"¡Ineficiente, evasor, empecinado!", dicen legisladores al secretario

Gil Díaz corrige a Fox: descarta despido masivo

Menosprecia el titular de Hacienda opinión de Ortiz sobre Bancomer

ROBERTO GARDUÑO Y ENRIQUE MENDEZ

Legisladores federales exigieron al presidente Vicente Fox y al titular de Hacienda, Francisco Gil Díaz, terminar con la "perversa campaña de terror" contra 50 mil familias de empleados públicos amenazados con el despido. La respuesta del secretario contradijo los anuncios emitidos por el mismo jefe del Ejecutivo en torno a posibles recortes, y resaltó que el adelgazamiento de la planta laboral del gobierno será producto del programa de retiro voluntario.

En la reunión realizada en el Salón Verde del Palacio Legislativo de San Lázaro se repitió la obsolescencia de las comparencias de funcionarios públicos: por una parte, los diputados y senadores elaboraron preguntas sobre la venta de las acciones de Bancomer al grupo español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y otras ligadas al cumplimiento del artículo 30 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).

Por otra parte, respuestas del funcionario que no llenaron las demandas de sus interlocutores, que reaccionaron con enojo y le increparon: "¡Usted miente, ineficiente, evasor, empecinado, cara larga!"

Aquellos calificativos fueron una reacción al tono que dio el secretario Gil Díaz a sus respuestas. Inmutable, sin perder de vista el frente del salón y sin mirar a aquellos que le replicaban, el funcionario también rechazó que el Ejecutivo federal prepare una controversia constitucional con intención de detener los efectos del artículo 30 del PEF, que obliga a emprender un programa de austeridad mediante la reducción de la llamada alta burocracia.

En la presentación de sus argumentos, el secretario hizo un recuento de los ahorros del gobierno foxista entre 2001 y 2003. Para el presente, y con objeto de cumplir los lineamientos impuestos por el Congreso en el terreno de la austeridad, Gil Díaz expuso que "155 dependencias y organismos lograrán ahorros por aproximadamente 2 mil millones de pesos este año".

Los argumentos del titular de Hacienda fueron poco convincentes para la mayoría de las personas que se encontraban en el salón. El diputado priísta Heliodoro Díaz acusó al Ejecutivo de manipular el PEF con fines mediáticos: "Lo usa como excluyente de responsabilidad ante la parálisis de la administración foxista, que se sustenta en un modelo económico agotado, en una política neoliberal que sólo ha servido para empobrecer a los pobres y enriquecer a los ricos".

No obstante, mientras el oaxaqueño espetaba con enojo sus opiniones, se escuchó un reclamo: "Ustedes fueron los que implantaron ese programa económico; acuérdense de Miguel de la Madrid y Carlos Salinas".

El diputado Díaz no se inmutó y calificó de "irracional" la pretensión gubernamental de despedir a 50 mil trabajadores de la administración federal.

"Con gran desparpajo se habla de echar a la calle a 50 mil servidores públicos de bajos ingresos, sin reparar que el gobierno ofreció crear un millón 300 mil empleos anuales, y no se ven por ningún lado. Y lo más grave: el Presidente de la República con estos despidos tergiversa dolosamente las orientaciones fiscales del Poder Legislativo."

Minutos después el panista Miguel Angel Toscano, en el papel de defensor del gobierno, sostuvo que su partido efectivamente aprobó el artículo 30 del PEF, pero "es posible que a juicio del Ejecutivo pudiera tener vicios de inconstitucionalidad; en estos tiempos no sólo están los poderes Ejecutivo y Legislativo. Será el Judicial el que tendrá la última palabra, y nosotros acataremos".

El tono se endureció con la perredista Minerva Hernández, quien resaltó el "menosprecio" del Presidente de la República al Congreso federal: "Pretendiendo un despido masivo de trabajadores de base y dejando intactas percepciones y canonjías que disfruta exclusivamente la alta burocracia de este país. No nos quiere informar qué va a hacer con los 2 mil 136 millones de pesos que pretende erogar por concepto de servicios de asesoría y consultoría. Mucho menos cuantifica el impacto que tendrán estas medidas en las finanzas públicas".

La respuesta del funcionario a esas interrogantes fue escueta. Expuso que no habrá los 50 mil ceses que el Presidente anunció en enero pasado, y las plazas que desaparecerán o congelarán serán aquellas que ingresen al programa de retiro voluntario. "En ningún lugar del presupuesto dice que habrá despidos", expresó.

En torno a la multicitada controversia constitucional, Gil Díaz aclaró: "El Ejecutivo no va a interponer ese recurso ante los mandatos del Congreso de la Unión, se van a acatar las instrucciones del PEF".

El diputado Juan Molinar Horcasitas, ex vocero nacional panista, subió a la tribuna para afrontar otra vez los ataques contra la administración de Vicente Fox. Con un tono más de servicio a los intereses del gobierno, el también panista Miguel Angel Toscano defendió a Gil Díaz: "Ya quisieran muchos países tener un secretario de Hacienda como el que tenemos. Ya quisieran muchos secretarios de finanzas estatales parecerse tantito. Mándeles, señor secretario, un manual de austeridad a los gobiernos locales, a ver si así pueden aprender algo".

Pero fue Guillermo Huízar, del PRD, quien calificó de "vacilada" el informe que presentó el secretario, porque no incluyó cifras ni detalló el impacto de las medidas en los distintos sectores del país. Fue entonces cuando el funcionario se trompicó porque dijo a los legisladores del sol azteca que él ya había enviado desde el lunes las tablas con los números exactos de los ahorros.

Quien provocó que saliera a la luz que el dicho de Gil no era cierto fue el petista Oscar González Yáñez, quien primero acusó al equipo de trabajo foxista de ser "el gabinete Montessori, y no porque sean muy inteligentes y estudiosos, sino porque los hacen muy autónomos y ya como funcionarios hacen lo que les da la gana".

Prosiguió: "Le pedimos por favor que le diga al Presidente que deje de hacer manifestación perversa de que gracias a los diputados se van a perder 50 mil empleos, a menos que el mandatario también haya ido a la escuela Montessori y no le haga caso a usted ni a sus consejeros".

El caso Bancomer

Gil también Díaz escuchó reclamos de la perredista Minerva Hernández, quien le recriminó que en poco más de una semana aprobara la venta de Bancomer.

Su compañera de bancada, Dolores Padierna, había denunciado antes que el gobierno federal no cobraría impuestos a los adquirientes españoles, y recordó las implicaciones de esa operación.

"Queremos simplemente decir en relación con el BBVA que la oferta que hace, y que usted autoriza, está violando la Ley de Instituciones de Crédito, que obliga a la opinión favorable de las tres autoridades en el ramo: Hacienda, comisión bancaria y Banco de México.

"Hasta ahora no hay opinión favorable por lo menos del Banco de México, y usted ya anunció la autorización de venta en 4 mil 100 millones de dólares. ¡Si tan sólo hay un pagaré de 6 mil 200 millones de dólares!".

Con su estilo, Gil Díaz replicó: "Señora, la ley no obliga y de hecho no faculta al Banco de México a opinar sobre la materia (la venta de Bancomer). Aun así consulté con la junta de gobierno, y lo que le preocupa a la junta de gobierno está plenamente satisfecho".