La Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó ayer la realización de una auditoría a la Presidencia de la República a fin de comprobar que desde esa alta instancia no se están desviando recursos a la fundación Vamos México, que preside Marta Sahagún, esposa del titular del Ejecutivo. La iniciativa es pertinente, necesaria y justificada, habida cuenta de los numerosos indicios que sugieren un subsidio ilegal, desde Los Pinos, a la organización supuestamente caritativa de Sahagún de Fox.

Si la fundación de la esposa del mandatario fuera realmente lo que dice ser, una entidad de beneficencia privada creada para "ayudar a combatir la pobreza y satisfacer las necesidades de desarrollo de nuestros hermanos indígenas, personas con discapacidad, de la tercera edad, familiares de migrantes, y mujeres, niñas y niños que viven en pobreza extrema", no habría justificación alguna para que se sirviera de los recursos -personal, instalaciones, infraestructura o dineros- de la Presidencia de la República. Por eso, y ante la falta de transparencia con que se han conducido la oficina presidencial y la propia Marta Sahagún, es impostergable que la Auditoría Superior de la Federación establezca si ha habido, o no, desvíos de esta clase.

Si el resultado de la investigación fuera positivo, sería indispensable actuar conforme a derecho y establecer las sanciones procedentes a quienes hubieran participado en una malversación de recursos públicos a favor de Vamos México; si, por el contrario, se concluyera que la Presidencia se ha mantenido completamente ajena a los afanes benefactores o propagandísticos de la fundación, ello permitiría despejar las sospechas y restaurar la credibilidad del Presidente y sus colaboradores más cercanos, por un lado, y la de Marta Sahagún de Fox y de su organización, por el otro. En cualquiera de los escenarios, la salud de la República, los principios de transparencia y rendición de cuentas y la división efectiva de poderes saldrán fortalecidos del episodio. Es deplorable, con todo, que el pretendido gobierno "del cambio", que hizo de la transparencia una de sus banderas principales, no haya sido capaz de adoptar ese atributo ante la dudosa operación de Vamos México desde la casa presidencial.

No puede omitirse que esa falta de claridad con que se maneja la pareja presidencial no sólo despierta suspicacias por los quebrantos a la ley que implicaría, de haberlo, un financiamiento furtivo desde Los Pinos a la fundación privada. La opinión pública sospecha, además, que el propósito verdadero y final de esa organización no es tanto ayudar "a quienes más lo necesitan", cuanto colocar a su principal dirigente como candidata presidencial. Al margen del debate sobre la viabilidad estrictamente jurídica de una alternancia conyugal en el Ejecutivo federal, la mayor parte de la sociedad y de la clase política -incluidas voces representativas de la dirigencia panista- han subrayado que el no desmentido afán de Sahagún de Fox de construir, desde Los Pinos, su propia candidatura, resulta contrario a la ética y a la civilidad.

La presidenta de Vamos México quiere ser, simplemente, la presidenta de México, y para justificar su empeño y descalificar los señalamientos críticos echa mano de argumentos de género, y hace como que no entiende que lo cuestionable de su ambición no reside en su condición de mujer, sino en su carácter de esposa del mandatario en funciones. Por desgracia, el intento de sucesión conyugal en Los Pinos no puede despejarse mediante una auditoría como la que ayer ordenó la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. Tendrá que ser la ciudadanía la que, tarde o temprano, le haga comprender a Marta Sahagún de Fox que la obsesión por colocarse en el cargo que detenta su marido es contraria al decoro, al civismo y a las normas elementales del espíritu republicano.