Se basa en el artículo 7 de la ley del organismo

Según Hacienda, los contribuyentes pagarán $600 mil millones del IPAB

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

El último informe de finanzas públicas elaborado por la Secretaría de Hacienda, a septiembre de 2003, concluyó que los pasivos del Instituto para la Protección del Ahorro Bancario (IPAB) ascendieron a 812 mil 852 millones de pesos, de los cuales 595 mil 24 millones deberán ser pagados por los contribuyentes, como lo establece la ley del IPAB en su artículo séptimo transitorio, porque con excepción de los programas de capitalización y compra de cartera (PCCC), todas las demás obligaciones de ese organismo tendrán la garantía del Congreso federal.

Las operaciones del PCCC que a septiembre del año pasado ascendieron a 217 mil 628 millones de pesos, forman parte de las acciones más cuestionadas del rescate bancario. Una vez que el IPAB asumió la totalidad de los pasivos del Fobaproa y sólo fueron excluidos los créditos que en su momento le otorgaron al Fobaproa tanto el Banco de México como Nafin, ello no significa la disminución del costo para los contribuyentes porque esos quebrantos serán amortizados con recursos fiscales. El instituto nació con una deuda de 725 mil millones de pesos.

No obstante, las obligaciones asumidas por el gobierno federal con los banqueros abarcan los pagarés del Fobaproa o PCCC, un programa en el que sólo participaron Banamex, Bancomer, Bital y Banorte, y que a septiembre ascendieron a 217 mil 628 millones de pesos.

Los pagarés del Fobaproa son las obligaciones que adquirió el gobierno como resultado de la aplicación de los PCCC y de las operaciones de saneamiento e intervención bancaria que se llevaron a cabo durante el proceso del rescate bancario entre 1995 y 1998. Esos documentos fueron firmados por Martín Werner, entonces subsecretario de Hacienda, y por Jonathan Davis, tesorero de la Federación en ese momento y actual presidente de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), quienes pretendieron otorgar mediante esas firmas el aval del gobierno federal, pero no implica que el Congreso federal avale dicha deuda.

Mediante el artículo séptimo transitorio de la ley del IPAB se convirtieron en deuda pública -con el aval del Congreso- prácticamente todos los pasivos derivados del rescate bancario, con excepción de aquellos originados por los PCCC.

En la exposición de motivos de la Ley de Protección del Ahorro Bancario aprobada el 12 de diciembre de 1998, se estableció que los PCCC contravenían la Constitución: ''La asunción de las obligaciones solidarias en los contratos de compra de cartera, al igual que el aval otorgado en los pagarés que documentan tal compra de cartera, y las operaciones derivadas del programa de saneamiento financiero, se hicieron al margen de la Constitución''.

Por tal razón se estableció un mecanismo especial para cambiar o canjear esos pagarés de compra de cartera por pagarés IPAB, que -como el resto de los pasivos del IPAB- gozarían de la garantía del Congreso federal.

De esta forma, el artículo quinto transitorio de la ley del IPAB señala claramente el mecanismo y condiciones que se deben cumplir para el canje de pagarés Fobaproa por los nuevos pagarés IPAB.

El cumplimiento de este artículo y de sus auditorías es el ''mecanismo especial'' que el Congreso estableció como requisito para el canje de los pagarés Fobaproa por pagarés IPAB, de tal manera que de no cumplirse con dichas auditorías el Congreso no respaldará la deuda que tiene el IPAB originada en los pagarés de Fobaproa.

El hecho de que el mismo Michael Mackey señalara que su trabajo no podía ser considerado una auditoría es lo que ha originado que no se haya podido realizar el canje de pagarés y que continuamente surjan pronunciamientos para que las revisiones se lleven a cabo.

En el caso de los Bonos de Refinanciamiento, el monto de los mismos ascendió a 452 mil 663 millones de pesos hasta septiembre pasado. Como resultado del alto costo que representa el servicio de la deuda que generan sus pasivos al IPAB, incluyendo la sobretasa que actualmente paga, y los vencimientos que se le presentarán a futuro inmediato, el Ejecutivo federal propuso a la Cámara de Diputados, en la Ley de Ingresos para 2000, la posibilidad de que el IPAB pudiera emitir deuda mediante bonos, con el objeto de llevar a cabo operaciones de refinanciamiento de sus pasivos.

Lo anterior abre la posibilidad de que este mecanismo se constituya como la tercera fuente de financiamiento del rescate bancario, otorgándole a la deuda del instituto un tratamiento similar al del débito público. En otras palabras, podría convertir virtualmente, y al paso del tiempo, los pasivos del IPAB en deuda pública.

Por lo que hace al saneamiento y las liquidaciones, a septiembre la deuda por este concepto ascendió a 105 mil 441 millones de pesos. Esos programas buscaron solucionar los problemas de liquidez y descapitalización a través de aportaciones de capital contra la participación accionaria.

La CNBV asumió el control de las instituciones con problemas de liquidezy entre 1994 y 1998 intervino en 12. La primera fue el Banco Unión el primero de septiembre de 1994, y la última fue Banca Confía en agosto de 1997. Más tarde, en 1999 el IPAB tomaría el control de Serfin y Bancrecer.

Paralelamente se llevaron a cabo procesos de saneamiento de los bancos, que consistían en el otorgamiento de líneas de crédito para que pudiesen cumplir con sus obligaciones, ser rehabilitados y posteriormente vendidos. Los bancos que recibieron apoyos fueron: Serfin (79 mil millones de pesos), Atlántico (22 mil millones), Del Centro (19 mil millones), Promex (7 mil 800 millones), BBV (5 mil 900 millones), Santander (29 mil 500 millones), e Inverlat, cuyas inyecciones de capital fueron superiores a los 45 mil millones de pesos.

La CNBV mantuvo la intervención en los bancos en muchos casos por casi cinco años, y paradójicamente el IPAB asumió los pasivos de la banca intervenida sin tener el control de estas instituciones. Lo anterior elevó el costo fiscal del rescate bancario y permitió que los interventores ocultaran irregularidades.

El Informe Mackey hizo una fuerte crítica a esos programas, y concluyó: ''En general los costos de apoyar bancos en mal estado son mucho más altos que un cierre oportuno, así por ejemplo en el caso de un banco el costo inicial de recapitalización era de 11 mil millones de pesos en 1995, el banco no se cerró y su costo actual estimado por el Fobaproa es de 50 mil millones de pesos''