, que buscaba la moderación de las tasas de fecundidad, para ir más allá: enfocarse en la salud integral de los más pobres, así como en la equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos de mujeres y jóvenes.

Producto del movimiento amplio de mujeres se acuñó en esa conferencia el concepto "salud reproductiva", en cuya definición, pero sobre todo en las recomendaciones y compromisos que firmaron los gobiernos, quedó establecido que desde una visión amplia se buscan articular las políticas de población con los programas de desarrollo, reconocer la equidad de género y el empoderamiento de las mujeres como condición necesaria para mejorar los niveles de bienestar, y comprender la salud reproductiva como un conjunto de esfuerzos que exige ofrecer servicios de salud sexual y reproductiva integrales y de calidad en todas las etapas del ciclo de la mujer. Asimismo, se incluyeron programas para responsabilizar a los hombres y para atender con orientación, información y servicios a los y las adolescentes como parte de la lucha contra la morbimortalidad materna, el embarazo no deseado y el VIH/Sida. Hay también un reconocimiento explícito a la contribución de las organizaciones de la sociedad civil en los programas de población y se señala la importancia de proporcionar apoyo al sector no gubernamental para reforzar su participación en la elaboración, ejecución y evaluación de programas y políticas de población.

A una década de la realización de la CIPD varios países están haciendo los balances correspondientes. Aquí en México se instaló un comité técnico para revisar los avances, el cual integran funcionarios de las instancias gubernamentales relacionadas con el tema y un grupo de organizaciones de la sociedad civil.

La influencia de esta importante conferencia es muy visible en las políticas de población del país desde 1995, sobre todo en el Programa Nacional de Población. Sin embargo, en estos diez años la jerarquía de la Iglesia católica se ha posicionado como actor político visible, cuyo discurso e influencia se manifiestan directamente contra la equidad de género y los derechos sexuales y reproductivos. Así, funcionarios y legisladores reciben constantes presiones para desplazar leyes y presupuestos que han frenado o reducido fuerza a los compromisos.

En virtud de la descentralización, de la diversidad cultural y de la pluralidad político-partidista, el apego a la agenda de El Cairo en las diferentes entidades es muy desigual. En los asuntos más controversiales el Distrito Federal ha cumplido con creces la agenda de la CIPD, sobre todo al buscar articular el papel de las mujeres con los derechos sociales, económicos y culturales. Se trata de una situación contradictoria porque si bien entre funcionarios y funcionarias la equidad de género no ha cambiado en el discurso, sí ha impactado sustancialmente algunos programas.

En el Distrito Federal está el único gabinete que cuenta con más mujeres que hombres en los más altos puestos de decisión. Las secretarías de Gobierno han impulsado becas y programas de crédito para madres solteras, y en el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal, además de dar servicios sicológicos y legales a víctimas de violencia, es el único programa que ha impulsado programas para prevenir la violencia dentro del noviazgo y para apoyar psicológicamente a adolescentes gay y a lesbianas.

En cuanto a garantizar servicios de aborto seguro y legal, como recomienda el Plan de Acción del CIPD, el único lugar del país que llevó a ejecución esta recomendación es el Distrito Federal con la aprobación, en enero de 2002, del decreto mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Distrito Federal y del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (ley Robles), que reglamentó los procedimientos para apoyar los derechos reproductivos de las mujeres y ofrecer servicios de aborto legal expedito y seguro.

La atención para quienes viven con VIH/Sida es muy satisfactoria en la ciudad de México, según la visión de las organizaciones civiles, y las campañas de prevención en VIH/Sida requerirían dirigir mayor esfuerzo a adolescentes, jóvenes y hombres que tienen sexo con otros hombres, principales víctimas de esta infección.

En la más cosmopolita y libre ciudad del país nos tenemos que sentir orgullosos de estos avances, pero también tenemos que exigir más congruencia con los derechos sexuales de todos y todas. El rechazo de las y los asambleístas del Distrito Federal a la Ley de Sociedades de Convivencia, la cual busca principalmente proteger los derechos patrimoniales de miembros de unidades familiares distintas al patrón nuclear o heterosexual, es un acto anticonstitucional (artículo 1Ɔ). Y aunque no es un acuerdo de la Conferencia de El Cairo, es un acto de discriminación que violenta los derechos humanos y contradice obligaciones que el Estado mexicano se ha comprometido a cumplir en ésa y otras conferencias internacionales.