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México D.F. Jueves 12 de febrero de 2004
La mayor parte de su patrimonio fue "donado" a los Legionarios de Cristo en Torreón
Desoyen en Zacatecas reclamos de justicia en el caso de despojo a dueños de librería
JOSE GALAN
A pesar de los constantes reclamos de justicia, en Zacatecas se ha permitido el despojo del patrimonio de la familia Ríos Treto, propietaria de la librería Piedra Angular, que a lo largo de cuatro años ha procurado recuperar mobiliario y 72 cajas de libros, 62 de las cuales fueron supuestamente "donadas" por responsables del despojo a la orden religiosa Legionarios de Cristo, en Torreón, Coahuila.
Ni siquiera el gobernador del estado, Ricardo Monreal Avila, ha respondido positivamente a las peticiones de justicia de la familia, que ha visto desaparecer su patrimonio construido a lo largo de 40 años, en un caso en el que han intervenido la Procuraduría General de Justicia del estado, tres jueces del Poder Judicial estatal y el Tribunal Superior de Justicia de Zacatecas, sin que hasta el momento se haya hecho justicia.
El caso comenzó el 28 de noviembre de 1999, cuando María Alma Ríos Treto debió desalojar el local de la librería y aceptó la invitación de Angel Ibarra Romero, propietario del restaurante San Agustín, en la calle Doctor Hierro, número 404-C, en la capital zacatecana, para guardar allí las 72 cajas de libros, anaqueles, mobiliario e inclusive equipo profesional de cocina. Allí se organizó, días más tarde, una exposición temporal de objetos y pinturas, pero el encargado de la misma, Jorge Armando Viveros, se percató al llegar al local que se había cambiado la cerradura.
Rafael Vázquez Castillo, administrador del local por parte de la compañía Promotora Piva, arrendadora del local y propiedad de Jesús Piña Raigosa, explicó que el local había cerrado, con todos los objetos en su interior, porque Angel Ibarra Romero debía cerca de cinco meses de renta, es decir, alrededor de 50 mil pesos. A pesar de que en su interior se encontraban los bienes de la librería, ajenos a Ibarra Romero, los representantes de la compañía advirtieron a María Alma Ríos Treto que debía tratar con su representante legal, Enrique Alejandro Cervín Reyes. Y empezaron los problemas.
A principios de febrero de 2000 se interpuso ante la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas la primera de varias denuncias por robo y despojo bajo el expediente 123/III/2000. Pero la procuaraduría, entonces a cargo de Aquiles González Navarro, no giró órdenes de aseguramiento de los bienes, y se limitó a realizar un peritaje parcial sobre el valor de los objetos de la librería por 100 mil pesos, la mitad de valor en que peritajes externos tasaron esos bienes.
Aunque los objetos de la librería no pertenecían al deudor, Cervín Reyes, Rafael Vázquez Castillo y Jesús Piña Raigosa se apoderaron de los mismos y los enajenaron, aun cuando no existía ningún juicio mercantil para recuperar la deuda contraída por Ibarra Romero, sin que el Ministerio Público les fincara responsabilidad alguna.
Esto dio pie a otra denuncia por robo y despojo, bajo el expediente 840/II/2001, en la que las autoridades estatales sólo encontraron responsabilidad contra Cervín Torres, y en la que se repitieron los mismos errores y omisiones que en la primera denuncia. Es más, el Ministerio Público no solicitó que se acumularan los expedientes relacionados con el mismo delito, y dejó sin seguimiento la línea de investigación sobre el probable delito de usurpación de funciones de Cervín Reyes, quien a la sazón carecía de la licencia de abogado litigante.
A pesar de las irregularidades, el juez Oscar Aguayo Medrano negó la orden de aprehensión en contra de Cervín Reyes, quien inclusive en sus declaraciones ministeriales cayó en contradicciones, que no fueron tomadas en cuenta por el juzgador. Fue la segunda sala penal del Tribunal Superior de Justicia del estado la que revirtió la situación, girando la orden de aprehensión. Una vez detenido, Cervín Reyes presentó en su descargo un recibo aparentemente alterado con el que pretendió probar que los libros se le entregaron en "dación de pago". No se tomó en cuenta, y el periodo de presentación de pruebas fue reducido inexplicablemente, lo que impidió a los afectados, que no habían sido notificados, solicitar en tiempo y forma un peritaje grafoscópico.
Así las cosas, Rafael Vázquez Castillo, administrador del local, afirmó que 62 de las 72 cajas de libros fueron donadas a los Legionarios de Cristo, en Torreón, Coahuila. Y la familia Ríos Treto busca aún recuperar su patrimonio familiar, pero sin avanzar en la maraña de intereses creados "en una sociedad tan vinculada económica y familiarmente como la de Zacatecas. El hecho es que no hay justicia".
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