El video divulgado anteayer, en el que se observa al presidente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), senador Jorge Emilio González Martínez, negociando un soborno de dos millones de dólares, así como el subsiguiente escándalo, ponen de manifiesto diversas facetas, todas deplorables, de la vida política nacional.

Por principio de cuentas, la manifiesta utilización que hace González Martínez de su curul y de su partido para obtener ganancias económicas ilícitas es indignante, inadmisible y merecedora de las sanciones legales que correspondan, previo el desafuero respectivo. Pero es pertinente señalar también que el intento del llamado Niño Verde por embolsarse 2 millones de dólares de manera fácil, ilegal e inmoral, no hace más que confirmar, de manera escandalosa, la percepción popular de que el PVEM es una lucrativa empresa familiar disfrazada de partido y que la franquicia local del ecologismo -corriente política respetable y valiosa en el ámbito internacional- no está gobernada por una propuesta política definida, por una ideología particular o por un marco ético, sino por el afán de sus dirigentes de obtener posiciones de poder y de beneficiarse con los más que generosos subsidios estatales. En esta lógica, el PVEM de los González Torres y de los González Martínez puede aliarse un día con el Partido de la Revolución Democrática, amanecer al siguiente con el corazón cercano a Acción Nacional y más tarde hacer negocios electorales con el priísmo.

Esta observación no sólo es válida para el Verde Ecologista, sino también para una constelación de institutos pretendidamente políticos que son, en realidad, aventuras para la obtención de puestos, cargos, recursos oficiales y bienes materiales diversos. En esa lógica, González Martínez, sin carrera política y sin más mérito que el de ser hijo de su papá, llegó a ocupar, en la legislatura antepasada, la presidencia de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la Cámara de Diputados, dato que pone de manifiesto las distorsiones a la democracia que suelen generar las patentes partidarias a grupos sin banderas, sin plataforma y sin un proyecto específico de nación.

Otra percepción generalizada en la sociedad es que las corruptelas del Niño Verde, evidenciadas en el video de marras, no son sino la punta del iceberg de un conjunto de prácticas corruptas y delictivas en el que participa una porción de la clase política -en sus diversas expresiones: gobernantes, cogobernantes y opositores, funcionarios de los tres niveles de gobierno y de los tres poderes- que no se agota en los González Martínez o los Belsasso. Por ello, el activo intento del presidente del PVEM de ser beneficiado con un soborno constituye un golpe demoledor a la credibilidad de los políticos, de la política y de las instituciones.

Pero esta cadena de descrédito, desgaste y desaliento no se agota en el ensayo de corrupción de dicho personaje. Desde otro punto de vista, el video referido es prueba irrefutable de la comisión de otro delito, el de espionaje, y pone en evidencia que esa práctica ilegal realizada con propósitos de golpeteo político sigue siendo una realidad infame en el país del "cambio". Quienes espiaron a González Martínez -por confesión propia, disidentes del PVEM- pudieron haber actuado en forma independiente, pero el propio Niño Verde formuló un señalamiento que no puede pasarse por alto en contra de la Secretaría de Gobernación y la Presidencia de la República por haber participado en la grabación y la difusión del video acusador. Omar Núñez, empleado del partido, acusó a su vez a Sebastián Carducci y a Santiago León Aveleyra, disidentes del Verde Ecologista, de haber actuado en acuerdo con el secretario de Gobernación, Santiago Creel Miranda. Para ello, Núñez exhibió una conversación telefónica con esos dos opositores internos de González Martínez. Resulta difícil, en medio de semejantes baños de fango, discernir cuál de los bandos en disputa por el registro del PVEM ha actuado en forma más inmoral e inescrupulosa. Pero resulta obligado, al mismo tiempo, exigir al Ejecutivo federal y a la Secretaría de Gobernación una explicación exhaustiva de su papel en la mefítica crisis por la que atraviesa esa organización.

La tarea de limpieza, moralización y depuración que se requiere ante este encabalgamiento de escándalos será enorme y prolongada, pero indispensable si se pretende restituir algo de la credibilidad de los políticos en este país. En primer término, resulta obligado esclarecer hasta dónde llegaron, en la corrupta maniobra propuesta en el video, el propio González Martínez, los empresarios Luis Lara y Francisco de Paula León, el disidente ecologista Santiago León Aveleyra, así como los funcionarios del municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, Juan Ignacio García Salvidea y Julio Rodríguez. Es preciso, asimismo, iniciar las acciones penales que correspondan en contra de los involucrados en semejante tráfico de influencias. Pero para que esas gestiones resulten mínimamente verosímiles es necesario también indagar la posible participación de funcionarios gubernamentales, sea cual fuere su nivel, en el bochornoso e indignante episodio. Pero, más allá de posibles culpas penales, al conjunto de la clase política nacional le corresponde la enorme responsabilidad moral de haber permitido, por medio de alianzas, cálculos pragmáticos e inmorales y negociaciones electoreras, que los grupos que se disputan el PVEM hayan llegado a tener protagonismo en las maltrechas instituciones del país.