Se buscará en las mesas de negociación formas legales para no cumplimentarlas, indica la SG

Dictan auto de formal prisión a 20 habitantes de Tlalnepantla, Morelos

Marcha en el DF el concejo autónomo y acepta el diálogo, pero sin Estrada ni Osorio

LA JORNADA MORELOS, ALONSO URRUTIA Y MATILDE PEREZ U.

Cuernavaca, Mor., 22 de enero. La jueza penal Guillermina Jiménez Serafín dictó auto de formal prisión a 20 habitantes del municipio de Tlalnepantla, Morelos, por los delitos de asonada, motín y ataques a las vías generales de comunicación, derivado del enfrentamiento ocurrido la madrugada del 14 de enero durante el desalojo de la alcaldía de esa localidad.

En tanto, el jefe de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación (SG), Gonzalo Altamirano Dimas, dijo que aunque se hayan librado 20 órdenes de aprehensión contra habitantes de esa localidad, en las mesas de negociación se encontrarán los caminos legales para no cumplimentarlas y facilitar el diálogo.

En ese sentido, el procurador de Justicia de Morelos, Guillermo Tenorio Avila, expuso que aun cuando la dependencia cuenta con "algunas" órdenes de aprehensión, no se girarán más contra los líderes del movimiento, y reiteró que por órdenes directas del gobernador Sergio Estrada Cajigal, se prevé que la tregua sirva para alcanzar acuerdos entre ambas partes.

En cambio, el concejo popular autónomo de Tlalnepantla rechazó tajantemente la "tregua" anunciada ayer por el gobernador, y lo acusó de haber empleado un doble lenguaje en el conflicto, ya que un día antes del desalojo había prometido que promovería la desaparición de poderes en el municipio y no lo cumplió.

La madrugada de este jueves, la jueza Jiménez Serafín informó en la rejilla de prácticas a los 20 detenidos de los delitos por los cuales les dictó el auto de formal prisión, y aunque los absolvió del delito de asociación delictuosa, los procesados permanecen en el penal de máxima seguridad de Atlacholoaya, aunque podrán obtener su libertad bajo fianza, que la jueza fijó en 50 mil pesos para cada uno de ellos.

María Isabel Rodríguez Gómez, abogada de 19 de los reos, anunció que buscará por conducto de los legisladores locales reducir la fianza hasta 50 por ciento, debido a que los campesinos no tienen dinero.

La abogada, designada por la fracción del PRD en el Congreso local, indicó que su defensa no incluye a Marco Antonio Lazcano, identificado por la policía como quien aventó un tanque de gas a una patrulla que se incendió y que simpatiza con el alcalde de Tlalnepantla, el priísta Elías Osorio Torres.

De los habitantes detenidos, la jueza segunda penal sólo puso en libertad a Mateo Rodríguez Segura, Julio González Lima y a Víctor Juan Espíndola Rojas, y se confirmó también la liberación de dos jóvenes que estaban en el Consejo Tutelar para Menores.

En tanto, integrantes del concejo popular autónomo de Tlalnepantla rechazaron la tregua planteada por Estrada Cajigal, pues, recordaron, el martes 13 de enero, un día antes del desalojo de la presidencia municipal, el mandatario había prometido que desaparecería los poderes, sin embargo, al día siguiente los desalojó.

Tras calificar las declaraciones del gobernador de ambiguas y poco creíbles, los integrantes de la Comisión de Barrios y Poblados y del concejo popular autónomo de Tlalnepantla en el exilio, afirmaron que sí se sentarán a negociar en la ciudad de México con la comisión de legisladores federales y de la Secretaría de Gobernación, pero "nunca con el señor Elías Osorio Torres".

De su lado, el Congreso local acordó que los gobiernos federal y estatal convoquen a las partes en conflicto para restablecer la mesa de diálogo, y que las comisiones especiales de legisladores de las cámaras de ambas instancias trabajen conjuntamente en la investigación sobre los hechos violentos para que se deslinden responsabilidades.

Sin embargo, el líder de la bancada del PRD, Guillermo López Ruvalcaba, consideró que para reiniciar el diálogo es indispensable la liberación de los presos "políticos" que recibieron el auto de formal prisión, así como la renuncia del secretario de Gobierno, Eduardo Becerra Pérez, por ser el responsable de la represión policiaca. "O renuncia o le iniciamos juicio político", advirtió.

En la ciudad de México, la Secretaría de Gobernación consideró que la tregua propuesta por el gobierno de Morelos, para no detener a los inconformes de Tlalnepantla, podrá favorecer la distensión de la zona y posibilitará encontrar salidas al conflicto mediante el diálogo.

Reiteró que la solución a este problema, cuyo origen es electoral, compete exclusivamente a los morelenses.

Al dar a conocer este pronunciamiento de la dependencia, el jefe de la Unidad de Gobierno, Gonzalo Altamirano Dimas, dijo que tendrá que ser en las mesas de diálogo donde se discuta la situación de los detenidos.

"El hecho de que no se ejecuten órdenes de aprehensión, que no se aprehendan a más personas, dará pauta para que se hagan revisiones mesuradas de los procesos que se siguen", afirmó.

En el análisis afirmó que con el objetivo de que puedan obtener su libertad los detenidos, deberá revisarse que no estén acusados de delitos graves y así, "con el ánimo de solucionar el problema, puedan obtener su libertad la mayoría de ellos".

Sin embargo, Altamirano Dimas sostuvo que el gobierno federal coincide con la postura asumida por la administración del gobernador Sergio Estrada Cajigal, en el sentido de "rechazar que grupos de agitación, o que quieren provocar violencia" (como llamó a los miembros del Consejo General de Huelga de la UNAM y a campesinos de San Salvador Atenco), a quienes se "desarmó" el domingo pasado cuando pretendían ingresar al municipio "porque no pueden actuar impunemente".

Altamirano Dimas acusó a estos grupos de no querer una salida pacífica al conflicto, por el contrario, "algunos de ellos querían atizarlo, por eso fue buena la actuación del gobierno del estado". Ojalá -dijo en alusión al Gobierno del Distrito Federal- otras entidades sigan este camino, con el propósito de que se eviten que grupos externos se trasladen a sus estados a "atizar los conflictos".

La posición del gobierno, añadió, es llamar a estos movimientos a que se conduzcan por los cauces de la ley, pero cuando en algunos casos no lo hacen, como el domingo en Morelos, "hay que actuar con energía y con apego a la ley".

En tanto, el consejo popular autónomo y la Comisión de Barrios y Pueblos de Tlalnepantla refrendaron su demanda sobre la instalación de una mesa de diálogo con el gobierno federal en la ciudad de México; la liberación de 20 pobladores detenidos, y la salida inmediata de la policía estatal del municipio. Pero, puntualizaron, "no queremos que en el diálogo participe Elías Osorio Torres (el alcalde priísta), ni el gobernador Sergio Estrada Cajigal".

La demanda de dicho concejo fue apoyada por las cerca de 2 mil personas de la Central Unitaria de Trabajadores, Frente Popular Francisco Villa, San Salvador Atenco y Comité General de Huelga, que participaron en la marcha que la tarde de ayer partió del Angel de la Independencia hacia la Secretaría de Gobernación.

Estrechamente vigilados por los cuerpos policiacos, los manifestantes exigieron que cese la represión en el municipio morelense, así como que se someta a juicio político al gobernador de la entidad.

Las peticiones del concejo popular autónomo y de la Comisión de Barrios de los Pueblos de Tlalnepantla fueron negadas por la Secretaría de Gobernación, pues en el gobierno de Morelos ya está instalada dicha mesa y, además, es un asunto estatal. Respecto a la salida de los cuerpos policiacos asentó que su presencia garantiza la seguridad de las partes en conflicto.

Las demandas del concejo y Comisión de Barrios de Tlalnepantla fueron presentadas por una comisión de 12 personas de las organizaciones que asistieron a la marcha, pero en la que no participó ningún integrante de Tlalnepantla.

Con los machetes en alto, los pobladores de San Salvador Atenco repudiaron la actuación del gobernador Sergio Estrada Cajigal, y no dejaron de señalarlo como responsable de la muerte de Gregorio Sánchez Mercado.

En el mitin, Alfredo Lima, integrante del concejo popular autónomo y uno de los refugiados en la ciudad de México, aseguró que en Tlalnepantla continúa la violación a las garantías individuales de los habitantes que se oponen al alcalde priísta.

Urgieron al secretario de Gobernación, Santiago Creel, a iniciar el diálogo en el Palacio Legislativo de San Lázaro, para restablecer la gobernabilidad en el municipio. Pidieron la participación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y de la comisión plural de senadores y diputados que fue designada en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, además de analistas políticos invitados por el concejo popular autónomo.

Agregó que en ese diálogo deberán atenderse los siguientes puntos: libertad de los 20 detenidos; retiro inmediato de la fuerza pública del municipio; reconocimiento a la autonomía y libre autodeterminación del pueblo de Tlalnepantla; indemnización a los familiares de Gregorio Sánchez, así como a las familias que tuvieron que abandonar sus casas y siembras de nopal.

Alfredo Lima y Benyosef Laguna denunciaron que gente de Elías Osorio llegó a preguntar por ellos en Santa Ana y San Lorenzo, Milpa Alta, además de que los vigilan desde vehiculos particulares. Agregaron que hasta ayer ningún diputado o senador se había comunicado con ellos para conocer de la situación que hay en su municipio.

La comisión de las 12 personas de las organizaciones que marcharon ayer y que fueron recibidas por el director de Atención Ciudadana de la SG, Apolonio Méndez, advirtieron que radicalizarán sus acciones ante la negativa de las autoridades federales a atender las demandas del concejo popular autónomo de Tlalnepantla.